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Por Jorge Cancino - @cancino_jorge
“Este dictamen reafirma más el odio en contra de los inmigrantes, es un castigo injusto.”
Un panel de jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans falló el martes en contra de un recurso de emergencia interpuesto en marzo por el Departamento de Justicia y mantuvo la suspensión de la acción ejecutiva. La acción ejecutiva ampara de la deportación a unos 5 mil
lones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.
"Es una noticia inesperada, terrible", dijo a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández. "Significa que no hay por ahora acción ejecutiva, que se mantiene el fallo del juez Andrew S. Hanen dictado el pasado 16 de febrero".
Del siguiente paso que puede dar el gobierno, Hernández dijo que tiene dos caminos: "Esperar la audiencia de junio donde las partes expondrán sus argumentos para ver la demanda completa, o acudir a la Corte Suprema de Justicia".
"El gobierno tiene ahora que decidir qué hará", dijo Hernández. "No sabemos el paso a seguir. Mientras, millones de indocumentados siguen con miedo a ser deportados", dijo.
El abogado Alvaro Huerta, del National Immigration Law Centr (NILC), dijo que "estamos decepcionados con la decisión de la Corte. Esperamos ahora la audiencia que analizará la demanda completa”, agregó.
Repuesta de la Casa Blanca
La Casa Blanca no tardó en emitir una respuesta al fallo de la Corte de Apelaciones del 5to, Circuito.
"Este día dos jueces eligieron malinterpretar los hechos y el derecho al negar la solicitud del gobierno para una estancia”, dijo Katherine Vargas, vocera de la Casa Blanca en un comunicado. “El juez Stephen Higginson, sin embargo, reconoció que la acción ejecutiva de inmigración del presidente Obama es plenamente compatible con la ley”, agregó.
Vargas dijo además que la acción ejecutiva fue diseñada para reparar un “sistema de inmigración que se encuentra roto”, para fortalecer la economía “y mantener nuestras comunidades seguras”.
Señaló que 15 estados y el Distrito de Columbia, empresas líderes, fuerzas de orden locales y funcionarios electos, educadores, líderes religiosos, académicos, abogados y otros sectores representativos de la comunidad “han pedido a los tribunales que la acción ejecutiva sea implementada teniendo en cuenta los importantes beneficios económicos y de seguridad pública” que conlleva la medida.
Fuentes de la Administración dijeron que el Departamento de Justicia está evaluando el fallo y considerará cualquier paso apropiado.
Citaron además una de las opiniones emitidas por el juez Higginson en el sentido que las acción diferida existe desde hace medio siglo y que refleja en su larga data un acto de conveniencia administrativa y reconocido por la Corte Suprema como un ejercicio adecuado de discreción del Ejecutivo.
En Miami, Florida, la noticia cayó como un balde de agua fría. "Es terrible, devastador para nuestra comunidad", dijo a UnivisionNoticias.com Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fratrnidad Americana. "Este dictamen reafirma más el odio en contra de los inmigrantes, es un castigo injusto para la gente buena de nuestro país".
La activista dijo además que "han perdido la razón, no se dan cuenta de lo que significa. Los inmigrantes han hecho grandes aportes a Estados Unidos. Es increíble que hagan esto, son unos insensibles. ¿Donde esta la justicia?", preguntó. Ella misma respondió: "Todo esto es irracional".
Del futuro de la lucha por derechos para los 11 millones de indocumentados que viven en el país, Sándigo dijo "no nos vamos a detener, no nos quederemos con los brazos cruzados. Tarde o temprano vamos a triunfar y lograr que el Congreso apruebe una reforma migratoria comprensiva".
“No pensábamos que la Corte de Apelaciones daría otro dictamen. Estamos hablando de una corte demasiado conservadora”, dijo a UnivisionNoticias.com Gabriela Pacheco, directora ejecutiva de The Bridge Project y una destacada activista dreamer. “Desafortunadamente muchas personas que leímos los argumentos del gobierno, sentimos que estps no eran muy fuertes y que la Administración Obama no estaba empujando el caso como debería haberlo hecho para ganar”.
A pesar de la mala noticia, Pacheco recomendó a la comunidad inmigrante “no bajar la guardia” y estar preparados “para reclamar nuestros derechos, saber que somos elegibles para este beneficio y en caso nos detengan pedir la discreción para no ser deportados”.
Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Cornell y autor de unos 20 libros sobre inmigración, advirtió que el fallo de hoy de la corte de apelaciones es sobre una medida preliminar de un tribunal de distrito y “no el fondo” de la demanda entablada por 26 estados y apelada por el gobierno.
"El tribunal de apelaciones se limitó a declarar que el tribunal de distrito (de Brownsville, Texas) no cometió un error”, dijo Yale-Loerhr y señaló que la verdadera prueba será “sobre el fondo del caso”, proceso que podría dilatar años.
"No estamos de acuerdo con la decisión miope de la corte (de apelaciones) y lamentamos la confusión, la ira y la decepción que se moverá entre las millones de familias que han pasado gran parte de sus vidas subyugados por las leyes de inmigración injustas”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).
Salas agregó que la demanda entablada en diciembre los 26 estados “está motivada políticamente y fabricada para mantener silenciada a nuestra comunidad, temerosa y confundida”.
Aunque están decepcionados con el fallo, Salas dijo que la atención sigue fija en la reforma migratoria, que definió como “la solución a largo plazo” para sacar de las sombras a los 11 millones de inmigrantes indocumentados.
“Vamos a seguir presionando a nuestra comunidad para estar listos, y que tenga cuidado con ofertas fraudulentas” que pueden hacerlos perder todos sus derechos de permanencia en Estados Unidos, indicó.
El beneficio migratorio fue anunciado el 20 de noviembre por el presidente Barack Obama, 18 meses después que el Senado aprobara un plan de reforma migratoria y ante la inacción de la Cámara de Representantes de dar curso al proyecto.
A su vez, el sindicalista Eliseo Medina, exSecretario Tesorero del Sintidato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU), dijo a UnivisionNoticias.com que "mientras haya una persona más que muere en el desierto, un trabajador siendo explotado por su estado migratorio, una familia separada por la, deportacion o un joven que ve sus suenos truncados, la lucha va a seguir, tome lo que tome o dure lo que dure. Vamos a seguir luchando en las salas legislativas, en las urnas y en las calles hasta ganar una reforma migratoria".
En Washington D.C. el fallo de la Corte de Apelaciones del 5to Distrito causó inquietud y preocupación. "Una vez más a 5 millones de inmigrantes que son estadounidenses en todo el sentido de la palabra excepto en los documentos que lo comprueben, se les ha negado la oportunidad de contribuir amplia y totalmente a la nación que llaman hogar”, dijo a UnivisionNoticias.com Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice. “El hecho de que republicanos a todos los niveles estén haciendo todo lo posible por frenar este largamente esperado alivio, no será eventualmente olvidado ni fácilmente perdonado”, agregó.
Tras el dictamen de la Corte de Apelaciones, el gobierno de Texas emitió un comunicado en el que calificó como "victoria" la decisión del panel de jueces. “La separación de poderes y el equilibrio de poderes permanece siendo la ley del país, y esta decisión es una victoria para aquellos que están comprometidos a conservar la ley en Estados Unidos”, dijo el Procurador General Ken Paxton.
Agregó que “decirle a las personas indocumentadas que ahora ellos están en el país legalmente, y concederles valiosos beneficios gubernamentales, sería un cambio drástico a la política de inmigración".
Paxton también dijo que "el intento del presidente de hacer esto por sí mismo, sin una ley promulgada por el Congreso y sin la participación de los estados, es una infracción extraordinaria a la Constitución y las leyes de Estados Unidos. Continuaremos luchando la ilegalidad que ha caracterizado a la Administración Obama.”
Según Paxton, la acción ejecutiva permitiría que los indocumentados favorecidos sean considerados legalmente presentes y tomar ventaja de los siguientes beneficios del gobierno: permisos para trabajar, créditos tributarios, Seguro Social, Medicare, licencias de conducir, seguro de desempleo y el derecho de viajar al extranjero.
Los estados también serían obligados a financiar costos adicionales para educación, cuidado médico y cumplimiento de ley, dijo.
El gobierno ha señalado en varias ocasiones que la medida migratoria sólo incluye el amparo de la deportación y un permiso de trabajo. De los viajes al exterior, como señala Texas, advierte que sólo serán autorizados aquellos que justifiquen una razón de caracter humanitario y que los permisos podrían tardar 180 días o más.
De las licencias de conducir, cada estado tiene sus propias regulaciones y no está definido si todos los estados extenderán carné a los beneficiadios de DAPA y DACA. Lo mismo sucede con los costos para la educación y el cuidado médico.
El 3 de diciembre 26 estados, encabezados por Texas, demandaron la medida argumentando que Obama se había extralimitado en su poder ejecutivo y que la acción ejecutiva violaba la constitución.
El 16 de febrero el juez Andrew Hanen, quien preside la Corte Federal del 5to Distrito en Brownsville, Texas, frenó la activación de una parte de la acción ejecutiva prevista para el día 18 basado en que el gobierno no publicó el reglamento en el Registro Federal para recibir comentarios del público.
El 15 de marzo y tras dos recursos de emergencia y una apelación, el Departamento de Justicia decidió acudir a la Corte Federal de Apelaciones.
La acción ejecutiva ampara de la deportación a indocumentados padres de ciudadabnios y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales. También amplía la cobertura de la acción diferida de los dreamers (DACA, por su siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010.
Ambos grupos recibirán además una autorización de empleo renovable cada tres años.
Los estados que demandaron la acción ejecutiva el 3 de diciembre Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Missisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin.
Tras la reelección de Obama para un segundo mandato, la segunda semana de noviembre de 2012, un grupo bipartidista del Senado anunció que retomaba conversaciones para una reforma migratoria suspendidas en marzo de 2010.
El denominado Grupo de los Ocho (4 demócratas y 4 republicanos) escribió un proyecto de ley que el pleno aprobó el 27 de junio de 2013 con 68 votos a favor y 32 en contra.
El proyecto, basado en un fuerte componente de seguridad, incluyó una vñia de legalizaciòn para indocumentados que lleven tiempo en el paísny carezcan de antecedentes criminales.
Los favorecidos iban a entrar en un estado de residencia provisional por 10 años al término de los cuales pedirían la residencia permanente y tres años más tarde serían elegibles para solicitar la naturalización.
El liderazgo de la Cámara de Representantes desestimó el proyecto y dijo que debatiría una versión propia y por partes. Pasó el tiempo y el 20 de noviembre del año pasado Obama, ante la inacción del Congreso, anunció la acción ejecutiva como medida temporal para reparar el sistema migratorio que, coinciden demócratas y republicanos, se encuentra roto.
La Casa Blanca ha advertido que la acción ejecutiva es una medida temporal y que la solución permanente al problema de los millones de indocumentados para por el Congreso con la aprobación de una reforma migratoria integral.
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