MEXICO.- Un estudio de un grupo de expertos independientes desacreditó la investigación del gobierno de México sobre la desaparición de 43 estudiantes en 2014 y aseguró que la principal hipótesis oficial de que habrían sido calcinados en un basurero nunca pasó.
El reporte del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, basado en información “pública y oficial”, señaló que en las horas previas a la desaparición en la ciudad de Iguala, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron blanco de ataques coordinados por parte de policías de al menos dos municipalidades, bajo el posible mando de una persona aún desconocida y ante la pasividad de agentes federales y militares que supieron en todo momento lo que sucedía y no intervinieron.
Tras seis meses de revisiones a la investigación oficial y de indagatorias propias, el reporte del grupo señala que aunque no tiene datos para informar con precisión qué pasó con los estudiantes desaparecidos, sí encontró elementos para cuestionar las tesis oficiales y sugiere una nueva: que el ataque pudo ser porque los jóvenes interfirieron sin saberlo con el traslado de un cargamento de drogas que habría ido en uno de los camiones que ellos habían tomado ese día para transportarse.
El reporte fue presentado ante familiares de los estudiantes desaparecidos y diversos invitados, incluidas autoridades federales.
“Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos”, gritaron familiares.
Los expertos, que dieron a conocer el documento ante los padres de las víctimas y diversas autoridades, refieren que hay investigaciones que señalan que algunos autobuses son usados para traficar heroína, cocaína y dinero entre esa localidad del estado sureño de Guerrero y Chicago. Por eso, añaden en el texto de más de 400 páginas, “el negocio que se mueve en la ciudad de Iguala podría explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque”.
El reporte es un duro golpe para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que en enero sostuvo que había logrado dar con la “verdad histórica” de lo sucedido.
El entonces procurador Jesús Murillo dijo en aquel momento que el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron detenidos por los policías municipales y entregados a un grupo del narcotráfico que los calcinó en un basurero y luego lanzó las cenizas en bolsas a un río cercano.
Pero los expertos encargaron un nuevo peritaje para determinar si era posible que tantos cuerpos pudieran haber sido incinerados tal y como lo dijo el procurador, y la conclusión para ellos no deja dudas: “los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula”.
Hasta ahora, y luego del análisis de un fragmento quemado de hueso, sólo se sabe que uno de los 43 estudiantes murió. Pero no hay certeza de lo que pasó con los otros 42 alumnos.
El denominado “Informe Ayotzinapa” documenta cómo policías estatales y federales, además del ejército, monitorearon los movimientos de los estudiantes desde antes de que llegaran a Iguala y que no intervinieron cuando, tras llegar, fueron atacados en nueve distintos lugares por los agentes municipales, en una jornada que también dejó seis muertos y 40 heridos.
Las autoridades y los cuerpos de emergencia tardaron incluso horas en responder, lo que pudo causar la muerte de al menos dos personas que esperaban ser atendidos.
Para el grupo, es necesario que las autoridades replanteen sus hipótesis y líneas de investigación, además de continuar la búsqueda de los estudiantes e indagar el posible uso de otros lugares para cremar cuerpos, por ejemplo, hornos públicos o privados.
La desaparición de los estudiantes ha sido uno de los golpes más fuertes en lo que va del gobierno de Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012 y ha tenido que reconocer que es una de las causas de la desconfianza social actual hacia su gobierno.
La investigación oficial del caso ha generado indignación entre los padres de los estudiantes y diversas organizaciones que han cuestionado que esté basada sobre todo en testimonios de los detenidos y no en evidencias específicas.
Hasta ahora las autoridades han detenido a más de 100 personas, en su mayoría policías municipales. El entonces alcalde Iguala, José Luis Abarca también está preso y es señalado junto con su esposa como probables autores intelectuales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado una ampliación de dos meses a la investigación del grupo de expertos, pero el gobierno aún tiene que decidir si lo aprueba o no.
La ONG Human Right Watch al conocer el informe lamentó que pese a la conmoción que suscitó el crimen las autoridades mexicanas demostraron no poder o no querer hacer una investigación seria por lo que indicó que la justicia mexicana “necesita escrutinio externo para evitar que se repita esta vergonzosa actuación”.
