Pueblo Pescadores, Las Terrenas.
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SANTO DOMINGO.- La Compañía Luz y Fuerza de Las Terrenas informó que la oficina principal de esa distribuidora fue ocupada por un contingente de hombres armados luego que la Fiscalía de Samaná le otorgara la fuerza pública, sin ninguna conciliación previa, al ciudadano francés Jacques Michel Dartout, un socio minoritario que mantiene un conflicto privado con esa distribuidora.
En un comunicado de prensa, la empresa eléctrica explica que la ocupación se produjo en horas de la tarde del viernes bajo el pretexto de una cuestionable sentencia de un tribunal de Samaná del año 2002 que fue suspendida luego de un acuerdo entre las partes que no ha sido revocado por ninguna autoridad competente.
“Por lo tanto no existe ningún fundamento legal para que el fiscal de Samaná pretenda justificar una acción tremendista y temeraria que pone en riesgo la prestación de un servicio público de primera necesidad y que constituye un grosero atentado contra el Estado de derecho y la seguridad jurídica en el país”, indica la declaración de Luz y Fuerza.
Recuerda además que el conflicto está siendo conocido en varios tribunales de Samaná y de Santo Domingo y que en ese proceso no se ha producido ninguna decisión que justifique el uso de la fuerza pública.
“Uno de los procedimientos en curso es una demanda en referimiento conocida el pasado jueves dos de octubre por la Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que deberá ser fallada en los próximos días sobre las acciones que de manera ilegítima y temeraria ha realizado el señor Jacques Michel Dartout, notificando una serie de actos y embargos que no tienen ningún fundamento y que lo único que buscan es trastornar el desempeño de la empresa para crear una situación ventajosa para negociar con los demás accionistas”, apunta la declaración.
Considera insólito que un representante del Ministerio Público, que está supuesto a representar los intereses de la sociedad, se preste a propiciar una especie de golpe de Estado empresarial, afectando un servicio de alto interés público, sin tomarse el cuidado de convocar a las partes para escuchar las dos campanas y gestionar un acuerdo razonable, como aconseja la prudencia y el sentido común.
“Pero más preocupante es que el fiscal Robert Justo haya ignorado la existencia del acuerdo firmado el tres de septiembre del 2002 entre el ingeniero José Oscar Orsini Bosch, presidente y principal accionista de la empresa, el señor Jacques Michel Dartout, quien representa el 17 por ciento de las acciones de la compañía, y el doctor Froilán Tavares, en su calidad de tercer accionista”, indica la entidad.
“Ese acuerdo, que es la ley entre las partes, tiene vigencia hasta tanto no sea declarado extinguido por una autoridad judicial competente, cosa que no ha sucedido todavía”, precisa Luz y Fuerza.
Mediante ese acuerdo, expone la nota, se otorgó plenos poderes al señor Jacques Michel Dartout para que gestionara la venta de las acciones propiedad de los suscribientes a cualquier tercero interesado, comprometiéndose a levantar y dejar sin efecto los procesos legales iniciados dentro de la entidad Compañía Luz y Fuerza de las Terrenas.
En el mismo acuerdo se establece que “para lo no especificado en el presente contrato las partes se remiten al derecho común y otorgan poder de solución al tribunal competente y aceptan los domicilios de cada parte indicados en el encabezamiento del presente acto”.
Explica que el Procurador General de la Republica, Francisco Domínguez Brito, está debidamente informado del caso y se espera una solución en las próximas horas.
EMERGENCIA
Luz y Fuerza reveló que en la mañana del sábado se produjo un accidente que afectó el servicio de energía en el sector Río Abajo de El Limón, luego que un vehículo del transporte público se estrellara contra un poste de luz en esa zona.
Anunció que a pesar de la compleja situación, el personal de emergencia de la distribuidora hizo todo lo humanamente posible para reparar la avería, aunque confrontó serias dificultades debido a que los postes de reposición estaba depositados en un almacén ubicado en la oficina ocupada por la fuerza pública.
Resalta, además, que el edificio ocupado no es propiedad de Luz y Fuerza y opera como sede de otras empresas, que están siendo perjudicadas por la situación.
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