SANTO DOMINGO (EFE).- La inclusión de la República Dominicana en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la discriminación que, según afirma, viven los haitianos en territorio nacional, revivió este espinoso tema, causa de diversas desavenencias entre ambos países.
El pasado mes de abril la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), presentó su informe anual, que en esta ocasión incluyó a la República Dominicana junto a Venezuela y Cuba entre los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una “atención especial”.
En el caso de la República Dominicana, que por primera vez figura en la “lista negra”, la CIDH alertó de “la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
El informe salió a la luz cuando el país daba por superada la crisis que vivió con Haití a raíz de la polémica sentencia dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional dominicano, que estableció los parámetros para adquirir la nacionalidad y que afectó sobre todo a los hijos de indocumentados haitianos.
En medio de aquel conflicto, el Gobierno dominicano puso en marcha entre 2014 y 2015 el Plan de Regularización de Extranjeros, en el que se inscribieron 249.950 personas, según cifras oficiales.
De los inscritos, 244.366 son ciudadanos haitianos, confirmó tras el informe de la CIDH el ministro de Interior, Carlos Amarante Baret, quien aseguró que a estos nacionales “se les ha respetado su condición humana” y cuyo registro se hizo gratuitamente y poseen un estatus migratorio debidamente regularizado.
El Gobierno, a través de diferentes funcionarios, ha criticado la decisión de la CIDH, que, sin embargo, fue saludada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que asegura que en la nación persiste la discriminación hacia los haitianos.
Una comisión del Ejecutivo se reunió la semana pasada en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para expresar su rechazo.
Para el gobierno dominicano, la decisión de la CIDH es “totalmente desproporcionada y no tiene ninguna base ni justificación razonable”.
“Lo que hace es poner de manifiesto la actitud prejuiciada y sectaria del citado organismo frente a la República Dominicana”, según un comunicado de la Presidencia dominicana que dio cuenta de la reunión entre la delegación oficial y Almagro.
Por su parte, la Cámara del Senado, controlada por el oficialismo, aseguró este miércoles que el análisis contradice la verdadera situación del haitiano en el país, y consideró que la CIDH “pretende ignorar” que el Gobierno dominicano ha impulsado leyes, decretos y recursos para mejorar un drama (la situación en Haití) “incubado con la complicidad” de esos mismos organismos internacionales.
Mientras que la presidenta de los Diputados, Lucía Medina, hermana del jefe de Estado del país, lamentó ayer que el informe se divulgara un día antes de que la República Dominicana y Haití firmaron un acuerdo para reactivar la Comisión Mixta Bilateral, creada en 1996 para impulsar las relaciones económicas.
Precisamente, el pasado viernes el canciller haitiano, Antonio Rodrigue, encabezó en Santo Domingo el inicio de entrega de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a miles de compatriotas que viven en la República Dominicana.
En la República Dominicana residen decenas de miles de haitianos, la mayoría de ellos en situación irregular, un tema que ha causado diversas crisis entre los dos países, que comparten la isla caribeña La Española.
Para el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, en vez de criticar el informe el Gobierno del presidente Danilo Medina debería designar una comisión y analizar el fondo del informe que, a su juicio, “se quedó corto” ante “la realidad” de la violación de los derechos humanos en el país, según dijo en declaraciones a Efe.
El Ejecutivo, señaló el activista, debe dar respuestas también a los casos de ejecuciones extrajudiciales, impunidad y la inseguridad ciudadana, temas pendientes en el país y donde, además, aseguró, se sigue discriminando a las personas por su color de piel aunque el Gobierno insista en rechazarlo.
