Una corte federal analizará esta semana en Brownsville, Texas, una demanda entablada por 25 estados contra la acción ejecutiva del presidente Barack Obama que protege de la deportación a millones de indocumentados.
“Beneficia a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales.”
El juez Andrew S. Hanen, de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas, programó para este jueves una audiencia sobre las medidas anunciadas el pasado 20 de noviembre.
Hanen podría suspender temporalmente la medida mientras analiza la demanda.
La acción ejecutiva beneficia a entre 4.5 y 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes, quienes deben demostrar que permanecen en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de3 antecedent4es criminales.
También amplía la cobertura de la acción diferida de los dreamers (DACA, por sus siglas en inglés) del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010.
Los congresistas presentaron un proyecto de ley encaminado a frenar las acciones tomadas por Obama.
La demanda
El 3 de diciembre una coalición que ya suma 25 estados y que está encabezada por Texas, interpuso una demanda contra la acción ejecutiva que, además de parar deportaciones, concede a los indocumentados que califiquen autorizaciones de empleo temporales por tres años.
Los demandantes piden a la corte federal una "orden judicial preliminar" que bloquee los programas derivados de la medida mientras el tribunal analiza la querella.
La corte ha recibido en las últimas semanas recursos de “Amici Curiae” (Amigos de la Corte) de organizaciones y personas que argumentan a favor y en contra de la demanda.
Una de estas mociones fue interpuesta por el American Center for Law and Justice, grupo conservador de abogados que defiende libertades constitucionales y religiosas, a nombre de 27 miembros del Congreso, liderados por el senador republicano Ted Cruz.
La moción sostiene que la acción ejecutiva "cambia la ley y establece una nueva política, excede su autoridad constitucional y perturba el delicado equilibrio de poderes", y acusa a Obama de “extralimitación constitucional”.
Los respaldos
Entre las mociones a favor de la acción ejecutiva destaca una interpuesta por el Consejo Americano de Inmigración, la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes.
La acción ejecutiva del presidente en materia de inmigración “es constitucional porque la Constitución y el Congreso han conferido la amplia discrecionalidad del Poder Ejecutivo sobre la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos”, sostiene la moción.
Obama anunció el 30 de junio del año pasado que tomaría una acción ejecutiva en respuesta a la inacción del Congreso con la reforma migratoria y la legalización de millones de indocumentados que viven en el país.
Los estados demandantes con Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wisconsin.
El juez Hanen, el año pasado, acusó al gobierno de participar en conspiraciones criminales para llevar al país niños de contrabando al reunirlos con los padres que vivían en el país de manera ilegal.
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