Lima,PERU (PL) Nuevas protestas, con un saldo de cinco policías heridos, se registraron hoy en la sureña región de Arequipa, mientras el presidente peruano, Ollanta Humala, llamó a la calma y dijo no descartar el estado de emergencia.
Los manifestantes resistieron hasta el anochecer el avance de fuerzas policiales que intentan tomar el control de la localidad de Cocachacra, principal del Valle del Tambo, en huelga desde hace 51 días contra el proyecto minero Tía María, que el gobierno apoya.
Los descontentos enfrentaban a los uniformados con piedras lanzadas con hondas y botellas, mientras la policía usaba gases lacrimógenos y descargas de perdigones. En la refriega la policía reportó cinco heridos que fueron evacuados en helicóptero.
La resistencia de los defensores del valle rebasó todas las previsiones, pues se pensaba que el envío de un millar de militares a custodiar puentes y otros puntos estratégicos disuadiría las manifestaciones.
Una concentración masiva, bloqueos de carreteras, la toma de locales universitarios y otras acciones, caracterizaron al primer día de un paro general de 72 horas en toda la región de Arequipa, en cuya provincia de Islay se ubica el Valle del Tambo.
Las movilizaciones, con gran participación de pobladores de barrios populares, continuarán mañana en la ciudad de Arequipa, capital regional, aunque el presidente Humala sostuvo que solo participa una minoría de la población.
Humala llamó a la población de Islay a restablecer la paz y retomar el diálogo en torno al proyecto cuprífero Tía María, y desestimó exigencias opositoras de que viaje a Arequipa a enfrentar el problema sobre el terreno.
Consultado sobre la posibilidad de establecer el estado de emergencia -que permite medidas excepcionales de orden público- declaró que “lo estamos evaluando, todo tiene una gradualidad”.
“Hay que hacer un llamado a la población, también a los medios de comunicación, para todos unirnos en pos de restablecer el clima de paz, y pueda haber diálogo”, con dirigentes “que realmente reflejen los intereses de Islay”, dijo en alusión a un líder de la protesta acusado de corrupción.
Aseguró que su gobierno no defiende a la empresa, sino “al estado de derecho y la normalización de actividades”, al garantizar que Tía María no afectará la agricultura como temen los agricultores.
Entretanto, la contraloría general pidió al ministro de Economía congelar las cuentas del municipio provincial de Islay y de los distritales que apoyan la huelga, ante el supuesto de que podrían usarlos para financiar las protestas.
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