Por Roberto García Hernández *
La Habana (PL) La sucesión de escándalos sobre actos de brutalidad policial en Estados Unidos parece indetenible y como bien advierten altos funcionarios de la Casa Blanca y expertos en el tema, constituye ya un problema sistémico de grandes proporciones.
Pocos días después de las manifestaciones violentas en Baltimore, Maryland, por la muerte del joven afroamericano Freddie Gray, a manos de la policía, que motivó el inicio de una investigación por parte del Departamento de Justicia, surgieron nuevas revelaciones sobre excesos de las fuerzas del orden.
En San Francisco
Esta vez fue en la ciudad norteamericana de San Francisco, California, donde las autoridades locales iniciaron una indagación sobre supuestas acciones racistas y homofóbicas de miembros del Departamento de Policía de la urbe.
Según el diario Los Angeles Times, el fiscal de Distrito, George Gascon, preside la pesquisa acerca de unos tres mil casos de conductas inapropiadas de agentes de ese cuerpo represivo que evidenciaron ensañamiento contra supuestos delincuentes solo porque se trataba de afroamericanos y homosexuales.
Los investigadores analizan los daños que sufrieron los afectados en la última década -algunos de los cuales están en prisión- para determinar si los castigos que recibieron deben ser eliminados y la posibilidad de desestimar las acusaciones contra los que tienen causas pendientes
En las acciones ilegales estarían involucrados 14 oficiales, quienes además organizaban peleas de boxeo y otros deportes de combate entre reclusos, que incluían la posibilidad de que los agentes hicieran apuestas por aquellos a quienes consideraban posibles vencedores.
Si uno solo de estos individuos fue perjudicado o está detenido por prejuicios raciales o de otro tipo por parte de la policía, ya sería demasiado, dijo Gascon, quien reconoció que estas acciones socavaron la confianza del público en el sistema, como sucedió en muchas partes del país.
Si uno solo de estos individuos fue perjudicado o está detenido por prejuicios raciales o de otro tipo por parte de la policía, ya sería demasiado, dijo Gascon, quien reconoció que estas acciones socavaron la confianza del público en el sistema, como sucedió en muchas partes del país.
El letrado añadió que varios casos ya fueron desestimados, y los fiscales hasta la fecha alertaron a los abogados defensores sobre posibles problemas en cerca de otras 60 víctimas, pero se están priorizando a quienes permanecen en prisión, pues hay otros mil 400 que estuvieron arrestados pero no procesados.
El sondeo pudiera estar listo para finales del presente año, aunque no existe un plazo definido para terminarla.
Entretanto, el jefe de la policía en la ciudad, Greg Suhr, recomendó la expulsión de seis de los 14 oficiales involucrados en los hechos, a partir de los resultados de una pesquisa inicial.
Entretanto, el jefe de la policía en la ciudad, Greg Suhr, recomendó la expulsión de seis de los 14 oficiales involucrados en los hechos, a partir de los resultados de una pesquisa inicial.
No es el único caso
El Defensor Público de San Francisco, Jeff Adachi, dijo que este no es el único caso en la urbe, se trata de un problema sistémico en la ciudad -calificativo utilizado en sumarios similares en otros territorios- y espera que los investigadores entrevisten a las víctimas de los actos discriminatorios en lugar de solo revisar los documentos.
Por su parte, el reverendo Amos Brown, miembro de la junta directiva de la Asociación Nacional por el Avance de la Gente de Color (Naacp) dijo que los afroamericanos conforman cerca del cinco por ciento de la población de la ciudad pero constituyen el 70 por ciento en las prisiones de menores que existen en esa metrópoli.
Este es un problema moral, todo el mundo es culpable, tanto republicanos como demócratas, jueces u oficiales de la policía, añadió Brown.
Las revelaciones de estas actividades ilegales en San Francisco, considerada una de las ciudades más “liberales” del país, se suman a una larga lista de actos de brutalidad policial en numerosas localidades norteamericanas.
Caso Baltimore
El caso más reciente ocurrió el Baltimore, Maryland, donde durante dos semanas se produjeron manifestaciones violentas en protesta por la muerte del joven negro Freddie Gray a manos de la policía, tras recibir heridas graves en su columna vertebral.
La alcaldesa de dicha urbe, Stephanie Rawlings-Blake, pidió al Gobierno federal una investigación sobre denuncias de acciones racistas y de brutalidad policial por parte de las fuerzas del orden y reconoció las pésimas relaciones que existen entre la comunidad y los representantes de la ley.
La solicitud no se hizo esperar, y la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció el 8 de mayo que el Departamento de Justicia inició una investigación a fondo sobre la muerte de Gray y las fallas de los organismos policiales en Baltimore, para determinar si los oficiales involucrados en esta acción criminal violaron la Constitución.
Según Lynch, la División de Asuntos Civiles de esa agencia ya realizó una veintena de estas pesquisas en los últimos seis años, con vista a mejorar las prácticas policiales y suavizar la percepción de las comunidades respecto a las entidades encargadas de hacer cumplir la ley.
En estos procesos se examinaron casos de uso excesivo de la fuerza, asedio ilegal y discriminatorio, así como arrestos, detenciones y registros ilegales. Por otra parte, varios legisladores demócratas que representan al estado de Maryland en el Congreso federal expresaron a la Fiscal General su apoyo a una pesquisa sobre los abusos policiales en Baltimore, entre ellos el senador Ben Cardin y los representantes Elijah E. Cummings, John Delaney, Donna F. Edwards y Steny Hoyer, entre otros.
Los problemas que afrontamos en nuestra ciudad no son únicos en el país, no ocurren de la noche a la mañana y requerirá mucho tiempo sanar las heridas que provocan, señaló recientemente la alcaldesa de Baltimores, Rawlings-Blake.
Arreglos extrajudiciales
El diario The Baltimore Sun reveló recientemente que el Gobierno de dicha urbe pagó cerca de seis millones de dólares desde 2011 para lograr arreglos extrajudiciales con víctimas de brutalidad policial.
La pesquisa del rotativo mostró que docenas de residentes negros recibieron golpizas que provocaron deformaciones en sus rostros y roturas en los huesos durante arrestos de cuestionable legalidad, y en la mayoría de los casos los fiscales o los jueces desestimaron levantar cargos contra los sospechosos.
A pesar del esfuerzo del equipo de Gobierno de Obama y las presiones de activistas y organizaciones defensoras de los derechos de los afrodescendientes, los escándalos de brutalidad policial contra las minorías siguen su ritmo ascendente en Estados Unidos y el caso de San Francisco es solo un botón de muestra.
Lo más probable es que no sea el último. Tal y como reconoce el propio jefe de la Casa Blanca, la desigualdad social, la falta de oportunidades y el arraigo de la cultura de la violencia conspiran contra la solución de este problema sistémico.
Más esfuerzos contra la pobreza
En ese sentido, la opinión pública norteamericana pide al Gobierno federal que se ocupe más de la lucha contra la pobreza, pues 80 por ciento de los estadounidenses están insatisfechos con los esfuerzos que realiza el Ejecutivo para combatir ese flagelo.
Así lo reveló una encuesta reciente de la empresa Gallup, que mostró además que apenas 16 por ciento de los norteamericanos manifestaron complacencia con el trabajo de las agencias federales para mejorar las condiciones de vida de los menos favorecidos en elpaís.
Según datos de la Oficina del Censo, casi 44 millones de norteamericanos viven por debajo del índice de pobreza, alrededor de 16 por ciento de la población, incluyendo el 20 por ciento de los niños de ese país.
Los estados de California y Florida están entre los de peor índice, con 23 y 20 por ciento, respectivamente, de sus pobladores en ese status.
*Jefe de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
arb/rgh
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