La Nación está obligada a conservar y proteger por medio de
leyes sabias y justas la libertad personal, civil e individual así como la
propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
Toda
autoridad no constituida con arreglo a la ley es ilegítima, y por tanto, no
tiene derecho alguno a gobernar ni se está en la obligación de obedecerla.
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