“Hanen no tenía la autoridad necesaria para bloquear la acción ejecutiva del presidente.”
La batalla judicial por la permanencia de la acción ejecutiva entró este lunes en una nueva etapa con la presentación, por parte del Departamento de Justicia (DOJ), de un recurso de urgencia para pedir la suspensión del fallo de un juez federal de Texas que detuvo la entrada en vigor de la medida, que permite a unos 5 millones de indocumentados solicitar el freno temporal de sus deportaciones y un permiso de trabajo por tres años.
El recurso fue interpuesto una semana después de que el juez federal de Texas, Andrew S. Hanen, suspendiera el beneficio migratorio que el Presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre. Brian Fallon, un portavoz del DOJ, confirmó en su cuenta de Twitter la interposición del recurso ante un tribunal de Texas.
El recurso del DOJ le da al juez Hanen un plazo de dos días, hasta este miércoles, para que levante de forma temporal esa suspensión que ordenó el pasado 18 mientras el Gobierno continúa con el proceso de apelación. Según argumenta el Gobierno de Obama, Hanen no tenía la autoridad necesaria para bloquear la acción ejecutiva del presidente.
De prosperar el recurso jurídico, el Gobierno federal podría proceder con la implementación inmediata del plan, cuya primera fase iba a ser implementada la semana pasada con la recepción de solicitudes de dreamers que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.
Hanen, quien preside la Corte Federal del Quinto Circuito en Brownsville, dictó el 18 de febrero una medida cautelar luego de una demanda entablada el 3 de diciembre por el entonces gobernador electo de Texas, Greg Abbott, y secundada por otros 25 estados. De los 26 estados demandantes, 24 son gobernados por republicanos.
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Los querellantes argumentan, entre otros motivos, que Obama se extralimitó en sus funciones ejecutivas y que las medidas violan la Constitución. Pero uno de los 26 arguyó que el gobierno no anunció previamente las medidas en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense) para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) recibiera y considerara el comentario público antes de poner en vigor el cambio a la política migratoria.
El recurso es interpuesto una semana después de que el juez federal de texas suspendió el beneficio migratorio del presidente Obama
“La razón legal para el juez es que el gobierno (el presidente) viola la ley al no darle oportunidad al público de revisar y analizar la acción ejecutiva en base al Acta de Proceso Administrativo (Administrative Procedures Act –APA-)”, dijo a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández. “En eso se basa la medida cautelar del juez Hanen mientras sigue revisando la demanda”.
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El abogado José Pertierra, en Washington DC, explicó a UnivisionNoticias.com que “el Presidente mantiene que su decisión, de otorgarle Acción Diferida a ciertos jóvenes y a los padres de ciudadanos o residentes estadounidenses, es una cuestión de política de estado, y que está exenta del APA, que obliga al gobierno a publicar un reglamento y considerar comentarios públicos, como supuestamente está obligado a hacerlo en este caso”.
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“Pero un reglamento es diferente a una política de Estado”, apuntó.
El Presidente Obama “alega que le es imposible al DHS deportar a los 11 millones de indocumentados” que viven en Estados Unidos, y que consecuentemente “el mandatario y el DHS han decidido cuáles son las prioridades: criminales, terroristas y esos que acaban de ingresar ilegalmente al país son de alta prioridad para deportación. Los criminales y los terroristas por razones obvias. Y los recién llegados, porque Washington quiere detener el flujo de indocumentados que cruzan la frontera últimamente”, detalló Pertierra.
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En cuanto a los padres de ciudadanos y residentes legales, y los dreamers, los dos grupos a quienes apunta la acción ejecutiva, “ellos no son prioridad siempre y cuando hayan vivido en Estados Unidos por más de cinco años. Esa decisión, que el Presidente califica como política de Estado, está dentro sus poderes presidenciales de discreción y no está sujeta al APA”, reiteró.
“Es un poder que le otorga la Constitución al Ejecutivo para administrar las leyes de inmigración”, insistió. “El Ejecutivo y los fiscales siempre han tenido la potestad y la discreción para decidir cuáles indocumentados deportar y cuales no, incluso la potestad para darle permiso de trabajo a personas con órdenes de deportación si ameritan quedarse temporalmente en Estados Unidos”.
El martes de la semana pasada, un día después del dictamen del juez Hanen, el Secretario del DHS, Jeh Johnson, dijo que estaba “totalmente en desacuerdo” con la decisión de prohibir temporalmente la implementación de la acción ejecutiva, y que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en ingles) “apelará dicha orden temporal”.
“Expertos legales, expertos en inmigración y aún otros tribunales han expresado que nuestras acciones están dentro de nuestra autoridad legal”, dijo Johnson, y añadió que “nuestras acciones también beneficiarán a la economía y promoverán el cumplimiento de ley”.
En ese contexto, Hernández explicó que el gobierno “entablará” en la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito “dos cosas: primero, una suspensión de la medida cautelar del juez Hanen para que la gente (los dreamers) puedan ya aplicar y siga el curso de la acción ejecutiva; y segundo, introducir un reto al fallo de Hanen para que la Corte le de la razón a los argumentos del Presidente Obama”.
La Casa Blanca confirmó el fin de semana que el DOJ pediría este lunes una "estancia" (stay) de la orden de Hanen y de esa manera poner en vigor de inmediato la acción ejecutiva hasta que el problema sea apelado ante un tribunal superior.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo el viernes que el gobierno espera ganar en la apelación porque "hay un fundamento jurídico sólido que permite al presidente tomar las medidas que anunció (el 20 de noviembre) para reformar nuestro sistema de inmigración".
Del tiempo transcurrido entre el fallo cautelar de Hanen y la demanda, Pertierra dijo que no creía que el gobierno haya demorado la apelación. “El equipo legal encargado del caso para el DOJ es un colectivo. La estrategia, los argumentos y los escritos legales tienen que ser colegiados y consensuados antes de lanzarlos al tribunal. Este caso no lo está haciendo un llanero solitario. Es un equipo, y cuando se trabaja en equipo se trabaja más lentamente”.
“Hay que tener paciencia”, indicó. “El caso se ventilará ante los tribunales de apelación, pero hay que prepararlo bien para poder ganarlo”.
Los dreamers, uno de los dos grupos beneficiados con la acción ejecutiva, no descartan nuevos tropiezos y no pierden las esperanzas en que, al final del día, el beneficio migratorio se activará. “Yo no tengo miedo de que se estanque en las Cortes”, dijo a UnivisionNoticias.com María Fernanda Cabello, de la organización United We Dream. “Yo tengo la Acción Diferida de 2012 (DACA, por sus siglas en inglés) y esto funciona. Somos más de 600 mil los jóvenes a quienes nos otorgaron el amparo de nuestras deportaciones y un permiso de trabajo temporal”.
Cabello entró a Estados Unidos a la edad de 12 años. Tanto ella como un hermano están amparados por DACA y estaban listos para sumarse a los beneficiados por la acción ejecutiva. “Pero mis padres no fueron favorecidos porque ellos no tienen hijos ciudadanos o residentes permanentes. Lo único que los ayudará a ellos es la reforma migratoria. Nosotros seguiremos batallando hasta que el Congreso la apruebe. Yo quiero votar algún día y lo voy a conseguir”.
La acción ejecutiva ampara de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes que están en Estados Unidos (DAPA, por sus siglas en inglés) desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.
También amplía la Acción Diferida de los dreamers (DACA) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010. Esta parte de la acción ejecutiva iba a entrar en vigor el 18 de febrero, un día después del dictamen cautelar.
La orden del juez Hanen no afecta el DACA de 2012, sino sólo a aquellos dreamers que se benefician con la extensión de la cobertura del programa, unos 500 mil. Los otros 1.7 millones siguen siendo amparados por el programa que el DHS activó el 15 de agosto de 2012, reiteró el secretario Johnson.
Mientras el gobierno se alista para apelar, los republicanos han reiterado que no abandonarán en el esfuerzo por detener la acción ejecutiva, insisten en que Obama se extralimitó en sus funciones, y que por ese motivo tomaron la vía legal para frenarla. También insisten en que el mandatario no está escuchando la voluntad de los estadounidenses expresada en las urnas el pasado 4 de noviembre, que le otorgó a la oposición el control de ambas cámaras del Congreso.
La Administración señala que la acción ejecutiva fue tomada por el Presidente en respuesta a la inacción del liderazgo republicano de la Cámara de Representantes con el tema de la reforma migratoria, luego de que el Senado aprobara el 27 de junio de 2013 un plan que legalizaba a la mayoría de los 11 millones de indocumentados, pero la posición detuvo el debate bajo el argumento de que Obama no haría cumplir la ley.
Por qué la acción ejecutiva
Casi un año y medio después del estancamiento del debate en el Congreso fue cuando Obama anunció la medida para arreglar temporalmente un asunto que, tanto demócratas como republicanos y la Casa Blanca, coinciden –y es una de las únicas concurrencias en el tema de la inmigración- en que se encuentra roto.
La orden del Tribunal no afecta el programa de DACA existente. Las personas pueden continuar adelante y pedir la otorgación inicial de DACA o la renovación de DACA, conforme a los criterios establecidos en 2012, insistió la Administración el fin de semana.
Pertierra dijo que la acción ejecutiva “sobrevivirá la maniobra” del juez Hanen, y tildó el fallo cautelar de “politiquería partidista diseñada para combatir al Presidente Obama”.
Señaló a su vez que “no es un dictamen legal serio, porque ignora un punto fundamental: la ley de inmigración le incumbe al Presidente y no a los Estados”.
“Dicho de otra manera, los estados no tienen vela en ese entierro. Igual que el gobierno federal no puede encargarse de recoger la basura en Brownsville (eso le corresponde al municipio), el estado de Texas no puede tratar de inmiscuirse en la implementación de las leyes de inmigración. Eso le corresponde al Presidente de los Estados Unidos. Es un asunto federal y no estatal”, dijo.
Pertierra también recomendó a las organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes que “organicen a la comunidad latina que ya obtuvo la ciudadanía para que no se olviden de los 11 millones de indocumentados que luchan por conseguir una oportunidad para arreglar sus papeles”.
“Recuerden que antes de conseguir la legalidad en este país, todos no tenían papeles. Debemos solidarizarnos con los indocumentados de Estados Unidos”, sostuvo.
Del papel que debe jugar el Partido Demócrata, Pertierra dijo que “deben ganar más elecciones legislativas para que los republicanos no puedan entorpecer la reforma migratoria”.
En la última elección de medio tiempo, los republicanos recuperaron el control del Senado y aumentaron el poderío en la Cámara de Representantes dejando a Obama solo en los dos últimos años de su mandato.
El domingo, en vísperas de la apelación al fallo del juez Hanen, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que llevará la disputa legal de la acción ejecutiva hasta la Corte Suprema de Justicia si es necesario.
El Senado, por su parte, ultima detalles para votar, este lunes, por cuarta vez la iniciativa de ley de presupuesto del DHS con dos enmiendas ya aprobadas por la Cámara de Representantes: una que elimina el beneficio migratorio y otra que prohíbe al DHS usar fondos para la medida de Obama.
En las otras tres votaciones los demócratas, en bloque, atajaron el proyecto republicano. De no conseguirlo antes del 27, el DHS paralizará funciones no esenciales por falta de dinero. Los republicanos tienen 53 asientos (de 100) en el Senado y necesitan un mínimo de 60 votos para aprobar una ley.
Obama también ha advertido que vetará cualquier tipo de ley que eche por tierra la acción ejecutiva.
Simultáneamente, la Conferencia Nacional Republicana dijo el domingo a UnivisionNoticias.com, por medio de un correo electrónico, que “la voluntad del pueblo estadounidense es que el Presidente trabaje con el Congreso en soluciones reales y permanentes en lugar de actuar por sí solo a través de la acción ejecutiva”. Y agregó que el fallo del juez Hanen “es una prueba más de que la extralimitación unilateral del presidente Obama sobre la inmigración no estaba dentro de su autoridad”, pero no mencionó que la medida cautelar del tribunal del Quinto Circuito fue dictada a causa de la no publicación previa del beneficio migratorio del 20 de noviembre en el Registro Federal estadounidense y no por tratarse de una acción que, como dicen los demandantes, viola la Constitución.
Los estados que demandaron la acción ejecutiva son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.
Montana y West Virginia están gobernados por demócratas quienes no participan en la demanda, pero si sus respectivos fiscales generales, ambos republicanos.
