EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domimgo.
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Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.
Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.
Llegarían a unos 220 mil
Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.
El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.
Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.
Pocos llenan los requisitos
El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.
El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.
Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.
Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.
Estatus provisional salvador
“Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.
Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.
No será suficiente
Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.
En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.
Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.
