BBC Mundo-.-El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, aseguró este domingo que no está vinculado con el caso de corrupción conocido como “La Línea”, rechazó dimitir y pidió disculpas al pueblo guatemalteco.
Acosado por un escándalo de corrupción, el gobierno del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, pende de un hilo.
Aunque los pedidos de renuncia no han hecho más que incrementarse en los últimos días, Pérez Molina se mantiene firme y en un breve mensaje en cadena nacional en la noche del domingo descartó dimitir.
“No renunciaré y con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley corresponda”, aseguró el mandatario.
Se han hecho “señalamientos graves que pretenden vincularme con el caso conocido como La Línea”, aseguró.
“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación”, indicó el presidente quien dijo sufrir un “embate político y mediático”.
“Mi conciencia está tranquila. Daré la cara y demostraré frente a la institucionalidad (…) mediante el debido proceso que no he sido parte ni mucho menos receptor de esos fondos mal habidos en perjuicio del pueblo guatemalteco”.
“Esto ha acontecido en mi gobierno y por funcionarios cercanos o a los que designe. Esto me obliga a pedir una disculpa pública (…) a pedir perdón a los guatemaltecos”, agregó.
El caso
El cerco sobre el presidente se estrechó en las últimas horas luego de que el viernes fuera acusado por la fiscalía de liderar una red de defraudación fiscal.
La Fiscalía General solicitó el viernes ante la Corte Suprema el inicio de un antejuicio para retirarle la inmunidad a Pérez Molina, de 64 años.
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Roxana Baldetti, dimitió a su cargo de vicepresidente en mayo, y fue detenida este viernes por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como “La Línea”.
Roxana Baldetti, dimitió a su cargo de vicepresidente en mayo, y fue detenida este viernes por su presunta participación en el escándalo de corrupción conocido como “La Línea”.
El mismo día su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fue arrestada por su participación en el caso llamado “La Línea”, una red de funcionarios y empresarios que presuntamente cometieron delitos contra el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Baldetti, quien renunció el 8 de mayo, fue detenida en una clínica privada y luego fue remitida a un cuartel militar de la capital.
La orden de detención contra la exvicepresidenta fue emitida por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.
Funcionarios judiciales y un organismo avalado por la ONU desmantelaron en abril una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir el pago de impuestos de aduana.
La investigación ha estado liderada por Iván Velásquez, un exmagistrado colombiano que lidera la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas.
La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo adscrito a Naciones Unidas, y la fiscalía del país revelaron la investigación, que comenzó en mayo de 2014, de 40 casos de cobros ilegales y contrabando que operaba en las aduanas del país, dependientes de la SAT.
La red de corrupción operaba desde hacía más de un año y tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco.
“La documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las intercepciones telefónicas disponibles”, aseguró la fiscal general Thelma Hernández, “llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea”.
“Hasta el momento de hoy encontramos en toda la organización y organigrama (de la defraudación) la muy lamentable participación del señor presidente de la República y la señora Roxana Baldetti”, aseguró el viernes el comisionado de Cicig, el exjuez colombiano Iván Velásquez.
El comisionado aseguró que en las más de 80.000 escuchas telefónicas realizadas en el marco de la investigación y en los más de 5.000 mensajes de correo electrónico revisados existían referencias a “el uno” y “la dos”, que corresponderían a la participación de Pérez Molina y Baldetti.
La fiscal general, Thelma Aldana Hernández, aseguró el viernes que existe una alta posibilidad de la participación de Pérez Molina.
Cientos de personas se manifestaron este domingo frente a la Casa Presidencial para pedir la renuncia del presidente.
“La documentación incautada en los allanamientos en conjunto con las intercepciones telefónicas disponibles”, aseguró Hernández, “llevan a considerar como probable que el señor presidente de la República haya participado en la comisión de las mismas conductas punibles por las que han sido acusadas las personas que integraban la organización criminal denominada La Línea”.
En caso de que la Corte Suprema apruebe el antejuicio, todavía es necesario que el Congreso emita su consenso para retirar la inmunidad al presidente.
Los parlamentarios ya rechazaron el 13 de agosto levantar su inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia.
De hacerlo, el Ministerio Público podría investigarlo aunque si no se solicita su captura, podría seguir seguir en el cargo.
Meses de protestas
Desde la revelación del escándalo de corrupción, la capital del país ha sido escenario de manifestaciones para pedir la renuncia del presidente.
Cientos de personas se manifestaron este domingo frente a la Casa Presidencial para pedir la renuncia del presidente.
En los actos más concurridos, se estima que hasta 60.000 personas participaron, movilizaciones que el país no había visto en al menos tres décadas.
“El sistema ya colapsó, nuestra democracia no da los resultados necesarios y este ya es un Estado fallido”, aseguró, “más importante que la renuncia será cómo salimos de esta vorágine de corrupción”.
