Por Jorge Cancino -
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció el miércoles una nueva serie reformas a los centros familiares de detención migratoria de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), incluido el acortamiento del periodo de encarcelamiento y la fijación de fianzas más pequeñas.
El anuncio, sin embargo, fue considerado insuficiente por congresistas demócratas, quienes piden el cierre inmediato de las instalaciones y la liberación de los cientos de detenidos, mientras que abogados estimaron que la postura era un paso necesario.
El lunes y martes un grupo de ocho representantes, entre ellos Joaquín Castro (Texas) y Luis Gutiérrez (Illinois), visitaron los centros de detención de ICE de Karnes City y Dellay en el sur de Texas, para informarse en el terreno de las condiciones en las que viven cientos de madres y niños encerrados en espera que las autoridades migratorias resuelvan sus casos.
Los congresistas consideran “inaceptable” que el gobierno tenga detenidos, algunos durante más de un año, a personas que llegaron a la frontera del suroeste de Texas como refugiados en busca de asilo.
Entre los cambios anunciados por Johnson se cuenta el cambio a la fijación de fianzas de liberación para que éstas sean “razonables y realistas” tomando en cuenta la capacidad de las familias migrantes para cubrir el monto.
En algunos casos las fianzas oscilan entre $5 mil Y $8 mil dólares por persona, pero la información sobre los montos es confusa.
Johnson también instruyó a los agentes de ICE a llevar a cabo entrevistas con los inmigrantes detenidos en un tiempo razonable, acortar el periodo de detención de familias que soliciten refugio y que la agencia se asegure que madres y niños comparezcan en las cortes migratorias.
La abogada Lilia Velázquez, profesora adjunta del California Western of Law de San Diego, California, consideró un buen paso el anuncio de Johnson y recordó el fallo de un juez de distrito de California que en abril que dictaminó que la política de detención de madres y niños viola el acuerdo judicial alcanzado en 1997 en el caso “Flores versus Meese”, que prohíbe la detención de menores de edad en instalaciones restrictivas.
“Todos deberían ser puestos en libertad de inmediato y no lo han hecho”, indicó.
“Hay precedente legal para liberar a estas mujeres y niños y cerrar los centros”, dijo Velásquez. “Nos preguntamos por qué tras la crisis de niños migrantes en la frontera el año pasado, el gobierno liberó a unos y mantuvo detenidos a otros. No tenemos las respuestas todavía”.
A finales de octubre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su siglas en inglés) reportó que el número de detenciones de niños migrantes indocumentados sobrepasó los 66 mil, la mayoría procedentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Poco más del 95% fueron liberados y el resto enviados a centros de detención de ICE y otros administrados por el Departamento de Salid y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés).
Además de la fijación de fianzas más accesibles y acelerar los casos, Johnson dijo que la permanencia de los centros de detención facilitará la identificación y deportación de individuos que no justifiquen una solicitud de refugio.
“Nuestra gran esperanza es que las familias centroamericanas escucharán nuestros llamados reiterados para encontrar un camino seguro y legal para la migración de sus niños a Estados Unidos”, manifestó.
El grupo de congresistas demócratas que visitó los centros de detención de ICE en Texas dijo que si bien se trata de un paso en la dirección correcta, la solución final debe ser el cierre completo de estas cárceles.
“No se puede encarcelar a un niño por un año. Eso es inaceptable”, dijo Gutiérrez.
La representante Zoe Lofgren (California), quien además es abogada de inmigración, señaló que los centros de detención deben ser cerrados y remplazados por un sistema más barato de manejo de casos, y que el gobierno debe asegurar que las personas comparezcan en sus procesos migratorios.
El costo de detención migratoria asciende a unos $125,000 dólares por persona al año. Una madre y un niño cada año representa un costo de un cuarto de millón de dólares, apuntó la congresista.
ICE había dijo en mayo que revisaría todos los casos de familias que han permanecido detenidas por más de 90 días, pero el grupo de legisladores dijo, tras la visita, que eso no ha sucedido.
Castro dijo que una solución intermedia sería que el gobierno libere a las familias sin necesidad de pagar fianza, en tanto esperan presentarte ante un juez de inmigración.
“Es una de las soluciones que se esperan”, dijo Velásquez. “La otra es permitir y conseguir que abogados vayan a los centros para que cada una de estas familias tenga un represente que las acompañe a la corte y le digan al juez que los deje salir bajo libertad condicional sin fianza, y de esa forma disminuir drásticamente el número de niños y mamás en los centros de ICE”.
“Por si solas estas personas no son representadas, estas personas no tienen quién abogue por ellas. Es por eso que vale la pena preguntarle al gobierno por qué tiene a estas familias en estos centros. Ellos (ICE) argumentan que tal vez son un riesgo y que se van a desaparecer si los sueltan y que jamás los volverán a ver. Pero entonces, ¿qué criterios utilizaron para dejar libres al 95% de los mas de 66 mil que fueron detenidos el año pasado?”, se preguntó.
“Están actuando casi en contra de sus propios intereses económicos”, se respondió. “Es un tema delicado. Pero vea, la respuesta del gobierno el año pasado fue abrir más centros de detención y no liberar a más personas, gastar mas dinero y contratar mas personal. Esa es parte de la razón por la cual estas personas están detenidas”.
Velásquez también dijo que la respuesta del gobierno “a este problema” obedece a la presión de los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados y congresistas. “El ruido hizo que el gobierno ceda y cambié. Eso es una buena señal”.
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