*El autor es miembro del Senado del Estado de Nueva York, donde reside.
OPINION:
Este año estamos celebrando el 50 aniversario de la histórica Ley del Derecho al Voto, promulgada por el Presidente Lyndon Johnson en 1965, que prohíbe cualquier tipo de discriminación al voto basándose en la raza o en el color de los ciudadanos estadounidenses.
En la era oscura de esta nación, había estados que para poder sufragar exigían a los votantes pruebas de alfabetización o el pago de algún impuesto.
Esto limitaba sustancialmente el derecho al voto de la gente de color.
La Sección 4(b) de la Ley del Derecho al Voto contenía una fórmula que determinaba que los estados debían obtener una “autorización previa” del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para hacer cualquier cambio relacionado con el voto antes de que pudieran ser implementados.
Pero en 2013, la Corte Suprema, en respuesta al caso del Condado Shelby v. Holder, revocó la fórmula de cobertura en la Sección 4(b) de la ley, lo que la debilitó.
El Tribunal dijo que la fórmula utilizada para decidir qué estados deben tener “autorización previa” del gobierno federal para hacer cambios en sus prácticas electorales se arraigan en datos obsoletos sobre la participación política de las minorías raciales.
A pesar de que “mató” esta fórmula, el Tribunal dijo que el Congreso puede desarrollar otra fórmula para combatir la discriminación en el voto basada “en datos actuales que reflejen las necesidades actuales”.
Para abortar esta decisión del Tribunal, fue introducida en el Congreso la Ley de Avance del Derecho al Voto (Voting Rights Advancement Act) de 2015.
La pieza central de la ley propuesta por el Senador Patrick Leahy (D-Vt.) es una nueva fórmula que somete a los estados a la “autorización previa” del Departamento de Justicia si se encuentra que han cometido 15 violaciones a los derechos del voto en los últimos 25 años (o 10 violaciones si una de éstas afectó a todo el estado).
El proyecto de ley también requeriría la aprobación federal antes de que un estado pueda adoptar prácticas históricamente asociados a la discriminación, tales como un cambio en los requisitos de identificación de los votantes.
El Congreso debe celebrar este 50 aniversario de la Ley del Derecho al Voto fortaleciendo y protegiendo los derechos al voto de todos los estadounidenses, aprobando el Voting Rights Advancement Act.
Es lamentable que todavía muchos estadounidenses enfrenten barreras discriminatorias en su derecho a elegir a sus representantes en las urnas. En las elecciones presidenciales de 2016, cada voto tiene que contar, por lo que es urgente que el Congreso fortalezca la Ley de Derecho al Voto.
La discriminación en el derecho al voto debilita nuestra democracia y envía un mensaje muy negativo al mundo.
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