La Corte Suprema de Estados Unidos escuchará una apelación del gobierno de Puerto Rico que busca reestructurar la deuda de 72,000 millones de dólares que pesa sobre los servicios públicos de ese territorio.

Los legisladores de Puerto Rico aprobaron la ley el año pasado para ayudar a las empresas de servicios públicos con problemas de liquidez a cumplir con sus obligaciones con los tenedores de bonos y los acreedores.
Puerto Rico está en medio de una depresión económica de nueve años y busca medios para pagar su deuda pública.
Sin embargo, un tribunal federal de distrito falló que la ley federal de bancarrotas no permite tal medida. La Corte de Apelaciones del primer Circuito de Estados Unidos estuvo de acuerdo.
Puerto Rico sostiene que no hay nada en la ley federal que le impida promulgar sus propias leyes para reestructurar la deuda.
El caso probablemente sea analizado en marzo ante un tribunal de ocho jueces. El juez Samuel Alito no participará. El máximo tribunal del país no ofreció razón alguna sobre la ausencia de Alito.
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