WASHINGTON, Estados Unidos.- Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) este lunes aquí, la República Dominicana externó su preocupación por las reiteradas convocatorias de este organismo para tratar el tema del derecho a la nacionalidad dominicana.
La embajadora Radhys Abreu de Polanco, quien representó al país ante la CIDH, argumentó que el tema ha sido suficientemente debatido.
Declaró que la República Dominicana es un Estado fundamentado en el respeto a la dignidad humana y que las leyes concernientes al trabajo rigen sin distinción a dominicanos y extranjeros, salvo las derogaciones emitidas en los convenios internacionales.
Observó que el Código de Trabajo, en su principio VII, prohíbe cualquier discriminación, exclusión, preferencia basada en motivo de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa.
Aclaró que el Código Laboral Dominicano aplica sanciones para trabajadores nacionales y migrantes sin restricción alguna y cuando los derechos laborales les son afectados pueden proceder por ante el Ministerio de Trabajo o ante los tribunales laborales de la República Dominicana.
Puntualizó que la Ley General de Migración No.285-04 y su Reglamento de Aplicación contemplan reglas específicas en cuanto al estatus de los trabajadores migrantes en la República Dominicana y garantizan la aplicación de la ley, protegiendo en todo caso el derecho de los migrantes a no ser discriminados, a la vez que protege la soberanía nacional.
“La República Dominicana, a través del Ministerio de Trabajo, ha realizado esfuerzos para proteger y erradicar cualquier violación a los derechos laborales de los trabajadores inmigrantes, especialmente a los trabajadores haitianos, con la designación de una persona que sirve de enlace entre el sector empleador y los inmigrantes”, apuntó.
Situación de los derechos humanos de la mujer
En la audiencia relativa a la situación de los derechos humanos de la mujer, Radhys Abreu de Polanco enfatizó que en 1997 en la República Dominicana se institucionalizó una política pública dirigida a prevenir, prestar servicios de atención y sancionar la violencia contra la mujer.
“Desde esa fecha se han creado leyes, normativas, mecanismos, políticas, instrumentos y programas en los poderes del Estado Dominicano para la atención integral de esta problemática”, detalló.
Entre los mecanismos creados citó al Ministerio de la Mujer; la Procuraduría Adjunta de la Mujer; Unidades de Atención Integral a la Violencia contra la Mujer e Intrafamiliar; las oficinas provinciales y municipales de la mujer; una Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, entre otros.
Resaltó que la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece el enfoque de género como eje transversal, al instituir que todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas incorporen el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación, a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género.
En cuanto a la violencia contra las mujeres, aseguró que éste aspecto constituye uno de los principales retos para la política pública de género en la República Dominicana en la última década y por ello a partir del 2012, la prevención de la violencia contra las mujeres se integró al Sistema de Metas Presidenciales.
Explicó que ahora se cuenta con un sistema de estadísticas en la Procuraduría General de la República, que muestra el incremento de las denuncias por este delito, incluida la violencia sexual y de la prevalencia de los feminicidios, según variables demográficas y sociales.
“Se observa una tendencia a la reducción de los feminicidios registrándose 233 en el 2011, 196 y 160 en 2012 y 2013 respectivamente, lo que implica una reducción de 18.4% en el último años”, concluyó.
Puntualizó que en noviembre de 2013 la la Junta Central Electoral escrutó los registros de nacimientos de hijos de padres extranjeros, en los que se evidenció que personas de 117 nacionalidades habían registrado sus hijos entre 1929 y 2007.
Agregó que, a través de la JCE, ya se realizó un levantamiento con el inventarió del número de extranjeros inscritos en el registro civil en el país, sea de manera regular o irregular..
Recordó que la CIDH realizó en diciembre de 2013 una visita “in loco”, por invitación del Gobierno dominicano, en la cual tuvo la oportunidad de tratar de manera directa, con todos los actores los temas ventilados en la audiencia de este lunes.
Abreu de Polanco precisó que aún la CIDH tiene pendiente rendir el informe correspondiente para que el Estado pueda formular las observaciones de lugar.
Tres querellas
En vez de una, fueron tres las querellas contra la República Dominicana ventiladas este lunes en Washington por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La primera se refiere a la "Situación de derechos humanos de los trabajadores migrantes haitianos y sus familias". Se trató de una denuncia presentada por los señores Genaro Rincón, Gregoria Corporán, Reemberto Pichardo Juan, Josefina Juan Vda. Pichardo, Manuel de Jesús Dandre y María Martínez.
La segunda, trató sobre la "Situación del derecho a la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana afectados por política de desnacionalización". La querella fue presentada por el Centro Pedro Francisco Bonó, Solidaridad Fronteriza, Centro de Acción Social y Agraria (CEFASA), Fundación Étnica Integral (FEI), Centro Cultural Dominico-Haitiano (CCDH), Movimiento Socio-Cultural de Trabajadores Haitianos (MOSCTHA), Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA), Colectiva Mujer y Salud y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
La tercera versó sobre la "Situación de derechos humanos de las mujeres en la República Dominicana", Fue llevada a la CIDH la Colectiva Mujer y Salud, Red Mundial de Mujeres por los derechos Reproductivos (RMMDR), Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los derechos de la Mujer (CLADEM), Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC).
