Por Jorge Cancino
Después de cinco meses de disputa legal por la entrega de cientos de permisos de trabajo erróneos a miles de dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012, una corte federal de Texas continuó ventilando una demanda entablada en diciembre contra la Acción Ejecutiva que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados.
El martes el juez Andrew S. Hanen, quien preside la Corte Federal del Quinto Distrito en Brownsville, Texas, dijo que los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) no tienen que asistir a una audiencia programada para el 19 de agosto.
La audiencia fue fijada durante el proceso que inició el 3 de diciembre de 2014 cuando 26 estados demandaron la Acción Ejecutiva bajo el argumento de que el presidente Barack Obama se extralimitó en su poder ejecutivo y que la medida viola la Constitución. También señalaron que el gobierno no publicó el reglamento en el Registro Federal para recibir el comentario Público antes de poner en vigor el beneficio.
“La corte del juez Hanen ya no requiere la presencia del secretario de seguridad nacional Jeh Johnson. Lo que quiere decir es que el servicio de inmigración sí cumplió con el pedido de retirar los permisos”, dijo a Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández.
Fallo cautelar
El 16 de febrero Hanen dictó una medida cautelar que frenó la puesta en marcha de la Acción Ejecutiva, prevista para el día 18 de ese mes. El gobierno no activó el plan pero otorgó cientos de permisos de empleo a dreamers protegidos por la Acción Diferida de 2012 bajo el reglamento de la Acción Ejecutiva anunciada el 20 de noviembre del año pasado.
La Acción Diferida (DACA, por su sigla en inglés) ampara de la deportación a jóvenes soñadores que entraron a Estados Unidos siendo niños (antes de cumplir los 16 años), carecen de antecedentes criminales y están en el país desde antes del 15 de junio de 2007. Los beneficiarios reciben, además, una autorización de empleo válida por dos años.
La Acción Ejecutiva, en cambio, amplió la cobertura del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y concede un permiso de trabajo temporal por tres años.
Denuncian el error
Los demandantes acusaron en marzo al gobierno de no acatar la orden cautelar del 16 de febrero y entregar permisos de empleo bajo el reglamento de la Acción Ejecutiva. Hanen entonces fijó audiencias para que el DHS argumentara las razones del error.
Durante uno de los citatorios, los abogados del Departamento de Justicia explicaron que la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés) emitió unos 108 mil permisos de trabajo a dreamers que estaban renovando la protección de DACA bajo el reglamento de 2012, y que unos 2,400 fueron enviados después del fallo del 16 de febrero pero que estaba en proceso de retirarlos para enmendar el error.
El plazo para solucionarlo venció el pasado 1 de agosto. Ese día la agencia dijo que había anulado cientos de permisos de trabajo equivocados luego de una campaña de cartas y visitas a las direcciones de los afectados.
En el documento de 52 páginas entregado a la corte, los abogados del gobierno pidieron al juez Hanen que cancele la convocada para el 19 de agosto. Hanen había anticipado que lo haría si le satisfacían las explicaciones.
Clima confuso
“Todo este lío generó confusión”, explicó a Univision Noticias el abogado Ezequiel Hernández. Dijo que miles de dreamers que calificaron para el DACA de 2012 estaban renovando sus autorizaciones de empleo y el gobierno decidió activar el beneficio de la Acción Ejecutiva y ampliar la vigencia por tres años.
Algunas organizaciones de dreamers expresaron su molestia por el error cometido por la USCIS y la forma en que actuó la agencia para reparar el error. A pesar de las explicaciones, “estamos muy molestos de las medidas extremas que tomó el DHS para subsanar el problema. El envío de agentes a las casas de los dreamers causó preocupación y miedo en la comunidad”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, de United We Dream.
Además de dreamers, la Acción Ejecutiva ampara de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes.
Y ahora qué
“La espera sigue”, dijo Hernández. “El juez federal Hanen, ahora que se esclareció el problema de los permisos de trabajo a los dreamers, sigue revisando la demanda completa de los 26 estados sobre la legalidad de la acción del presidente”.
Agregó que no hay fecha estimada para un fallo.
“Y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans está revisando si la orden cautelar dictada por el juez Hanen el 16 de febrero fue válida”, añadió.
En marzo y tras dos recursos de emergencia para que el juez Hanen revirtiera el fallo del 16 de febrero, el gobierno decidió ir a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans para levantar las restricciones de Hanen a la entrada en vigor de la acción ejecutiva.
En abril la corte de Nueva Orleans celebró una primera audiencia para escuchar los argumentos de los demandantes y del gobierno, en mayo confirmó la suspensión temporal del juez Hanen y en julio celebró una segunda audiencia para revisar si el dictamen del 16 de febrero fue válido.
Tampoco en este caso hay una fecha para una decisión final, advierte Hernández.
Camino largo
Hernández también advirtió que la batalla por la puesta en vigor de la Acción Ejecutiva será “larga” y que pudiera dilatarse hasta después de diciembre.
En caso que el gobierno pierda la apelación, el Departamento de Justicia irá a la Corte Suprema de Justicia, disputa legal que alargaría la espera de un alivio temporal para ciertos indocumentados.
La Casa Blanca reitera que la solución permanente al problema de los millones de extranjeros son papeles de estadía legal en el país pasa por una reforma migratoria en el Congreso, tema que por el momento no figura en la agencia de la Cámara de Representantes luego que el Senado, el 27 de junio de 2013, aprobara un plan bipartidista comprensivo que incluyó un camino a la ciudadanía para la mayoría de los 11.3 millones de indocumentados.
El proyecto contemplaba que los beneficiarios entrarían en un estado de residencia provisional por 10 años al término de los cuales pedirían la residencia permanente (green card). Tres años después serían elegibles para gestionar la naturalización.
El entonces liderazgo republicano de la Cámara de Representantes detuvo el plan y dijo que discutiría una versión propia y por partes.
Los estados que demandaron la Acción Ejecutiva son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
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