Por: SANCHITO SANCHEZ
SANTO DOMINGO.- Los abogados y el Ministerio Público actuante en el caso de un secuestro de un español, piden a los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, la revocación de la garantía económica dictada a favor de dos de los secuestradores, uno de ellos involucrado también en el lavado de activos del sonado caso Figueroa Agosto.
Los acusados Kelvin Enrique Fernández Flaquer (Coto) y el haitiano Ricardeu Barjan (Dodo), favorecidos ambos por el juez de la Instrucción de La Romana, Ismael Nehemías Ramírez Santana, quien revocó, sin justificación alguna las medidas de coerción impuestas a ambos imputados, antes de la apertura del juicio de fondo que se llevaría a cabo contra éstos.
Los abogados de la defensa técnica, Jesús Fulgencio Díaz, Víctor Mercedes y Carlos Olivares, se sumaron a la petición de los fiscales actuantes Richard Güílamo Cedano, Héctor Julio Matos y Wilson Santana José, quienes recurrieron en apelación la medida del juez de la Instrucción, ya que, a su juicio, viola la normativa vigente, específicamente en lo referente a la Ley 583 que incrimina el secuestro y todas sus formas y variedades, promulgada el 25 de junio de 1970, que prohíbe la libertad bajo fianza de los acusados de este delito.
La medida será conocida por los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, este jueves 10 de diciembre, y tanto los abogados de la defensa como los fiscales, esperan que sea revocada, ya que además tienen en su contra la acusación de porte y tenencia ilegal de armas de fuego, por lo que no se explican la decisión del magistrado.
El magistrado de la Instrucción de La Romana otorgó una fianza de tres millones de pesos a Fernández Flaquer, con presentación periódica por ante las autoridades judiciales e impedimento de salida, lo que a su juicio, constituye “una flagrante violación a lo que establece el Artículo 4 de la referida ley sobre secuestro”, que establece, de manera textual que “Los acusados de violación a la presente ley no se les otorgará a la libertad provisional bajo fianza, y no serán beneficiarios de circunstancias atenuantes”.
De igual manera, cuestionan la fianza por 60 mil pesos con que fuera favorecido el nacional haitiano Ricardeu Barjan, ya que éste, afirma, no tiene documentación alguna y mucho menos domicilio conocido, por lo que violentar la medida impuesta no sería ningún problema para éste.
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