SANTO DOMINGO.- El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario Márquez, negó que el Plan Nacional de Regularización haya fracasado y, por el contrario, aseguró que ha sido exitoso con unas 55,638 personas entrevistadas entre los meses de junio y agosto.
A su juicio, es un presupuesto equivocado el partir de la lógica de pocos han aplicado al derecho de la naturalización, cuando lo esencial es atribuir diferentes tipos de categorías migratorias, como es el caso de visas de estudio, de trabajo, residencia temporal o definitiva.
“Un fracaso sería que esas 55 mil personas no estén registradas con ninguna de esas categorías, pero es muy temprano para decir eso porque hay tiempo para todo. Por eso mi mensaje inicial es que desde mi punto de vista ha sido todo un éxito el Plan de Regularización, porque por demás queda suficiente tiempo para el que no ha ido pueda asistir”, enfatizó.
Sostuvo que se alega que muchas de esas personas al comparecer no han podido presentar suficientes documentos para optar por la naturalización, pero destaca que con documentos mínimos por lo menos una visa pueden obtener.
Rosario Márquez dijo que el Plan de Regularización romperá con el mito de que la inmensa cantidad de inmigrantes radicados en la República Dominicana son el resultado de ciudadanos haitianos traídos en condición de esclavitud para ir a los ingenios azucareros.
Precisó que las estadísticas reflejan que la mayoría están en zonas urbanas, donde no hay ingenios azucareros, como es el caso del Distrito Nacional, con un registro de 8,565 haitianos, de igual modo, en lugares sin ingenio hay entre 2 mil y 3 mil personas en condiciones irregulares.
Afirmó que el extranjero radicado en la República Dominicana está buscando condiciones de trabajo, y no corresponde a la época de esclavitud, pues vienen a laborar en el sector construcción, en turismo, una parte importante en las zonas agrícolas.
En torno a la auditoría que realiza la JCE a los libros del registro civil desde 1929 hasta el 2007, en cumplimiento a la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional y la Ley 169-14, cerca de mil 500 expedientes han sido revisados.
De ellos, se han regularizado 513, transcritos en el libro de extranjería 591, y en proceso de transcripción se encuentran unos 275, mientras 107 serán objeto de una demanda en nulidad. Son 60,869 expedientes, los cuales se van a distribuir por provincias o municipios, y serán publicados.
Para deportaciones
De acuerdo con el presidente de la JCE, el Estado dominicano no cuenta con un procedimiento amparado en la ley, ni apegado a los derechos humanos para realizar las repatriaciones y las deportaciones, situación que asegura obliga a la implementación de un método garantista.
De esa forma, entiende, se garantizarán los derechos a hacer una llamada, “a que si tienen algunos ajuares del hogar no venga un militar y se lo lleve o lo busque o que un empleador simplemente lo haga para no pagarle su salario, para poner un ejemplo”.
“Esos aspectos hay que definirlos y el Estado dominicano debe concluirlos porque a esa gente que esté en condición irregular hay que garantizarle su derecho”, dijo.
RD$200 millones
Entre este mes de septiembre y diciembre, el presidente Danilo Medina entregará a la Junta Central Electoral (JCE), RD$200 millones para cubrir los gastos en que ha incurrido en el Plan Nacional de Regularización, de los cuales en los próximos días serán desembolsados una primera partida de RD$50 millones.
Según explicó el presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, tras sostener un encuentro con los ministros de Hacienda, Simón Lizardo y Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, junto al consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, se pusieron de acuerdo en torno al monto y las inclusiones para el año que viene. Indicó que el mandatario le solicitó ampliar el número de estaciones para recibir documentaciones de extranjeros interesados.
Para tales fines se abrieron puestos en Puerto Plata; Mao, Valverde, y Constanza. Rosario Márquez detalló que escogieron a "Constanza por el tema agrícola, Puerto Plata por el tema turismo y Valverde, Mao, por todo lo que es el mercado de Dajabón y toda esa zona".
Indicó que en la reunión con el gobernante le aclaró que la JCE no poseía los recursos económicos suficientes para asumir dicho plan.
ACNUR en RD
Roberto Rosario, presidente de la JCE, mostró su preocupación por el llamado inapropiado a documentarse que está realizando en el país la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a inmigrantes ilegales que no califican para acogerse al Plan Nacional de Regularización.
Asimismo, por el hecho de haber llevado a Juliana Deguis a un evento internacional de refugiados, “cuando ésta nunca reclamó ser refugiada, ni lo reclamó ni lo fue, ella reclamó ser dominicana inscrita en el registro civil, sin embargo está siendo presentada como apátrida”.
Dijo desconocer por qué la ACNUR está en eso, cuando no son funciones que le competen como organismo internacional.
A su juicio, la ACNUR debe concentrarse en trabajar con los refugiados, si los hay, ya que, a su entender, el coordinador Gonzalo Vargas Llosa está siendo muy flexible y elástico en la función otorgada por la ONU en la República Dominicana.
“A mí de verdad me preocupa, porque hasta donde yo sé, en República Dominicana no hay refugiados, y no quisiera yo pensar que a estas 200 mil, 300 mil o 500 mil personas (haitianos en condiciones irregulares) le quisieran ahora poner el calificativo de refugiados, porque entonces el tema sería mucho más grave”, advirtió.
Rosario Márquez precisó que los migrantes ilegales no son refugiados, simplemente están en una condición documental irregular. Aduce que el organismo internacional tiene un anuncio publicitario que le está generando problemas a la JCE; “porque está llamando a todo el mundo a que vaya al Registro Civil, y está generando que vaya gente que no tiene ni que ir, incluso, a reclamar papeles”.
Al participar como invitado en el Diálogo Libre de la empresa Omnimedia, el presidente de la JCE manifestó que le extraña la actitud asumida por el organismo internacional, en momentos en que las autoridades están ejecutando un mecanismo para regularizar el estatus migratorios de los indocumentados.
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