WASHINGTON AP.- Para el gobierno de Estados Unidos, ¿cuánto valen las conversaciones privadas de los ciudadanos? Depende de la tecnología que se utilice, pero puede llegar a ser una fuerte suma. En la era de la vigilancia gubernamental intensa y las cortes secretas, ha surgido un tenebroso mercado multimillonario. Pagadas con dólares de los contribuyentes, pero con escasa supervisión pública, las tarifas de vigilancia que cobran en secreto las compañías tecnológicas y telefónicas varían enormemente.
AT&T, por ejemplo, cobra una “tarifa de activación” de 325 dólares por cada escucha telefónica y 10 dólares diarios para mantenerla. Empresas más pequeñas como Cricket y U.S. Cellular cobran unos 250 dólares por escucha. ¿Pero cuánto cuesta espiar a un cliente de Verizon? El gobierno debe pagar 775 dólares el primer mes y 500 dólares cada mes subsiguiente, según revelaciones del sector al representante demócrata por Massachusetts Edward Markey.
En cambio, los correos electrónicos obtenidos por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) por medio del programa que sacó a la luz el ex analista Edward Snowden probablemente resultaron gratuitos o muy baratos.
Facebook dice que no le cobra al gobierno para darle acceso. Microsoft, Yahoo y Google se niegan a revelar cuánto cobran, pero la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) descubrió que el gobierno obtiene los correos por 25 dólares, más o menos.
El sector dice que no obtiene ganancias de los cientos de miles de pedidos que recibe del gobierno cada año, y los grupos defensores de las libertades quieren que las empresas cobren.
Temen que la vigilancia le resulte demasiado barata al gobierno a medida que las compañías automatizan sus sistemas. Y si lo hacen gratuitamente, ¿eso no alentaría la vigilancia innecesaria? Pero los defensores de la intimidad quieren que las compañías revelen cuánto cobran y avisen a sus clientes cuando descubren que sus comunicaciones están siendo monitoreadas.
“No queremos que la vigilancia se convierta en una fuente de ganancias”, dijo Christopher Soghoian, principal experto en tecnología de la ACLU. Pero “siempre conviene cobrar un dólar. Crea fricción y crea transparencia” porque deja un rastro que se puede rastrear.
Independientemente del precio, el negocio de la vigilancia crece. Desde hace mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos cuenta con acceso a las redes telefónicas y de internet bajo una ley que obliga a las compañías de comunicación a brindar ayuda a las fuerzas del orden con el fin de atrapar a presuntos delincuentes y terroristas.
Más recientemente, el FBI ha presionado a compañías tecnológicas como Google y Skype para que le den acceso en tiempo real a sus servicios de comunicaciones. Y, como lo demuestran las últimas revelaciones sobre las prácticas de la NSA, el sector de inteligencia estadounidense tiene gran interés en analizar la información y los contenidos que pasan por las compañías tecnológicas con el fin de recolectar inteligencia en el extranjero.
El FBI dijo que no podía determinar cuánto gasta en reembolsos al sector porque los pagos se efectúan a través de una serie de programas, oficinas locales y fondos específicos. La agencia federal dijo en un correo electrónico que cuando un cobro le parece cuestionable, pide explicaciones y la colaboración de la compañía en cuestión para conocer la estructura de costos.
Las agencias policiales y de espionaje se han concentrado en las compañías tecnológicas desde 1994, cuando el Congreso asignó 500 millones de dólares para reembolsar a las telefónicas que adaptan sus equipos para permitir escuchas telefónicas en las nuevas redes digitales. Pero a medida que aumentaban los pedidos de datos de la Policía y las telefónicas mejoraban su tecnología, crecían los costos para satisfacer la demanda de vigilancia por parte del gobierno. Por ejemplo, AT&T dijo que dedica un centenar de empleados a estudiar cada pedido y entregar los datos.
Verizon dijo que su equipo de 70 empleados trabaja las 24 horas del día, siete días a la semana para procesar los 250.000 pedidos que recibe anualmente. Para desalentar los pedidos no pertinentes y evitar perder dinero, la industria recurrió a una ley federal que permite a las compañías recibir reembolsos por el costo de “buscar, reunir, reproducir y proporcionar” el contenido de las comunicaciones al gobierno. Esos costos deben ser “razonablemente necesarios” y de “mutuo acuerdo” con el gobierno.
A partir de esa norma, las telefónicas desarrollaron cuadros tarifarios detallados y empezaron a cobrarle a la Policía casi de la misma manera que a sus clientes.
En su carta a Markey, AT&T dijo que recibió aproximadamente 24 millones de dólares en reembolsos del gobierno entre 2007 y 2011. Verizon, que tiene las tarifas más elevadas pero que no cobra por todos los casos, reportó entre 3 y 5 millones de dólares anuales en el mismo período.
Las compañías empezaron a automatizar sus sistemas para facilitar el proceso. Soghoian, de la ACLU, halló en 2009 que la telefónica Sprint había creado una página de internet que le permitía a la Policía rastrear datos de ubicación de sus clientes inalámbricos por apenas 30 dólares por mes para acoger los aproximadamente 8 millones de pedidos que recibió en un año.
La mayoría de las compañías aceptan no cobrar en casos de emergencia como el rastreo de un niño secuestrado. Tampoco se les permite cobrar por registros telefónicos que revelan quién llamó a alguien y cuánto tiempo hablaron como los documentos de la Associated Press que obtuvo el Departamento de Justicia durante la investigación de unas filtraciones porque es fácil obtener esa información de los sistemas de cobro automáticos.
Con todo, los costos se acumulan rápidamente. Se estima que una escucha telefónica cuesta 50.000 dólares, incluyendo reembolsos y costos operativos. Un caso de drogas en Nueva York le costó al gobierno 2,9 millones de dólares.
El sistema no es una verdadera solución basada en el mercado, dijo Al Gidari, socio de la firma de abogados Perkins Coie que representa a compañías tecnológicas y de telecomunicaciones en asuntos de privacidad y seguridad. Si el FBI o la NSA necesitan información, pagarán lo que sea necesario. Pero Gidari dijo que las compañías probablemente cobran de menos porque no quieren correr el riesgo de que las acusen de hacer reclamos falsos al gobierno, lo cual conlleva multas fuertes.
Las compañías de internet tienden a cobrar de menos porque no tienen sistemas contables establecidos, y es más caro contratar personal para rastrear costos que no cobrarle al gobierno, añadió.
“El gobierno no tiene la mano de obra para analizar material irrelevante, así como los proveedores no tienen el ancho de banda para enterrarlos en actas”, dijo Gidari. “En realidad, hay bastante equilibrio y equidad, con excepción de los registros telefónicos”, que son gratuitos. No todos coinciden con esta apreciación.
En 2009, el entonces fiscal penal neoyorquino John Prather demandó a varias compañías de telecomunicaciones grandes ante un tribunal federal en California entre ellas, AT&T, Verizon y Sprint por cobrar de más a ciertas agencias federales y estatales.
En su demanda, Prather dijo que las compañías tienen la capacidad técnica de apretar un botón, duplicar la información de una llamada y transmitirla a la Policía sin mucho esfuerzo.
En cambio, cuando él era fiscal de la ciudad, dice Prather, sus empleados recibían facturas complejas llenas de tarifas irrelevantes. Esa demanda todavía está pendiente de fallo.
“Eran monstruosamente superiores a las tarifas que las empresas de telecomunicaciones podrían aspirar a cobrar por servicios similares en un mercado abierto y competitivo, y los costos cobrados a los gobiernos por las empresas de telecomunicaciones no representaban precios razonables como los define el código de regulaciones federales”, sostiene la demanda.
Las compañías telefónicas han pedido al juez que desestime la demanda. Prather ha solicitado estatus de denunciante. Si gana, podría cobrar entre el 12 y el 25% del dinero que las compañías deberán devolver.
Pared Pérez no habló de la escala de aumento que se dispondrá ni el tope de salario para los guardias y policías.
