SANTO DOMINGO.- El PLD, PRD y el PRSC apoyaron el proyecto de ley que envió el presidente Danilo Medina al Congreso para dar un estatus legal a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en la República Dominicana.
El expresidente Leonel Fernández consideró que la iniciativa se apega a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados.
“Me parece magnífico y creo que no contradice la sentencia. Respeta exactamente la decisión y busca una salida muy sabia, salomónica a la controversia que existía”, subrayó.
Consideró, asimismo, que el proyecto responde a los requerimientos que esperaba el país.
Miguel Vargas
El proyecto también recibió el respaldo del presidente del PRD, Miguel Vargas, quien explicó que el mismo ofrece una solución humana, pero constitucional al problema creado a raíz de la sentencia del TC.
“Precisamente uno de los problemas detectados por el Tribunal Constitucional en su sentencia 168/13 era el hecho de que el Estado había entregado documentación a hijos de extranjeros en situación irregular en el país, con lo que se había creado una presunción de nacionalidad que es lo que precisamente el legislador viene a reconocer de modo retroactivo, ordenando a la Junta Central Electoral su acreditación”, dijo.
PRSC
De su lado, el PRSC consideró que el proyecto recoge las sugerencias de esa organización al presidente Medina.
Ramón Rogelio Genao, secretario general del partido colora'o, expresó que la iniciativa presidencial contiene los criterios planteados por el nuevo reformismo.
El proyecto también fue respaldado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).
Conep
Manuel Diez Cabral, presidente del Conep, calificó la pieza como importante y necesaria para la República Dominicana y dijo que la misma "solucionará esta situación que ha ocupado la atención nacional durante meses y permitirá que avancemos en otros importantes temas de interés nacional”.
"Es prioritario buscar una solución humana a las personas afectadas directamente por el fallo del Tribunal Constitucional, que niega la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados", indicó.
Agregó que "el país debe mantener un sano equilibrio entre su condición de Estado soberano y su posición como actor de la escena global. Confíamos en que el proyecto sometido por el Presidente podrá lograr este objetivo".
AEIH
De su lado, el presidente de la AEIH, Víctor Castro, ponderó la decisión del Gobierno y dijo que espera que la misma permita recuperar la normalidad operativa para dar respuesta a otros temas acuciantes de la nación.
Sostuvo que el debate sobre la sentencia 168-13 ha consumido energías, restado tiempo al Gobierno y generado un “torbellino de opinión” que, de alguna manera, afecta la concentración del país en tópicos que también son de alta relevancia.
Milton Ray Guevara
Por su parte, Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, afirmó que esa institución no participa del proceso de formación de las leyes y que su intervención se produce sólo después de que las mismas sean aprobadas, promulgadas y publicadas, por apoderamiento a instancia de partes.
“Es decir, el Tribunal Constitucional no está facultado ni tiene competencia para realizar control previo de constitucionalidad de los proyectos de ley”, afirmó.
Iglesias
Braulio Torres, presidente del Consejo Nacional de Iglesias, proclamó que el proyecto “apaga el fuego” que se ha levantado en torno a la sentencia del TC.
Dijo que ese organismo apoya en toda su parte el contenido de la pieza legislativa que dijo fue muy bien consensuado con la sociedad por el Presidente.
Mientras que la Mesa del Diálogo de la Comunidad Cristiana Dominicana, que dirige Manuel Estrella, señaló que "se trata de una pieza clave para resolver el problema de la migración haitiana y de otros países".
El padre Mario Serrano, exdirector del Centro Bonó, consideró que el proyecto es un paso de avance.
“Hay primeramente un reconocimiento del Presidente de que ha habido un problema con esto de la sentencia, y en este sentido el proyecto enviado hoy al Congreso es un paso dentro del proceso para resolver la situación y que las personas que han sido despojadas de sus derechos tengan la posibilidad de ir sacando sus documentos”, expresó.
