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Por Jorge Cancino - @cancino_jorge
Activistas, miembros de la comunidad y organizaciones de base de Tacoma y Bellingham criticaron el jueves la colaboración de la policía con las autoridades de inmigración, y anticiparon que el lunes llevarán a cabo una protesta para poner fin a lo que definen como“práctica persistente” contra la comunidad latina.
La comunidad se organizó tras el arresto, en enero, del inmigrante indocumentado Alfredo Juárez-Caferino, de 15 años, que fue detenido por la policía de Bellingham por una violación simple de tránsito y luego entregado a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), donde fue puesto en proceso de deportación. Juárez “tampoco tenía licencia de conducir porque era indocumentado”, dijo a Univision NoticiasMaru Mora Villapando, vocero de la organización Latino Advocacy en Seattle.
“Se lo llevaron para ser puesto en proceso de deportación sin tener en cuenta que se trataba de un menor de edad que calificaba para la Acción Diferida de los Dreamers” (DACA, por su sigla en inglés).
El grupo Familias Unidas por la Justicia protestó por el encierro del joven y le recordó a las autoridades la vigencia del Memorando del 20 de noviembre de 2014, firmado por el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson donde señala que quienes califican para DACA y no tienen antecedentes criminales, no son prioridad de deportación. DACA ampara de la deportación a jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007 y carecen de antecedentes criminales.
También les otorga un permiso temporal de trabajo renovable cada dos años. El argumento fue aceptado por las autoridades de inmigración y Juárez fue liberado. Pero los activistas señalan que no han habido “explicaciones” por parte de las autoridades locales y federales. “Por esa razón haremos una protesta el lunes frente a la estación de policía de Bellingham, para denunciar este tipo de colaboraciones”, dijo Mora. Familias Unidas dijo que la movilización de enero permitió la liberación de Juárez en menos de 12 horas, y que nuevas protestas harán que este tipo de apoyos no se sigan llevando a cabo.
Las preocupaciones de los activistas se incrementaron luego de recientes declaraciones del Secretario Johnson durante una conferencia en el Commonwealth Club de San Francisco, dondefustigó la falta de colaboración de la policía de esa ciudad con el personal de inmigración”, sobre todo con un programa que permite verificar los antecedentes de extranjeros con antecedentes criminales.
“El problema es que nada garantiza que quienes no tengan antecedentes no deban ser puestos en proceso de deportación. Nosotros no estamos de acuerdo con que la policía colabore con el CBP”, indicó Mora. Comunidades Seguras En 2008 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) puso en marcha el programa Comunidades Seguras para detectar a inmigrantes que hayan cometido delitos criminales graves y deportarlos. Desde que fue implementado en 2008 y hasta 2014, el gobierno expulsó a 406,441 extranjeros.
Los individuos deportables son entregados por las policías locales a la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE). Una vez en poder de ICE, se abre un proceso de deportación de Estados Unidos. La Asociación de Jefes de Policías de Estados Unidos han insistido en que el programa no tiene transparencia.
El reemplazo Cuando Johnson firmó el Memorando del 20 de noviembre del año pasado, anunció ladesaparición de Comunidades Seguras y dio a conocer la nueva prioridad de deportaciones, que afecta solo a individuos que representen una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y tengan antecedentes criminales. Junto con el memorando, el gobierno lanzó el Programa de Cumplimiento de Prioridad (PEP)del DHS, que permite al ministerio “trabajar con agencias del cumplimiento de la ley al nivel estatal y local para tomar custodia de los individuos que presentan una amenaza a la seguridad pública antes que esos individuos sean liberados en nuestras comunidades”, dice un documento de ICE publicado en su página digital.
Explica que el programa comienza al nivel estatal y local cuando un individuo es arrestado y fichado por un oficial del cumplimiento de la ley debido a una violación de la ley, y sus huellas digitales son entregadas al FBI para el chequeo de los antecedentes penales y órdenes de arresto.
Añade que esa información biométrica “también es enviada al ICE para determinar si el individuo debe ser removido de acuerdo a las prioridades de cumplimiento de DHS descritas en el Memorándum del 20 de noviembre del 2014”. Récord de deportaciones La semana pasada Univision Noticias reportó que el gobierno se encamina a registrar el número de deportados más bajo en lo que va de sus dos mandatos, pero se mantiene el porcentaje de indocumentados expulsados sin antecedentes criminales.
Y que la cifra total de deportados hasta el 31 de agosto acumula 2,488,302. Un reporte de ICE solicitado por Univision reveló que al 31 de agosto han sido deportados 214,264 extranjeros en lo que va del año fiscal 2015, y de ellos 126,283 tenían antecedentes criminales (58.89%). “El resto, 87,981 (equivalente al 41,1%) no tenía antecedentes”, dijo Néstor Yglesias, vocero de ICE. “Eso nos preocupa”, dijo Mora.
“No sabemos si la policía de Bellingham colabora o no con el PEP. Nosotros pensamos que ese programa es lo mismo que Comunidades Seguras”. Las prioridades ICE dijo a Univision Noticias que el Programa PEP se basa en el Memorando del 20 de noviembre.
El documento “fijó las nuevas prioridades de deportación de la agencia”, dijo Yglesias.- Prioridad 1: a quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros); - Prioridad 2: a personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
- Prioridad 3: personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel; - Prioridad 4: a inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
El “camino a la detención" comienza con las paradas de rutina de las policías”, dijo Mora. “Este tipo de actuaciones puede tener consecuencias graves y trágicos resultados. Eso estamos advirtiendo”.
En otros estados también se registran preocupaciones y criticas al nuevo programa de intercambio de información entre el DHS y las policías locales. ©Univision.com