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Por Héctor Linares
Cada año el presupuesto nacional se abre con un gran potencial de negocios para las empresas privadas. También surgen con ese instrumento, que es la guía o la pauta que el Gobierno traza acerca de su impacto en el desempeño de la economía, riesgos potenciales para quienes negocian con el Estado.
Las dos caras de la moneda: te puede ir bien, con buenas ganancias; o mal, por falta de pagos a tiempo de parte del comprador. En la relación de negocios con el Gobierno, el suplidor tiene muy pronunciadas las dos posibilidades intrínsecas del negocio: éxito o fracaso.
En promedio, una tercera parte del monto anual del presupuesto general del Estado está concebido para compras de bienes y servicios. Y una legislación, la ley 340-06, de carácter proteccionista, ordena comprar a las pequeñas y medianas empresas dominicanas hasta un 20% de la demanda de bienes y servicios de las instituciones estatales. Del presupuesto vigente, unos RD$200,000 millones son para compras de bienes y servicios. Por mandato de la Ley Mipymes, hasta unos RD$40,000 millones deberán ser adquiridos de las pequeñas y medianas empresas.
El escenario creado promete un futuro de mayor participación del sector Mipymes dentro del pastel cautivo que representa el presupuesto nacional. Las oportunidades de hacer negocio con el Estado crecen en la medida que se incrementa el valor del presupuesto. Esa “oportunidad” llega acompañada de riesgos. La asignación de compras estatales a pequeñas y medianas empresas y a personas físicas admitidas como suplidores del Estado, puede ser la vía para crecer.
Pero si no cobran a tiempo, también puede ser la causa de la desaparición, de la quiebra. En esencia, los proveedores están financiando al Estado, cuando los pagos les llegan tardíamente.
Los suplidores, especialmente los pequeños, que no reciben a tiempo sus pagos, corren el riesgo de descapitalizarse y también de que el costo financiero en que incurren se lleve el beneficio de sus ventas, por lo que corren un alto riesgo operativo si no hay un mecanismo de pronto pago. De ahí la necesidad de complementar la acción del Gobierno, de democratizar el acceso a sus demandas de bienes y servicios, con una acción de pronto pago.
“La democratización de las compras públicas ha sido un paso trascendente, pero la forma más eficaz de seguir promoviendo las mipymes como generadoras de empleos y de riquezas es logrando una cadena de pago eficaz, transparente y oportuna”, señaló Antonio Taveras Guzmán, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo (AEIH), un día después que concluyera el encuentro organizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas. La AEIH es el mayor núcleo organizado de la mediana y pequeña industria.
Por aplicación de la política de publicidad en los procesos de compra establecidos en el decreto 543-12, la cantidad de personas (físicas y morales)que se ha registrado como suplidor del Estado ha ido creciendo en forma acelerada. Estadísticas de la Dirección de Contrataciones Públicas dan cuenta que de un universo de 19,800 en agosto del 2012, aumentó a 56,096 en agosto del año en curso. En tres años se inscribieron más de 32,296 proveedores, para un aumento de un 162%.
El volumen de negocios del Estado con suplidores registrados ha ido también en crecimiento. En el año 2012 se firmaron 40,583 contratos, por un monto de RD$31,655.5 millones, subiendo en el año siguiente a 48,437 por valor de RD$56,987.7 millones. El año pasado se registraron 65,980 contratos que involucraron un monto consolidado de RD$83,436.4 millones.
Las estadísticas de Contrataciones Públicas reflejan cómo la cantidad de empresas grandes que participan en el mercado público ha ido disminuyendo, mientras aumenta el universo de las medianas y pequeñas. Durante el primer semestre del año pasado las compras estatales a grandes empresas fue de RD$3,381.55 millones, y para igual período del año en curso bajaron a RD$1,172.96 millones, para una disminución de un 65%.
El valor contratado con las empresas no grandes (que son las mipymes certificadas, personas físicas y mipymes no certificadas), pasó de un 78% en el 2012 a un 96% del monto total contratado a agosto del año en curso.
Las estadísticas muestran que el mercado público es un buen nicho de negocios para las mipymes. Además de ser un potencial para su crecimiento, también las compras públicas tienden a formalizar, a transparentar las operaciones de muchas empresas, atrayéndolas al mercado formal.
El reto
El reto, según la creencia de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo (AEIH) es “eficientizar el sistema de pago a los suplidores, pues la mayor parte son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) con serios problemas de capital trabajo”. Se basa en que los nuevos 38,000 suplidores del Estado que se han agregado en los últimos tres años a los 19,000 que ya existían, en su mayoría son mipymes o proveedores que actúan como personas físicas, que no resisten retrasos largos en el pago sin asfixiarse financieramente.
Directora de Contrataciones
La directora general de Contrataciones Públicas, Yocasta Guzmán, tiene su visión y explicación del sistema. A solicitud de elCaribe dijo que el subsistema de compras del Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) actualmente solo alcanza la etapa de adjudicación y que también permite, desde septiembre de 2012, la publicidad de las informaciones de los contratos, pero deja fuera lo relativo a su administración y por tanto la recepción y el pago.
“El portal transaccional integrará un módulo de gestión de contratos, pero es necesario concluir las mejoras que el portal recibirá”, dijo. Agregó que se ha referido desde el inicio de las reformas, a que la situación del sistema de pagos debe corregirse. “Un sistema de contrataciones que no permita a proveedores (as) programar cuándo recibirá el pago de lo entregado a la Administración, ni a la banca preparar las herramientas financieras sobre la base de unos plazos razonables, además de que puede provocar la quiebra de los más de 38 mil nuevos proveedores y mujeres, y continuar haciendo más ricos a los proveedores de siempre, que cuentan con recursos obtenidos por contratos grado a grado, suficientes para esperar , perjudica a la administración pública pues mantiene la fama de pícaro del Estado Dominicano, esa que asumimos el compromiso de cambiar porque se expande a toda la sociedad y se extrapola también a los pagos en el sector privado”, dijo la funcionaria.
Planteó que “la certidumbre en los pagos es un elemento esencial para acelerar la reforma del Sistema. Y es que los pagos en la administración pueden retrasarse por la necesidad de registro de todo el proceso, obligatorio por tratarse de recursos públicos; pero también porque impere el tráfico de influencia o el cobro de sobornos que se aumentan, según rumores, cuanto más antigua sea la deuda. La certidumbre de un plazo máximo para realizar los pagos es indispensable”, agregó.
La directora de Compras y Contrataciones Públicas, al referirse al tema, detalló esas ventajas de la certidumbre de pago. “En primer lugar, porque afecta totalmente la eficiencia del sistema, ¿cómo puede hablarse de mejora de la calidad del gasto cuando el proveedor debe incorporar el financiamiento que debe hacer a la administración?; segundo, porque no permite que la banca privada provea herramientas financieras con condiciones favorables y adaptadas a las necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, y de las mujeres; y tercero, es el mejor aliado contra la corrupción en el momento que vive el sistema de compras”.
