SAN JUAN, Puerto Rico.- El deterioro físico producto del cierre de negocios en el corazón de Santurce, en las cercanías del Consulado General de la República Dominicana, en el sector de Villas Palmeras o en Barrio Obrero es un reflejo de cómo la crisis económica y fiscal que tiene colocado a Puerto Rico a un paso de la bancarrota ha afectado a la comunidad dominicana.
Con una elevada presencia en Puerto Rico, los dominicanos se desempeñan en áreas diversas –como empresarios, catedráticos, médicos, abogados, periodistas o comunicadores–, mas su presencia es mayor en los sectores de servicio y en la ya casi inexistente construcción.
Independientemente donde laboran, los miembros de la comunidad dominicana en Puerto Rico coinciden en que la situación prevaleciente les ha golpeado fuerte y la generalidad sitúa en el 60 por ciento las pérdidas de ingresos particulares –muchos son trabajadores independientes– o en sus negocios. Si bien no ofrecen una estadística científica al respecto, la estilista Osairi Rodolí dramatiza la situación al mostrar la desolación en la Peluquería Dimensión, en la Parada 16, en Santurce, donde labora desde hace siete años.
“Esto siempre estaba lleno a esta hora del almuerzo, cuando no eran las empleadas de la Autoridad de Energía Eléctrica, eran de la Cooperativa o de Wendy’s, y mira ahora”, expresa con resignación a la agencia Inter News Service (INS) acompañada de su compatriota peluquera Mireya Castro.
Rodolí, con 18 años de experiencia en el oficio, no titubea al asegurar que “esto se debe a la crisis económica, pues el dinero que uno gana ni para pagar la luz alcanza”.
La situación se ha agravado con la situación que maneja desde enero de 2013 el gobierno de Alejandro García Padilla porque, además de incrementar las cargas fiscales a los ciudadanos para tratar de aminorar la insolvencia y cumplir con la deuda pública que encontró de 74 mil millones de dólares, no ha conseguido reactivar la economía que lleva una década en contracción.
“Las cosas estaban malas desde antes, pero con este gobierno empeoraron; los ingresos nuestros han menguado como en un 50 por ciento”, afirma la estilista Rodolí.
Desde que llegó a Puerto Rico hace nueve años, Martín Mosquea, de 38 años y natural de Nagua, ha hecho “de todo un poco”, aunque su desempeño principal ha sido en casas de remesas, como La Nacional, Envíos Quisqueyana y Ría, donde ha transitado durante más de ocho años, por lo que tiene una clara noción cuando afirma que en los últimos años el negocio ha decrecido 60 por ciento.
Los clientes a los que atiende Mosquea proceden también de la República Dominicana, no sólo por trabajar en una estafeta en la calle Tapia, en Villa Palmeras, sino porque RIA Envíos de Dinero sirve principalmente a ese mercado.
Cuando en julio de 2014 comenzó a regir un impuesto a las remesas de 2.0 por ciento aprobado por la Asamblea Legislativa puertorriqueña, los inmigrantes dominicanos, los más afectados con la medida, optaron por hacer llegar sus aportes a sus familiares en la vecina nación a través de otras vías, porque les resultaba oneroso.
Los envíos que hacen los trabajadores cayeron en un 60 por ciento, según Mosquea, y aquellos que siguieron utilizando las compañías de remesas, redujeron de 80.00 y 70.00 dólares semanales a 50.00 para poder cubrir el gravamen.
La medida impositiva fue derogada a finales de septiembre de 2015, no sólo porque complicó las posibilidades de hacer negocio en Puerto Rico, sino porque su autor, el diputado Carlos Vargas Ferrer, reconoció que no cumplía su propósito de recaudo.
Unos días después, el 2 de noviembre, Vargas Ferrer sufrió un desvanecimiento y al perder el control de su vehículo impactó a un joven vendedor de periódicos antes de estrellarse contra un poste del tendido eléctrico, muriendo en el acto.
La derogación de la ley, a juicio de Mosquea, no ha significado gran variación porque los gastos han aumentado con el alza de 7.0 por ciento a 11.5 por ciento del Impuesto al Valor y Uso (IVU), además de que los principales productos de primera necesidad también han sufrido incremento.
El joven se pone como ejemplo, pues desde que hace un año murió su madre en Nagua, a la que mandaba 60.00 dólares semanales, solo manda 35.00 o 40.00 dólares a la hermana que tiene allá.
“Es que el dinero no alcanza”, rumia, el joven que está casado desde hace dos años con una compatriota suya, madre de tres muchachos “por los que tengo que velar”.
Para Juan Vásquez, de 46 años y nativo de Haina, la situación no es muy distinta, sólo que tiene su propio negocio de revendón frente a la escuela “Ernesto Ramos Antonini”, en Barrio Obrero, donde estaciona su guagua con productos frescos que despacha a los transeúntes y a una clientela más o menos fija que cada día lo visita en el lugar.
Con 19 años en Puerto Rico y tres hijos varones de 20, 13 y 10 años llegados a Puerto Rico el 7 de abril de 2015, Vásquez tiene que mantener dos casas, ya que su esposa todavía permanece en República Dominicana en espera de la visa de Estados Unidos, que no salió con la de sus hijos.
Antes de adquirir este negocio en 2007, propiedad de otro dominicano que se lo vendió porque dejaba a Puerto Rico, el revendón trabajó en la empresa privada. “El negocio ha mermado con la crisis económica, que afecta a todos, porque algunos productos han encarecido y la gente tiene menos dinero”, afirma a la agencia INS.
“Todo está más caro, antes yo pagaba 440.00 dólares anuales de patente y ahora pago 649.00, aunque este es un negocio exento del IVU”, explica Vásquez, que compra sus productos en la Plaza de Mercado de Río Piedras para revenderlos en Barrio Obrero.
Asegura que “la merma en el ingreso es de 60 por ciento porque viene menos gente y los que vienen compran menos que antes, pues los precios han aumentado”. La realidad se hizo palpable cuando una joven madre pidió desde el interior de su auto algunos productos y decidió comprar menos plátanos porque ese día estaban a 75 centavos la unidad. Los amarillos valían 10 céntimos menos.
Mientras espera por la llegada de su esposa, el comerciante reconoce que no se le hace fácil, porque tiene gastos acá y en la República Dominicana, aunque aclara que a pesar de lo difícil que se encuentra la situación económica en Puerto Rico, no piensa marcharse.
No sólo los dominicanos se están marchando
Cada día es mayor el número de dominicanos que procura la forma de regresar a la República Dominicana por la situación fiscal y económica que atraviesa Puerto Rico, revela el cónsul general Juan de Dios Grullón.
“Pero no vaya a creer que sólo son los dominicanos, cada vez es mayor el número de puertorriqueños que solicita visa de trabajo para establecerse en República Dominicana, lo que antes sólo ocurría cuando eran enviados por una corporación”, asegura a la agencia Inter News Service (INS) en su despacho en el edificio Cobian’s Plaza, en el corazón de Santurce.
Según Grullón, muchos puertorriqueños que han decidido marcharse a la vecina nación prefieren hacerlo con toda la regla, pero hay otros que se van con visa de turismo y se quedan. “Solo cuando les surge algún problema, regresan para sacar una visa de residente con la posibilidad de seguir trabajando allá”, aduce.
También hay muchos que, habiéndose acogido al Seguro Social o a la jubilación optan por establecerse en Santo Domingo o alguna otra ciudad quisqueyana, porque consideran que la mensualidad les rinde más.
Un segmento de la población dominicana ha decidido tomar la ruta de regreso ante la falta de oportunidades laborales en la isla, lo que torna precaria su condición de vida.
Ni en el caso de los puertorriqueños ni en el de los dominicanos, se cuenta con estadísticas, aclara el diplomático a la agencia INS.
“Muchos vienen solicitando que les ayudemos con el pasaje de regreso porque ya no aguantan más”, admite el cónsul Grullón.
También hay aquellos que recurren al Consulado General de la República Dominicana para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses y británicas para que los ayuden a repatriar los restos de algún pariente que ha fallecido, porque no tienen el dinero suficiente.
La aerolínea, revela Grullón, muchas veces hace descuentos cuando se constata que la persona en realidad no puede pagar la totalidad del coste del traslado.
Gobierno está consciente de situación de dominicanos.
El Gobierno dominicano es consciente de la situación que atraviesan, en medio de la crisis fiscal y económica, sus nacionales radicados en Puerto Rico, explica el cónsul general Juan de Dios Grullón.
“Hay una crisis y nosotros como parte de la realidad puertorriqueña no estamos exentos de la situación”, reconoce el diplomático a la agencia Inter News Service (INS) en su despacho consular en el corazón de Santurce, punto donde convergen diariamente decenas de dominicanos a realizar distintos trámites.
Grullón apunta que cuando las cosas están bien en Puerto Rico “nosotros nos beneficiamos y cuando están mal nos perjudicamos al igual que otros ciudadanos”.
Ante la crisis fiscal del gobierno puertorriqueño y a pesar de los beneficios que la administración del gobernador Alejandro García Padilla ha extendido a los nacionales dominicanos en situación irregular, incluida la emisión de licencia de conducir, al igual que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, el presidente Danilo Medina ha autorizado extender a aquellos connacionales que califican al Régimen Subsidiado del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El cónsul Grullón reveló a la agencia INS que unos 4,000 dominicanos han solicitado la tarjeta de SeNaSa, de los cuales mil la han recibido a través de su despacho consular.
“Si bien no les sirve en Puerto Rico, pueden viajar a República Dominicana para atenderse de cualquier dolencia que tengan sin tener que pagar un solo centavo”, comenta.
Una quiebra inesperada: American Parking Systems
El empresario dominicano Miguel Cabral recurrió a la protección del capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, lo que le permite reorganizar su empresa American Parking Systems, después que el Ministerio de Hacienda de Puerto Rico intervino en reclamo del pago de deudas acumuladas por 6 millones 574 mil 772 dólares por concepto de la retención del Impuesto al Valor y Uso (IVU) y a la retención patronal de los empleados.
Cabral, quien no estuvo disponible para hablar de su situación con la agencia Inter News Service (INS), vio tambalear su imperio de más de 40 años, que tiene en la actualidad unos 400 empleados directos y genera un número similar indirectos.
La deuda del IVU ascendía, al momento de producirse la intervención de Hacienda a cerca de 2.2 millones de dólares y sobre 4.3 millones los conceptos de retención patronal.
Cabral, una figura prominente en Puerto Rico, donde ha radicado la mayor parte de su vida, indicó a un periodista de la agencia INS que “en su momento” hablará de la situación, pues ahora está concentrado en la atención de la situación surgida para preservar el empleo directo o indirecto de sobre 800 trabajadores.
Las deudas de American Parking Systems, que opera los principales estacionamientos del área de San Juan y del sector turístico de Isla Verde, en Carolina, incluyen 3.0 millones de dólares al Ministerio del Trabajo de Puerto Rico y 2.7 millones al Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos. Además, debe a la compañía Condado II 6.7 millones de dólares y 766 mil 357 dólares al municipio de San Juan.
Al acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras, el empresario dominicano puede seguir operando su empresa en lo que reorganiza las finanzas y pagar a sus acreedores.
Fuente: EL CARIBE
Esta actividad desarrollada en la explanada del Palacio Municipal contó con la presencia del síndico arquitecto Tony Echavarría, de la presidenta del Concejo de Regidores Maribel Carrero quien tuvo a su cargo las palabras de bienvenidas, de la vicesíndica licenciada Salvadora Sabino quien pronunció palabras de motivación a todos el personal edilicio, y del gobernador provincial Félix de los Santos quien tuvo a su cargo las palabras de clausura. empleados Para esta importante ocasión se dieron cita la vicepresidenta del Concejo de Regidores licenciada Nelly Pilier, la regidora doctora María Estévez, directores, encargados departamentales, y personal admirativo de esta corporación edilicia.
