EL AUTOR es mayor general retirado de la Policía y periodista. Reside en Santo Domingo.
“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres”, Platón.
La institucionalidad es el fundamento de un Estado democrático como se define la República Dominicana en el Artículo 7 de nuestra Constitución, somos un Estado Social y Democrático de Derecho.
Los recientes acontecimientos en torno a la modificación de la Constitución dominicana vigente desde el 2010, muestran claramente una violación a la misma Constitución, al Estado de derecho, inhabilita la débil democracia hasta hoy existente y patentiza la impunidad; promoviendo “el reinado de la corrupción”.
De acuerdo a la definición clásica, es antijurídico todo acto contrario al Estado de derecho establecido, siendo antijurídico la reciente “Ley 24-15, que declara la necesidad de modificar la Constitución de la República en su artículo 124”; que busca “la reelección” con el único interés de un grupo en particular beneficiarse en perjuicio antitético a los intereses colectivos y a la Carta Magna.
El acuerdo que da origen a la modificación propuesta y a la misma ley, es contaminante, primero entre el presidente Danilo Medina Sánchez y el expresidente Leonel Fernández Reyna; y segundo entre el PLD, el PRSC y PRD representados por Danilo Medina, Quique Atún y Miguel Vargas respectivamente. Para nada este acuerdo leonino y siniestro con intereses lujuriosos de poder justifica la necesidad y provecho de las mayorías. Puede que parezca bien la forma, que no es y mucho peor el fondo o fundamento, el cual da un Golpe de Estado a la democracia, a la institucionalidad y la misma Constitución.
Entorno a la ética, lo sucedido, no necesita demostración, pues, es evidente que se han violado todos los principios éticos y morales que rigen una sociedad pretendidamente democrática.
Por esa razón, solo me voy a enfocar en los artículos de nuestra Constitución e invito a toda la sociedad pensante, que aún, tiene pensamiento crítico en cabeza propia y en especial a los juristas y políticos de bien, a tomar nuestra Constitución y detenerse a analizar en profundidad los siguientes artículos, los cuales, sin duda alguna, se han violentado con los acuerdos que motiva la Ley 24-15 y ella misma en sí:
Artículo 2.- Soberanía popular
Artículo 6.- Supremacía de la Constitución
Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho
Artículo 8.- Función esencial del Estado
Artículo 22.- Derechos de ciudadanía. Acápite 1,2,3,4 y 5
Artículo 23.- Pérdida de los derechos de ciudadanía
Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Acápite 1,2 y 3
Artículo 43.- Derecho al libre desarrollo de la personalidad
Artículo 53.- Derechos del consumidor
Artículo 54.- Seguridad alimentaria
Artículo 68.- Garantías de los derechos fundamentales
Artículo 75. Acápites 11 y 12
Artículo 128.- Atribuciones del presidente de la República
Artículo 138.- Principios de la Administración Pública
Artículo 139.- Control de legalidad de la Administración Pública
Artículo 142.- Función Pública
Artículo 146.- Proscripción de la corrupción. Acápite 1 y 2
Artículo 147.- Finalidad de los servicios públicos. Acápite 1 y2
Artículo 148.- Responsabilidad civil
Artículo 212.- Responsabilidades: Junta Central Electoral
Artículo 216.- Responsabilidades: Partidos políticos. Acápite 1,2 y 3
Artículo 218.- Crecimiento sostenible
Artículo 233.- Elaboración del presupuesto
Artículo 246.- Control y fiscalización de fondos públicos
Artículo 251.- Consejo Económico y Social
Artículo 258.- Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.
Artículo 267.- Reforma constitucional. De La Asamblea Nacional Revisora
Artículo 270.- Convocatoria Asamblea Nacional Revisora.
Artículo 271.- Quórum de la Asamblea Nacional Revisora. Tiempo previsto.
Los siniestros acuerdos que recientemente gestaron los principales partidos tradicionales, pariendo la igual nefasta ley de reforma para la acostumbrada y también perversa reelección, son un “Golpe de Estado a la institucionalidad”. Con esta reforma propuesta tras oscuras negociaciones, se certifica la burla y la traición a nuestro pueblo y a la patria. Lo que deja muchas razones para indignarse y protestar. Estos cambios suscitados entorno a la reelección, además, de violentar sobre los 50 artículos constitucionales, riñe con los tratados, pactos y convenciones internacionales basados en el derecho y las relaciones internacional en general.
Todo esto lo auspició Danilo Medina malgastando, despilfarrando y corrompiendo más y más la administración pública, de la cual él es el jefe o autoridad máxima, artículo 128 de la Constitución. Esta obra maestra de la historia política dominicana viene a completar la labor devastadora y corruptora iniciada por Leonel Fernández.
Debemos exigir políticas públicas con propósitos de bienestar colectivo, con calidad de vida para todos y una administración pública éticamente saludable.
La sociedad dominicana está revirtiendo los valores éticos y cada vez menos respetamos la institucionalidad que debe fundamentarse en la aplicación y la defensa del Estado de derecho que se rige por la Constitución y las leyes, garantizando la seguridad jurídica.
Si no hay ni una de las necesidades básicas resueltas, que si son de interés colectivo. ¿No me queda del nada claro cuál es la necesidad social y democrática para establecer la reelección?
Repudio una y mil veces a los que se prestan al fatídico servicio de usar la función pública para sus intereses $$$$ particulares sin importar las necesidades básicas insatisfechas durante 171 años de historia Dominicana.
Lo que hoy pasa es el riesgo que significa gobernar sin una sociedad activa en la cosa pública y sin los pesos ni contrapesos de la oposición política.
Me gustaría que nuestra sociedad reflexionara sobre lo de no ser político, pues todos somos políticos, pero la gente piensa que es lo mismo decir: no soy político y no soy partidista. La política es la ciencia que permite organizar las sociedades en Estados con leyes y administradores públicos que son el gobierno, los funcionarios, la justicia, el congreso, las alcaldías, militares, policías, etc.; y estos son los que administran nuestros impuestos y casi siempre se lo roban o mal manejan, por no entender que la política es un asunto de todos, no solo de los políticos partidistas. Estudiemos la Constitución y demás leyes que versan sobre la función pública, para así, que defienda mejor sus derechos.
Con esta reforma propuesta y los acuerdos siniestros de partidos, se certifica la burla y la traición a nuestro pueblo y a la patria. Despertemos, hay muchas razones para indignarse y protestar.
Dios les bendiga siempre Pueblo Dominicana.
@Jttaveras
Juan Tomás Taveras
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