Por Jorge Cancino - @cancino_jorge
“La permanencia sin papeles en Estados Unidos sigue siendo una falta de carácter civil no criminal.”
La presión para que el gobierno ponga en libertad a madres y niños que pidieron asilo y aguardan a que un juez decida sus casos sigue aumentando.
Una oleada de niños migrantes indocumentados y adultos que en junio del año pasado originó una crisis en la frontera del suroeste de Estados Unidos, dejó a cientos de ellos detenidos.
“El 95% de los más de 66 mil detenidos fueron puestos en libertad con una orden de presentarse a una audiencia con el servicio de inmigración”, explicó a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández. “Pero el resto permanece detenido a la espera que se resuelvan sus peticiones de asilo”.
En abril una jueza federal de distrito dictaminó que la política de detención viola el acuerdo judicial alcanzado en 1997 en el caso “Flores versus Meese”, que prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas.
El dictamen no ha entrado en vigor porque la corte fijó un plazo de 30 días para que los abogados que demandaron la política el año pasado y del gobierno establezcan un acuerdo que ponga fin a las detenciones.
De llegar a un acuerdo entre las partes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) podría verse obligado a cerrar tres centros familiares que operan en el país, dos de ellos en Texas y uno en Filadelfia. En caso contrario, las organizaciones que entablaron la demanda solicitarán al tribunal un alivio inmediato para las familias afectadas por las detenciones.
Hernández explicó que el sistema empleado por el servicio de inmigración para decidir quién va o no a un centro de detención para familias “es arbitrario”, y que los agentes que llevan los casos “tienen la discrecionalidad para tomar una decisión”.
“La decisión puede basarse en varios factores”, agregó. “Bien porque ya habían ingresado sin documentos, bien porque fueron deportados con anterioridad o pensaron que no se iban a presentar a una audiencia si eran puestos en libertad. Son decisiones arbitrarias”, reiteró.
En agosto del año pasado, dos meses después que el presidente Barack Obama reconociera la existencia de una crisis en la frontera, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) denunció las condiciones de encierro de los migrantes y violaciones en el debido proceso.
“Definitivamente es complicada la situación”, dijo a la agencia Efe el Abogado Víctor Nieblas, presidente electo de AILA.
Nieblas también dijo que los jueces que ven los procesos de inmigrantes detenidos “siguen negando fianzas” y que en algunos casos han fijado montos de $25 mil dólares, una cifra impagable por un indocumentado.
Abogados también han denunciado que en muchos casos los detenidos llevan más de un año en los centros y no se avizora una fecha para que sus peticiones de asilo sean finalmente resueltas.
“Viven confinados, las condiciones de encierro no son las adecuadas y son tratados como criminales”, dijo a UnivisionNoticias.com la abogada Lilia Velázquez, profesora adjunta del California Western of Law de San Diego, California. Agregó que la permanencia sin papeles en Estados Unidos sigue siendo una falta de carácter civil no criminal”.
Velázquez señaló además que los detenidos en estos centros para familias “son personas que vienen huyendo de sus países a causa de la violencia, pidieron la protección de nuestro gobierno y la respuesta fue en encierro en lugares espantosos sin saber cuándo les van a responder”.
“El debido proceso no necesariamente dice que hay un limite de tiempo en el cual una persona debe salir o ser procesado”, explicó. “Aquí no estamos hablando de si tuvieron su día en corte o no, estamos refiriéndonos al respeto que deben recibir estas personas, las condiciones humanas en la que se encuentran, en hacer lo correcto”.
Bajo la ley federal estadounidense, los niños migrantes indocumentados pueden ser detenidos pero sólo por un corto tiempo antes de ser liberados o entregados a un padre o tutor. Pero si los niños vienen con uno de sus padres, el gobierno federal dice que se reserva el derecho a quedarse con ellos por períodos más largos, en algunos casos más de un año.
En 2008 el Congreso aprobó la Ley William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas de Tráfico de Personas (TVPRA, por su sigla en inglés) que prohíbe que menores migrantes que viajen solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos cuando son detenidos por la Patrulla Fronteriza. Agrega que deben ser entregados al Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés) para ser procesados y que un juez de inmigración decida sus destinos en Estados Unidos.
En 2014 la Patrulla Fronteriza arrestó a más de 66 mil niños migrantes cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) defiende el funcionamiento de los centros de detención y asegura que sus instalaciones están convenientemente equipadas con aulas, salas de juegos y proporcionan asistencia médica en el lugar.
En una declaración escrita, dijo que en los centros de detención para familias los detenidos son tratados de manera efectiva y humana, se mantiene a las familias unidas y sus casos son escuchados.
Velázquez insistió en que el debido proceso en estos casos no está en tela de juicio, sino en que “es inhumano detener a una madre y a su pequeño que huye de su país por causa de la violencia y llega a la frontera de Estados Unidos a pedir auxilio”.
El miércoles tres congresistas –Luis Gutiérrez, de Illinois; Lucille Roybal-Allard (California) y Zoe Lofgren (California)- le pidieron al DHS que ponga fin a su política de detención de familias luego que ICE anunciara cambios en la política de centros familiares.
Los tres congresistas dijeron reconocer el esfuerzo del DHS de abordar la “desilusión pública”, pero indicaron que el gobierno “no debería” estar anunciando mejoras a la política, sino poniendo en libertad a los detenidos.
"Encarcelar a los niños y las mujeres no es la respuesta”, dijeron. “Es perjudicial para el desarrollo del niño, y puede tener repercusiones graves y duraderas en la salud psicológica y el bienestar de estas familias”.
Los representantes urgieron al gobierno a “hacer lo correcto” e indicaron que las madres y los niños en centros de detención de ICE pueden ser liberados y monitoreados “mientras esperan la decisión de sus causas”.
El miércoles ICE anunció que mejorará la supervisión en los centros de detención y que aumentará la rendición de cuentas para aumentar la transparencia y el acceso de la información.
La directora de ICE, Sarah Saldaña, dijo que la agencia abrirá instalaciones adicionales para los adultos con niños mientras esperan una solución a sus casos de inmigración, y aseguró que los estándares de atención en los centros se mantendrán en “nivel óptimo”.
Entre las nuevas medidas, ICE anunció la creación de un Comité Asesor que ayudará al director de ICE y al Secretario del DHS en el tema. El consejo estará integrado por expertos en los campos de gestión y detención, salud pública, niños, servicios familiares y salud mental.
La agencia también anunció que revisará los casos de familias que llevan detenidas por más de 90 días, los que serán nuevamente revisados cada 60 días hasta que sean resueltos.
Los cambios, sin embargo, no son suficientes para silenciar las críticas. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) reiteró que el sistema de detención de inmigrantes, el cual trata a inmigrantes vulnerables detenidos como criminales, necesita reformas extensas.
“Es hora de que nuestra nación reforme este sistema inhumano, el cual detiene a individuos innecesariamente, especialmente las poblaciones vulnerables, quienes no representan una amenaza y que deberían tener acceso a protecciones judiciales y legales”, dijo Eusebio Elizondo, obispo auxiliar de Seattle y presidente del Comité sobre Migración de USCCB.
Los grupos vulnerables incluyen a solicitantes de asilo, familias y niños, y victimas de tráfico humano.
“La presunción es detener a inmigrantes como una herramienta de administración, ejecución y disuasión en vez de tomar decisiones individuales sobre las detenciones basadas en la familia y lazos comunitarios,”, dijo Monseñor Elizondo.
Bajo el sistema actual, los Obispos dicen que hay prolongada detención de solicitantes de asilo, entre ellos víctimas de la trata de personas, sobrevivientes de tortura y jóvenes madres con sus hijos.
Cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que hasta 34,000 inmigrantes son detenidos diariamente y más de 400,000 son detenidos anualmente.
La Iglesia Católica estadounidense propone como medida alternativa a la detención la asistencia de instituciones comunitarias, las cuales han comprobado ser efectivas en costo y exitosas en asegurar que los inmigrantes se presenten a sus citas ante jueces de inmigración.
“Estas son formas de crear un sistema humanitario y que también asegure que los inmigrantes están cumpliendo con la ley,” dijo el Obispo Obispo Nicholas DiMarzio de Brooklyn, New York.
Donald Kerwin, director ejecutivo del Center for Migration Studies, resaltó la prevalencia de compañías con fines de lucro, que consideran la detención como una oportunidad de negocios, en la administración de los centros de detención.
“Las políticas de detención las cuales impactan directamente a los derechos humanos y la dignidad de las personas, no deberían de ser impulsadas por motivos de ganancias. Las detenciones desperdician no solo fondos del gobierno, pero también el potencial humano de cientos de miles de personas anualmente,” concluyó Kerwin.
La organización Human Rights First lanzó la semana pasada una campaña para presionar a la Administración Obama a que ponga en libertad a las madres bajo la custodia de ICE, y recordó que algunas llevan más de un año encerradas en espera de una audiencia en los tribunales de justicia.
©Univision.com
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