La venta de terrenos del CEA crea fricción entre
Inazúcar y Hacienda, mientras compradores aseguran que tienen que pagar
sobornos a funcionarios del CEA para comprar las tierras. Los campesinos, a su
vez, dicen que se ofertan a privilegiados "a precio de vaca muerta".
La región Este del país, codiciada por su potencial turístico, arrastra desde
hace tiempo las consecuencias de una distribución irregular de las tierras, que
se manifiesta en constantes demandas judiciales y en enfrentamientos personales
que han terminado con la vida de varias personas.En la actualidad, la zona está enfrascada en el detonante que se origina por las ventas y/o arrendamientos que hace el Estado, a través de Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y que las comunidades califican de injustas y parcializadas, y denuncian que se hacen para favorecer a grupos empresariales y sectores ligados al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Los enfrentamientos han traspasado el ámbito comunitario y se evidencia entre instancias estatales. Una carta del ex director ejecutivo del Instituto Azucarero Dominicano (Inazúcar), Faustino Jiménez, al vice ministro de Hacienda, Julio Fernández Javier, muestra las fricciones entre las entes gubernamentales.
En la misiva fechada en junio pasado, Jiménez cuestiona las críticas formuladas por Fernández Javier a la postura del Inazúcar durante una sesión del Consejo de Directores del CEA, y le hace algunas precisiones. "Si mal no recuerdo, entendemos que fue la primera ocasión en la que asiste usted a ese Consejo... por lo tanto, su papel en ese organismo no es el de criticar posiciones de uno u otro miembro; sobre todo cuando las mismas están sustentadas en la defensa del patrimonio del CEA. Y menos aún, cuando usted no sabe ni conoce en qué terreno se está moviendo".
Jiménez, destituido del cargo dos meses después de la carta, agrega que "habría sido mucho más conveniente para usted mismo, y para el Señor Ministro que representa, el que se dedique a estudiar lo que está pasando alrededor del patrimonio del CEA y de manera muy especial lo que había estado sucediendo previamente con el "Contrato de Arrendamiento" entre el Consejo Estatal del Azúcar y la "empresa" INVERSIONES NACARIS S.R.L. Ese contrato llega al Consejo precedido de acciones inaceptables por un organismo que se respete y que tenga por norma la transparencia en sus decisiones y la defensa del patrimonio de la entidad que dirige". Jiménez duró unos once años al frente del Inazúcar.
El conflicto por el supuesto arrendamiento de parte del pasado director del CEA, Frank Matos, de las mismas zonas cañeras a grupos empresariales distintos, incluidos Inversiones Nacaris y Azucarera Porvenir, está en la actualidad dilucidándose en los tribunales, pero mientras, las comunidades de los bateyes próximos a los terrenos ubicados en San Pedro, Hato Mayor y El Seibo sufren las consecuencias.
"Esto nos afecta a nosotros porque no estamos trabajando... Los que están con los españoles (Azucarera Porvenir) no pueden trabajar", comenta el agricultor Héctor Ramírez Mercedes, residente en Haití Mejía, en San Pedro.
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A él le hirieron un hermano cuando el pasado 17 de julio se produjo un enfrentamiento entre personas que trabajaban en unos terrenos y unos guardias que intentaban impedírselo. En el suceso murieron Alexis Cayetano, de 45 años, y el sargento de la Policía Nacional. Orlando de los Santos, y dos personas más resultaron heridas de bala. Desde entonces, la comunidad, igual que otros bateyes aledaños, se mantiene militarizada y los campesinos atemorizados.
"La situación es que esta mañana íbamos a bombear y los militares tenían
orden de que no entrara el camión de los españoles con el gasoil, pero después
vino el jefe de ellos y lo dejaron entrar. Ayer estaban limpiando el frente (de
las casas) y dieron orden de que no se recogiera la basura, y creo que es una
gran cosa limpiar el batey, pues esa basura no es de nadie", cuenta
Porfirio Santana, quien dice ser el Superintendente de la Colonia, en Mata de
Palma.
"Ese gasoil viene de Azucarera Porvenir, pero no importa de dónde venga, eso es para sacar el agua de la comunidad", se queja Cristino de la Rosa, que además hace un llamado a su partido, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues asegura que el comité de base que preside, se está "yendo abajo" y perdiendo simpatizantes, por el conflicto. En los bateyes Margarita, Euskarduna, Cañada de Agua, AB4, las denuncias son similares.
Venta, invasión y Sobornos
En la localidad de Magarín, entre Hato Mayor y El Seibo, los problemas se originan por las ventas e invasiones de los terrenos. Domingo Laureano preside la Asociación de Campesinos Emiliano Rodríguez, compuesta -según dice- de unos 300 miembros.
Entre ellos decidieron invadir unas 4 mil tareas de tierras, de un total de 9 mil que tiene el CEA en Magarín, y que las estaría vendiendo a precios subvaluados a personas ligadas al Gobierno. Justifica la invasión en que la misma procura impedir que dejen a los campesinos sin un pedazo de tierra para cultivo.
De los compradores, Laureano menciona varios nombres, entre los que destacan el de José Romero, que habría revendido a un coronel de nombre Joel Santana. También a Víctor Papaterra, entre otros, que aseguran adquirieron la tierra a precio de vaca muerta, a razón de RD$1,500 y RD$2,000 la tarea (unos RD$3 el metro) que estima vale más de RD$20 mil.
Uno de los nuevos adquirentes aceptó hablar con DL con la promesa de que "no menciones mi nombre, que empiezan esa gente ´a joder la pita". Asegura que compró las tierras a razón de RD$8 mil la tarea (unos RD$12 el metro), hace como un año y que antes y después de él muchos más han comprado en el lugar pedazos de 200 y 300 tareas. "Dijeron que están vendiendo, apliqué y compré. Tú sabes, que hay que pagar su peaje, si no es así, no entra. Eso es así..."
Él acaba de recibir una carta fechada del 23-11-2011 con la que el CEA le pide pasar por la Dirección de Ganadería y Bueyada (Ceagana) con la documentación que le acredite la posesión de los terrenos. Dicha carta se está enviando a personas que tienen tierras en cantidades mayores a la que habrían comprado al CEA, o aquellos de los que no se tienen claras las transacciones, según informó un empleado de la entidad. Pero para el comprador que habló con DL, las razones son otras. "Lo piden porque esos directores empezaron nuevos. Para ver los papeles y también para sacarle cuarto a uno, y por mí que se lo cojan, porque yo no tengo un peso más para darle, yo he gastado mucho dinero con esa gente".
En San Pedro, el conflicto es por las tierras urbanas del Ingenio Porvenir que, según Danny Sánchez, abogado, sólo ha beneficiado a los funcionarios del Gobierno.
Juan Bautista Martínez, presidente de la Junta de Vecinos Esfuerzo y Voluntad del barrio 30 de Mayo de Porvenir, muestra las tierras delimitadas por empalizadas y muros de concreto, donde antes funcionaba el área de Transportación del ingenio y por la que la comunidad lleva años luchando porque se les entreguen para construir allí una escuela y un centro tecnológico, que supuestamente ya están aprobados por el Ministerio de Educación y el Despacho de la Primera Dama.
No obstante, ve con indignación que en ese mismo lugar ya marcaron sus pedazos, según señala "José Domínguez, administrador del Ingenio Porvenir por El CEA; Carlos López, subdirector de los comedores económicos, los hijos del diputado Leoncio Sandoval, y personas muy allegadas al doctor Mariano Morla, que era el encargado de inmobiliaria del CEA, y allegados a Raúl Custodio".
La jueza suplente de la Jurisdicción Inmobiliaria de San Pedro de Macorís, Keila González, dice que ahí los conflictos son por tierras del CEA.
"Ese gasoil viene de Azucarera Porvenir, pero no importa de dónde venga, eso es para sacar el agua de la comunidad", se queja Cristino de la Rosa, que además hace un llamado a su partido, el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues asegura que el comité de base que preside, se está "yendo abajo" y perdiendo simpatizantes, por el conflicto. En los bateyes Margarita, Euskarduna, Cañada de Agua, AB4, las denuncias son similares.
Venta, invasión y Sobornos
En la localidad de Magarín, entre Hato Mayor y El Seibo, los problemas se originan por las ventas e invasiones de los terrenos. Domingo Laureano preside la Asociación de Campesinos Emiliano Rodríguez, compuesta -según dice- de unos 300 miembros.
Entre ellos decidieron invadir unas 4 mil tareas de tierras, de un total de 9 mil que tiene el CEA en Magarín, y que las estaría vendiendo a precios subvaluados a personas ligadas al Gobierno. Justifica la invasión en que la misma procura impedir que dejen a los campesinos sin un pedazo de tierra para cultivo.
De los compradores, Laureano menciona varios nombres, entre los que destacan el de José Romero, que habría revendido a un coronel de nombre Joel Santana. También a Víctor Papaterra, entre otros, que aseguran adquirieron la tierra a precio de vaca muerta, a razón de RD$1,500 y RD$2,000 la tarea (unos RD$3 el metro) que estima vale más de RD$20 mil.
Uno de los nuevos adquirentes aceptó hablar con DL con la promesa de que "no menciones mi nombre, que empiezan esa gente ´a joder la pita". Asegura que compró las tierras a razón de RD$8 mil la tarea (unos RD$12 el metro), hace como un año y que antes y después de él muchos más han comprado en el lugar pedazos de 200 y 300 tareas. "Dijeron que están vendiendo, apliqué y compré. Tú sabes, que hay que pagar su peaje, si no es así, no entra. Eso es así..."
Él acaba de recibir una carta fechada del 23-11-2011 con la que el CEA le pide pasar por la Dirección de Ganadería y Bueyada (Ceagana) con la documentación que le acredite la posesión de los terrenos. Dicha carta se está enviando a personas que tienen tierras en cantidades mayores a la que habrían comprado al CEA, o aquellos de los que no se tienen claras las transacciones, según informó un empleado de la entidad. Pero para el comprador que habló con DL, las razones son otras. "Lo piden porque esos directores empezaron nuevos. Para ver los papeles y también para sacarle cuarto a uno, y por mí que se lo cojan, porque yo no tengo un peso más para darle, yo he gastado mucho dinero con esa gente".
En San Pedro, el conflicto es por las tierras urbanas del Ingenio Porvenir que, según Danny Sánchez, abogado, sólo ha beneficiado a los funcionarios del Gobierno.
Juan Bautista Martínez, presidente de la Junta de Vecinos Esfuerzo y Voluntad del barrio 30 de Mayo de Porvenir, muestra las tierras delimitadas por empalizadas y muros de concreto, donde antes funcionaba el área de Transportación del ingenio y por la que la comunidad lleva años luchando porque se les entreguen para construir allí una escuela y un centro tecnológico, que supuestamente ya están aprobados por el Ministerio de Educación y el Despacho de la Primera Dama.
No obstante, ve con indignación que en ese mismo lugar ya marcaron sus pedazos, según señala "José Domínguez, administrador del Ingenio Porvenir por El CEA; Carlos López, subdirector de los comedores económicos, los hijos del diputado Leoncio Sandoval, y personas muy allegadas al doctor Mariano Morla, que era el encargado de inmobiliaria del CEA, y allegados a Raúl Custodio".
La jueza suplente de la Jurisdicción Inmobiliaria de San Pedro de Macorís, Keila González, dice que ahí los conflictos son por tierras del CEA.
