México, Raúl Vera, obispo de Saltillo, capital del norteño estado mexicano de Coahuila, denunció la complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado mediante la facilitación “a través del terror” de los crímenes llevados a cabo por los cárteles.
Las declaraciones, ofrecidas en conferencia de prensa en Ciudad de México, acompañan al informe que se entregó el pasado 6 de julio a la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, en que se documentaban crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad mexicanas en colaboración con el cártel de los Zetas.
Vera aseveró que la violencia que se vive en Coahuila “no es una casualidad”, sino solo una parte de la “criminalidad generalizada” en el país que atañe al Estado mexicano en su conjunto.“Existen condiciones estructurales en donde se ha preparado a policías y fuerzas poco reguladas, fuerzas de élite que en diferentes momentos han colaborado claramente con el crimen organizado”, argumentó el obispo.
“Es colaboración clara del Estado por medio de ataques contra la población para facilitar, a través del terror, que estos criminales hagan de las suyas”, continuó.
Fundamentó la denuncia, presentada por más de un centenar de colectivos de la sociedad civil, en informes de la Clínica Jurídica de la Universidad de Texas, que les proporcionó “casos en donde gente del crimen organizado ha denunciado (ante las cortes estadounidenses) la colaboración clara y tácita que existe por parte del Gobierno de Coahuila con ellos”.
“En Coahuila el poder se ha puesto al servicio de la criminalidad, al servicio de cárteles y personas deshonestas”, concluyó.
La denuncia que se entregó a la CPI se sustenta igualmente en decenas de testimonios de víctimas que señalan los crímenes cometidos por las fuerzas mexicanas entre 2009 y 2012 junto al grupo criminal de los Zetas.
Se recogen varios acontecimientos, entre ellos la “masacre de Allende”, en que policías de Coahuila colaboraron en una venganza del de los Zetas durante tres días en 2011.
Los crímenes cometidos en la cárcel de Piedras Negras, base operativa de los Zetas durante años, también se recogen en el documento.
El número total de casos que respaldan la colaboración entre autoridades y los Zetas asciende a 32. Sin embargo, existe un total de 562 víctimas documentadas, según recopila el informe. EFEUSA
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