El Supremo italiano confirma la condena de cárcel a Berlusconi.
Se trata sin duda de una sentencia histórica. Nunca hasta ahora Silvio Berlusconi había recibido una condena definitiva. Sus 34 procesos judiciales en las últimas dos décadas se habían ido desmoronando en virtud de prescripciones, amnistías o leyes confeccionadas a su medida por sus propios gobiernos, pero la frenética carrera del tres veces primer ministro por escapar de sus delitos, intentando hacer creer a toda la nación de que solo se trataba de un ajuste de cuentas político, ha terminado abruptamente.
El Tribunal Supremo confirmó la condena de cuatro años de cárcel a Silvio Berlusconi, de 76 años, por fraude fiscal en el llamado caso Mediaset y dispuso que la Corte de Apelación de Milán vuelva a calcular la pena de cinco años de inhabilitación para cargo público.
Aunque el político y magnate no tendrá que pisar la cárcel –por edad y porque la condena quedará reducida a un año tras serle aplicada la ley de indultos de 2006–, sí deberá permanecer una temporada en arresto domiciliario o cumpliendo trabajos para la comunidad.El fallo deja desarbolado al centroderecha italiano y en peligro de derrumbe al gobierno de coalición presidido por Enrico Letta.
A las 19.30, después de más de seis horas de deliberación, Antonio Esposito, presidente de la sección de vacaciones del Tribunal Supremo italiano, leyó el veredicto. Silvio Berlusconi y los otros tres imputados –los exdirigentes de Mediaset Daniele Lorenzano y Gabriella Galetto y el productor cinematográfico Frank Agrama— resultaban finalmente condenados por aumentar artificialmente el precio de los derechos de transmisión de películas estadounidenses en Italia con el fin de evadir dinero al fisco y desviarlo a cuentas en el extranjero.
La condena de cuatro años de prisión a Berlusconi —que esta noche la consideró “privada de todo fundamento” y expresó su intención de no renunciar a la política— marca el final de siete largos años de proceso –“una pesadilla nocturna”, según sus abogados–, pero sobre todo quiebra las alas de quien se resistía a traspasar el liderazgo del centroderecha italiano, convencido de que si alguna posibilidad tenía de driblar a la ley era a través de la presión del poder.
De hecho, durante los últimos meses, tanto él como sus representantes en el Gobierno de Enrico Letta han venido dejando claro –aunque no siempre de forma explícita—que el futuro de la gobernabilidad de Italia dependía de la inmunidad de Berlusconi.
El líder del PDL intentó incluso que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se involucrase en su campaña de presión a la magistratura, pero a la vista está que no obtuvo resultados. Sobre el papel, el caso Mediaset no era el más grave de los que aún tenía pendientes –ahí está la condena en primera instancia a siete años de cárcel por inducción a la prostitución y abuso de poder en el caso Ruby–, pero el peligro de prescripción terminó por resultar fatal para sus intereses.
La condena en primera instancia llegó en octubre de 2012, mientras el líder del Pueblo de la Libertad (PDL) se había hecho un lado de la primera línea política mientras su partido apoyaba el gobierno técnico de Mario Monti. De hecho, la sentencia fue la excusa para olvidarse de la jubilación, hacer caer al gobierno técnico y propiciar unas elecciones en la que volvió a desempeñar un rol fundamental.
La condena en segunda instancia llegó solo seis meses después, en mayo de 2013, justo en el momento en que Berlusconi saboreaba el poder recobrado. A pesar de perder las elecciones, el candidato del centroizquierda, Pier Luigi Bersani, había fracasado en su intento de formar un gobierno progresista – el Movimiento 5 Estrellas (M5S) de Beppe Grillo se había negado a cualquier acuerdo—y al final el presidente de la República, Giorgio Napolitano, forzó un gobierno entre el centroizquierda y el centroderecha.
Berlusconi estaba feliz, por cuanto esperaba que su papel como apoyo indispensable para la gobernabilidad de Italia le facilitase algún tipo de extraño salvoconducto para driblar sus numerosos problemas con la justicia.
Pero entonces llegó el definitivo jarro de agua fría. Ante el peligro de que parte de los delitos por los que había sido condenado en primera y segunda instancia prescribiesen durante el verano, la sala de vacaciones del Tribunal Supremo tomó cartas en el asunto.
Ni qué decir tiene que también en esto Berlusconi vio la mano de “los jueces comunistas” que querían dejarlo en el arroyo. Aunque los abogados del Cavaliere –ahora puede perder el título concedido por la presidencia de la República—aseguran que no hay ninguna prueba, los jueces aseguran que el magnate tiene una “propensión a cometer delitos”.
Según el texto de la condena en segunda instancia, “los derechos audiovisuales pasaban de mano en mano y se aumentaban de modo injustificado. Se trataba de traspasos carentes de una función comercial. Servían solo para que se elevara su precio”. La compra de derechos por parte de Mediaset ascendió a cerca de 470 millones de euros entre 1994 y 1999. Los magistrados calcularon que la “evasión muy considerable” perpetrada por Mediaset pudo superar los 12 millones de euros entre los años 2000 y 2003, coincidiendo con el segundo Gobierno de Berlusconi.
Además de a Berlusconi, el tribunal de apelación de Milán también confirmó la condena a tres años de prisión del productor estadounidense de origen egipcio Frank Agrama – considerado el socio oculto de la trama– y la absolución del presidente de Mediaset, Fedele Confalonieri.
Ahora, el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia y, de paso, abierto una gran interrogante sobre el futuro inminente de la política italiana.
Las largas horas de tensa espera –que el autodenominado ejército de Silvio pasó a las puertas del palacio Grazioli, residencia romana del político— sirvieron para volver a constatar la surrealista situación de la política italiana, que dos décadas después sigue dependiendo de Silvio Berlusconi.
Pero lo más increíble de todo es que quienes tal vez más temían una condena del líder del PDL eran sus ancestrales enemigos políticos, convertidos ahora en sus socios de Gobierno.
El sector del Partido Democrático (PD) que apoya la línea oficial representada por el primer ministro Enrico Letta no solo estaba preocupado porque una sentencia adversa provocara el fin del apoyo de Berlusconi al gobierno de coalición, sino sobre todo que los sectores del centroizquierda más críticos con el acuerdo tuvieran el argumento definitivo para hacer saltar la extraña mayoría: ¿se puede permitir el PD liderar un gobierno gracias al apoyo de un condenado en firme por evasión fiscal?
Fue firmado por la directora general de Contrataciones Públicas, doctora Yokasta Guzmán Santos, y el director general de Contabilidad Gubernamental, licenciado Daniel Omar Caamaño.
