Como era de esperarse, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, fue cuestionado sobre la revelación de la Policía de que el jefe de la banda a la que se atribuye el asesinato del periodista Blas Olivo está preso en Monte Plata, donde cumple una condena de 30 años por la muerte de tres personas, pero su respuesta fue una virtual declaración de impotencia francamente desalentadora. Según el funcionario, el sistema abierto de cárceles, los organismos de derechos humanos y los acuerdos internacionales de los que el país es signatario son un gran obstáculo para la adopción de controles que eviten que los recintos penitenciarios se conviertan en reductos desde los que las bandas criminales planifican acciones delictivas, como está ocurriendo. Desde luego, eso tiene una solución, aunque a juzgar por lo explicado por el máximo representante del Ministerio Público está todavía en pañales; la construcción de una cárcel de alta seguridad que se edificaría al lado de Najayo, en San Cristóbal, con capacidad para 200 personas, pero apenas se está trabajando en su diseño. ¿Pero qué hacer mientras tanto? ¿No es posible reforzar la vigilancia sobre los jefes y miembros de esas bandas? ¿Qué pasó con los cacareados bloqueadores de señales que se instalarían en las cárceles para evitar el uso indiscriminado y sin control de celulares? Las autoridades penitenciarias tienen que encontrar la manera de evitar, porque esa es su obligación y responsabilidad, que desde las cárceles se siga atentando, y de qué manera, contra la seguridad pública, pero no podemos esperar a que se construya una cárcel de alta seguridad que no existe ni en los planos, y mucho menos aceptar que su respuesta sea declararse impotentes para actuar por temor al qué dirán de las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos o los tratados internacionales que, en su mayoría, le quedan demasiado grandes a este país.
