Marino Vinicio Castillo.
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Santo Domingo, (EFE).- La Fuerza Nacional Progresista (FNP) anunció hoy que renuncian a sus cargos en el Gobierno Marino Vinicio Castillo, Pelegrín Castillo Semán, José Ricardo Taveras y Norberto Rondón, debido a la iniciativa de modificar la Constitución para permitir la reelección presidencial.
En un comunicado, la FNP advierte que además tiene la voluntad de abandonar el Gobierno y “dejar sin efecto” su alianza con el mismo “si el proyecto de reforma constitucional propuesto es aprobado en la asamblea revisora en violación a la Constitución, sin consulta popular del referéndum”.
A su vez, indica que las renuncias de los dirigentes se producen teniendo como fundamento el “ineludible” compromiso de la organización con el respeto a la Constitución.
Marino Vinicio Castillo es director general de ética e integridad gubernamental y asesor del poder ejecutivo en programas de lucha contra el narcotráfico; Pelegrín Castillo Semán, es ministro de Energía y Minas; José Ricardo Taveras es director general de migración y Norberto Rondón, presidente del Consejo Nacional de Fronteras.
Una Constitución, aseguran, que se encuentra “amenazada gravemente” por una “iniciativa motorizada” por el Gobierno y el Comité Político del PLD, tendente a modificarla para reinstaurar la figura de la reelección presidencial sin cumplir con los mandatos de referendum “que es el único camino legal y constitucional que pudiera viabilizar un proceso de reforma para tales fines”.
A su vez, recuerda que su postura al respecto “no es nueva” y ya hace cuatro años su posición fue expuesta ante el expresidente, Leonel Fernández, en una conferencia.
En opinión de la FNP, la decisión de impulsar una reforma constitucional sin los mecanismos de legitimación que establece la propia Constitución es una “grave agresión a ésta y a la institucionalidad del país”.
Dichos “aprestos”, opinan, “ponen en peligro la estabilidad del país en momentos en que éste necesita la mayor fortaleza institucional, debido a las presiones internacionales que se ejercen de forma descarada con el tema de la nacionalidad, inmigración masiva de haitianos y la culminación del Plan Nacional de Regularización que concluye dentro de 5 días”.
A su vez, considera que exponer al Congreso nacional a un “proceso tortuoso con escándalos de corrupción que sobrevendrían con el conocimiento y posible aprobación de la reforma constitucional propuesta, representa un duro golpe a la nación y contribuirá a sembrar la división y fragilidad institucional, poniendo en riesgo la vital unidad nacional que requiere la nación para enfrentar las presiones externas con el tema de Haití”. EFE
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