Alberto Nisman
BUENOS AIRES. El caso sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, hallado sin vida tras denunciar por encubrimiento terrorista a la presidenta argentina, se vio sacudido hoy por el hallazgo de ADN distinto al suyo en su apartamento de Buenos Aires, por lo que la Justicia ordenó un cotejo para identificarlo.
La jueza Fabiana Palmaghini, a cargo de la causa, notificó en una resolución difundida por el Centro de Información Judicial de la existencia de un segundo perfil genético e invitó a una persona, cuyo nombre fue quitado en la versión publicada del escrito, a presentarse voluntariamente ante el Cuerpo Médico Forense para obtener una muestra genética con la que cotejar el ADN encontrado.
Fuentes judiciales consultadas por medios locales revelaron que la persona citada por la jueza es Diego Lagomarsino, el informático que trabajaba con Nisman y que ha sido imputado por haberle prestado el arma que acabó con su vida.
No se descarta que se amplíe la búsqueda a otras personas, agregaron las fuentes al diario La Nación.
La versión que apunta a Lagomarsino como la persona a quien la jueza pide dejar una muestra de su ADN no ha sido confirmada por fuentes judiciales consultadas, que alegaron que se trata de “una investigación en curso”.
Lagomarsino, según su propio testimonio, visitó dos veces a Nisman en su apartamento la víspera de su muerte, ocurrida el pasado 18 de enero, cuatro días después de denunciar a la presidenta argentina, Cristina Fernández, por presunto encubrimiento de terroristas.
En su segunda visita, el informático recordó haber tomado un café y haber enseñado al fiscal cómo usar el arma antes de dejársela.
Sin embargo, un primer análisis realizado en la pistola determinó que solo había ADN de Nisman en el arma, el mismo resultado que arrojó el test de la ropa que llevaba puesta cuando fue encontrado muerto en el baño de su vivienda con un tiro en la sien.
Lagomarsino, el único imputado en la causa por el momento, fue cesado oficialmente hoy como colaborador de la Unidad Fiscal de Investigación por el atentado contra la mutualista judía AMIA, que estaba encabezada por Nisman.
Según el Ministerio Público Fiscal, la ruptura del acuerdo laboral con el colaborador del fallecido fiscal se produjo porque el informático no acudió a trabajar en todo el mes de enero ni en lo que va de febrero.
El fiscal fue hallado muerto en su casa en la víspera de comparecer en el Congreso para exponer los fundamentos de su denuncia contra Fernández y algunos colaboradores por presuntamente encubrir a los supuestos autores iraníes de ese ataque, que causó 85 muertos en 1994.
Sara Garfunkel, madre de Nisman y la primera persona que ingresó en la vivienda tras su muerte, compareció hoy por tercera vez ante la fiscal de la causa, Viviana Fein, pero no han trascendido por el momento detalles de su nueva declaración.
El Gobierno argentino volvió hoy a defender su tesis inicial de que el fiscal se quitó la vida, que había cambiado después de que la presidenta Cristina Fernández pusiera en duda que se hubiera tratado de un suicido.
“La primera hipótesis valedera con la que contamos es el suicidio”, dijo hoy el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, quien además aseguró que la denuncia de Nisman por encubrimiento de terroristas fue algo a lo que el fiscal fue inducido.
“Le hicieron firmar” un “bodoque” (cosa mal hecha), dijo hoy Aníbal Fernández en referencia a la presentación judicial.
Por su parte, la oposición se prepara para reclamar el próximo jueves el esclarecimiento de la muerte en el Congreso en una audiencia que se realizará en simultáneo con una polémica sesión en el Senado impulsada por el oficialismo, mayoritario en las dos cámaras, para tratar la reforma de los servicios de Inteligencia.
La iniciativa fue anunciada por el Ejecutivo tras la muerte del fiscal, que el Gobierno enmarca en una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre pasado.
Desde el oficialismo han criticado la ausencia de la oposición en el debate de esta iniciativa como así también la marcha que varios fiscales han convocado para el próximo 18 de febrero, a un mes de la muerte de Nisman.
