NUEVA YORK.- Unos 1,823 apartamentos de la ciudad de Nueva York -que tenían alquileres con precios de mercado- pasarán al grupo de renta estabilizada, según un acuerdo anunciado el miércoles por autoridades estatales y locales que lograron con 124 propietarios que reciben jugosos beneficios de impuestos a través de la Sección 421-a.
A consecuencia de este acuerdo, los inquilinos de estas viviendas en los cinco condados disfrutarán por primera vez de las protecciones que brindan los contratos de renta estabilizada, según lo señalado este miércoles por el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman.
La recuperación de estas unidades al sistema de renta estabilizada fue –en parte- el resultado de los arreglos realizados por los propietarios con la Fiscalía General durante la investigación a la Sección 421-a.
Asimismo, otros caseros aceptaron participar en el Programa Inmobiliario de Cumplimiento Fiscal, una iniciativa de la Fiscalía General, el Departamento Estatal de Vivienda y Renovación Comunitaria, y el Departamento Municipal de Preservación de Vivienda y Desarrollo.
“Los propietarios de edificios de alquiler que aceptan estos incentivos fiscales deben cumplir con su parte del trato y ofrecer a sus inquilinos arrendamientos regulados. Ese es el objetivo de la ley 421-a”, dijo Schneiderman. “El retorno de estos apartamentos a la renta estabilizada no sólo aportará estabilidad económica a las familias que los ocupan, sino también honrará el espíritu de la ley como estaba previsto”.
El programa de alivio fiscal fue establecido este año por el estado para enfrentar las violaciones que realizaron 194 propietarios de edificios residenciales multifamiliares a las exigencias de la renta estabilizada. Ellos reclamaban que estaban operando como condominios.
A la fecha, 111 propietarios que son elegibles para participar en el programa han aceptado registrar como renta estabilizada las 1,415 unidades que poseen colectivamente y ya han notificado a sus inquilinos acerca de sus derechos.
Los caseros que han decidido no participar en el programa, y están afectando ilegalmente a sus inquilinos de renta estabilizada, enfrentan ahora posibles cancelaciones a sus beneficios tributarios considerados en la Sección 421-a por el Departamento de Vivienda Pública (HPD).
Asimismo, encaran acciones legales de las autoridades estatales (Tenant Protection Unit, TPU) y los mismos inquilinos.
El TPU comenzará a tomar acciones de fuerza para asegurar que los 52 caseros restantes –que no han registrado sus apartamentos- cumplan con la ley.
Fuente: EL DIARIO
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