Por Jorge Cancino - @cancino_jorge
“En la comunidad estamos decepcionados porque no están tomando una actitud mas proactiva.”
No está claro lo que hará la Administración del Presidente Barack Obama en caso que la Corte de Apelaciones del 5to Distrito en Nueva Orleans falle en su contra ante un recurso de emergencia para liberar la acción ejecutiva.
El gobierno "evaluará" la decisión que tome el tribunal sobre las medidas ejecutivas en inmigración y "responderá en consecuencia" para cumplir con su determinación de reformar el sistema actual, dijo este viernes el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), Jeh Johnson, durante una conferencia de prensa.
"Tanto el presidente Obama como yo estamos muy decididos a reformar el sistema (migratorio) en muchos aspectos”, agregó. “Evaluaremos lo que decida la justicia y desde ahí veremos qué pasos dar”.
La respuesta de las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes no se hicieron esperar. “Lo que declaro hoy el Secretario Johnson es un poco desafortunado, porque nos hace sentir de que no están (en el gobierno) muy convencidos de que tienen la razón”, dijo a UnivisionNorticias.com Juan José Gutiérrez, presidente del Movimiento Latino USA en Los Angeles, California.
“Todo parece indicar que se están comportando de esa manera, con miedo a perder. En la comunidad estamos decepcionados porque no están tomando una actitud mas proactiva”, agregó.
Las declaraciones de Johnson también sembraron incertidumbre. “Parece que el gobierno no tiene claro lo que hará si el fallo no levanta las restricciones impuestas por el juez Andrew S. Hanen”, dijo a UnivisionNoticias.com el abogado Ezequiel Hernández.
La batalla legal
El 16 de febrero el juez Hanen dictó una medida cautelar atendiendo una demanda presentada el 3 de diciembre por 26 estados que alegan que la medida viola la Constitución y que el presidente se extralimitó en su poder ejecutivo.
El fallo impidió que el beneficio entrara en vigor el 18 de febrero, como tenía previsto la oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés).
El 23 de febrero el gobierno, a través del Departamento de Justicia, presentó un recurso de emergencia para que Hanen levantara la orden cautelar. Hanen demoró el fallo.
El 12 de marzo el gobierno presentó un segundo recurso de emergencia. Trece días más tarde, el 25, trasladó la batalla legal a la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, instancia que aceptó el recurso y fijó una audiencia para el 17 de abril.
El 7 de abril Hanen reafirmó su fallo del 16 de febrero pero no resolvió la demanda presentada por los 26 estados ni la apelación del gobierno.
La defensa de Obama
El 16 de abril, en vísperas de la audiencia convocada por la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orlenas, los abogados de la Casa Blanca sostuvieron una conferencia telefónica con abogados y periodistas para explicar la estrategia jurídica del gobierno.
Interactivo: DACA, dos años después
“Lo que me tiene sorprendido es los abogados de la Administración no dijeron que necesariamente irán a la Corte Suprema, sino que esperarán por la demanda principal”, dijo Hernández, quien asistió a la reunión. “Significa entonces que si la Corte de Apelaciones dice no al recurso de emergencia del presidente, entonces habrá que esperar a ver qué dicen los jueces sobre la demanda principal entablada en contra de la medida por los estados”.
Para Hernández, las declaraciones de Johnson no son una buena señal. “Y tampoco clarifica qué hará el gobierno si el fallo es favorable. Es decir, no se sabe si activará de inmediato la acción ejecutiva o esperará los 180 días (seis meses) anunciados el 20 de noviembre, es decir hasta mediados o finales de mayo”.
La audiencia
Durante la audiencia del 17 de abril los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los demandantes no tienen "standing" o fundamento para sostener la demanda del 3 de diciembre.
También citaron el fallo del 7 de abril de LA corte federal de apelaciones que desestimó una demanda en contra del Secretario Johnson por la Acción Diferida de 2012 y que la acción ejecutiva del presidente Obama amplía para favorecer a otros 600 mil soñadores.
El estado de Missisipi, agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y funcionarios de deportación alegaron que la medida viola la ley, su implementación afectaría económicamente al estado e impediría a la agencia federal buscar a todos los individuos susceptibles a ser deportados.
La corte desestimó la demanda al considerar que estas no son razones “ni suficientes, ni concretas” para impugnar el alivio migratorio para los jóvenes indocumentados.
“Los 26 estados demandantes no han mostrado que sufrirían un daño irreparable”, dijo Hernández, pero advierte que ese fallo no necesariamente influirá en la decisión del panel de jueces de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans.
Los abogados de los estados demandantes sostuvieron los argumentos originales, que la medida es inconstitucional y que el presidente se extralimitó en sus poderes y que debió haber consultado al Congreso para cambiar las leyes de inmigración.
Futuro incierto
En la conferencia de prensa de este viernes, Johnson también anunció que el numero de detenciones en la frontera con México bajaron 28% en el último semestre respecto al mismo período con el año fiscal anterior.
El panel de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito que revisa el recurso de emergencia del gobierno está integrado por los jueces conservadores Jerry Smith, (designado por el presidente Ronald Reagan) y Jennifer Walker Elrod (nombrada por el presidente George W. Bush), y Stephen Higginson (nombrado por el presidente Barack Obama).
La acción ejecutiva fue anunciada por Obama el pasado 20 de noviembre. La medida ampara de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados, entre ellos padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y dreamers (DACA, por su sigla en inglés).
Ambos grupos deben demostrar que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos. El programa incluye un permiso o autorización de empleo renovable cada tres años.
“En mi opinión”, dijo Hernández, “si el presidente Obama gana debería implementar de inmediato la acción ejecutiva y amparar las 5 millones de deportaciones que prometió el 20 de noviembre. Yo no esperaría los 180 días para otorgar los beneficios”.
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