“Por lo tanto, en el fondo, es probable que la medida tomada por el presidente prevalezca.”
La batalla por la acción ejecutiva que el Presidente Barack Obama anunció en noviembre del año pasado no termina con el fallo emitido por el juez federal de Texas Andrew S. Hanen: recién comienza, advierten analistas.
“Hanen emitió un interdicto que bloquea temporalmente la entrada en vigor de DACA y DAPA, pero el juez no ha emitido un fallo en torno a la constitucionalidad de dichas acciones”, dijo a UnivisionNoticias.com Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice.
La acción ejecutiva de Obama protege de la deportación a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida de los dreamers (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010 y eliminaba el límite de edad.
Ambos grupos calificaban para pedir el freno de sus deportaciones y un permiso de trabajo renovables cada tres años.
A guerra avisada no hay muertos
Para el profesor Roberto Izurieta, director del departamento de Política Latinoamericana de la Universidad George Washington, el dictamen del juez Hanen “es el primer resultado de una bien advertida batalla legal en muchos estados orquestados por líderes conservadores relacionados con el Tea Party (Partido del Te) y el Partido Republicano”.
Agregó que “detendrá el proceso pero no creo que lo impida”. Y advirtió que “lo volverá más complicado y más riesgoso para los inmigrantes indocumentados para registrase, lo cual es de por sí un gran reto”.
Izurieta, sin embargo, señala que este tipo de dictámenes “tampoco será el último tropiezo” para la acción ejecutiva, y teme que “sólo se trata del principio de múltiples batallas legales a todo nivel”.
“No soy abogado pero pienso que el Gobierno ganará. Caso contrario no lo habría hecho”, anunciar la medida el pasado 20 de noviembre.
Interactivo: Dos años de la Acción Diferida
De la demanda entablada por 26 estados, 24 de ellos gobernados por la oposición, Izurieta dijo que “políticamente deja cada vez más claro que los republicanos no defienden los intereses de los inmigrantes, cosa que, temo que algunas organizaciones pro inmigrantes no lo tienen muy claro”.
“¿Cuántas más evidencias necesitarán?”, preguntó. “¿O estarán en realidad trabajando para otros intereses que no son los de inmigrantes indocumentados que quieren regularizar su situación?”
Obama tiene autoridad legal
Para Stephen W. Yale-Loehr, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Cornell, el interdicto preliminar del juez Hanen se tata de una medida “temporal” y al final del día la acción ejecutiva de Obama prevalecerá en la demanda interpuesta por 26 estados.
“A pesar de la retórica antiinmigrante en las 123 páginas de la opinión del juez, la orden judicial es temporal y en sí es estrecha, y se centra en la supuesta falta cometida por la Administración para seguir los procedimientos adecuados”.
Yale-Loehr insiste en que Obama tiene una “gran autoridad legal” para haber actuado administrativamente en materia de inmigración”.
También mencionó que el mandatario tiene autoridad ejecutiva amplia para dar forma a la aplicación y el cumplimiento de las leyes de inmigración, incluyendo el ejercicio de la discreción procesal para diferir deportaciones. “Por lo tanto, en el fondo, es probable que la medida tomada por el presidente prevalezca".
En noviembre del año pasado, tras el anuncio de la acción ejecutiva, Yale-Loehr dijo que “los tribunales federales han señalado, con frecuencia, que el presidente tiene autoridad ejecutiva amplia para dar forma a la observancia y la aplicación de las leyes de inmigración, incluyendo el ejercicio de la discreción procesal para diferir deportaciones y racionalizar ciertas adjudicaciones”.
Celebran el fallo de Hanen
En las filas republicanas las opiniones son diferentes. El Procurador General de Texas, Ken Paxton, comentó que el fallo emitido por el juez Hanen “es un triunfo para la Ley” y resaltó que el dictamen ordenó detener por completo la acción de inmigración unilateral del Presidente Obama.
Dijo además que la demanda de 26 estados consiste en una “lucha” contra el intento del Presidente “para unilateralmente conceder amnistía a millones de inmigrantes indocumentados”.
“Esta decisión es un triunfo para la ley en Estados Unidos y un primer paso crucial para frenar el desorden del Presidente Obama. La acción del Presidente, tanto unilateral como inconstitucional, fue una afrenta a todos que buscan una vida de libertad y oportunidad en Estados Unidos de la manera correcta”.
Paxton agregó que “esta orden de restricción hace claro que el Presidente no hace la ley por sí mismo, y debe trabajar con nuestros líderes elegidos en el Congreso y satisfacer a las cortes de la manera que concibieron nuestros Padres Fundadores".
En similares términos se refirió al fallo el presidente del Congreso, John Boehner (Ohio). “El presidente dijo 22 veces que no tenía la autoridad para tomar este tipo de acciones” migratorias y al final “lo hizo”.
Boehner dijo que el partido seguirá con la demanda y anuncio que el Senado comenzará a debatir el proyecto de ley para financiar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en lo que resta del año fiscal 2015.
La iniciativa de ley mencionada por Boehner es la misma aprobada por el Senado en enero e incluye dos enmiendas que caducan la acción ejecutiva e impiden que el DHS use fondos para tramitar solicitudes de indocumentados que califican para el programa.
El Consejo Nacional de La Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), la principal organización hispana de Estados Unidos, dijo que el dictamen preliminar contra la acción ejecutiva era “el resultado de una demanda por motivos políticos”.
Janet Murguía, presidenta y directora general de La Raza, dijo que “es seguro de que esta decisión no será firme” y alentó a todos los candidatos elegibles para DACA y para DAPA que sigan reuniendo los requisitos para presentar sus solicitudes una vez las cortes levantes el freno judicial.
"No estamos de acuerdo con la decisión del tribunal y creemos que una Corte superior reafirmará la legitimidad de alivio administrativo y ponerse del lado de los innumerables estudiosos del derecho quienes afirman que el presidente tiene autoridad para actuar", agregó.
Murguía dijo además que los programas DACA y DAPA “se encuentran entre las soluciones de sentido común en materia de inmigración”, y que los intentos por desmantelar ambos programas constituyen un ataque a las familias estadounidenses.
La presidenta de La Raza dijo además que los responsables de la demanda harían un mayor servicio a sus estados “si dedicaran sus energías en lograr que sus delegaciones en el Congreso actúen y aprueben una reforma migratoria”.
“La decisión de Hanen es sólo un retraso”, dijo Murguía. “Estamos muy seguros de que persistirá la voluntad para seguir adelante. Mientras tanto, es importante que quienes son elegibles para la acción ejecutiva continúen con la recolección de todos los materiales necesarios para preparar y presentar sus solicitudes en cuanto arranque el programa".
Además de Texas, la demanda contra la acción ejecutiva fue interpuesta por Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, West Virginia y Wisconsin.
