Trajano Potentini, presidente de la FJT.
REDACCIÓN AL MOMENTO
SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) criticó lo que llamó “paño tibio y trato complaciente que se vienen dando a los funcionarios infractores y renuentes a cumplir con el voto de la ley 311-14 sobre declaración jurada de bienes”.
Esa ley obliga a los funcionarios a presentar un inventario jurado con los bienes que posee al momento de asumir un cargo que implique el manejo de fondos públicos.
El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, hablando a nombre de la entidad de sociedad civil, deploró la “apatía manifiesta y la falta de institucionalidad presente en la República Dominicana con los temas de fiscalización y transparencia en el manejo de la cosa pública”.
Potentini advirtió a los funcionarios infractores agrupados en las instituciones estatales, Congreso nacional, Junta Central Electoral (JCE), Liga Municipal Dominicana (LMD), embajadores y cónsules; instituciones militares, Policía Nacional (PN), Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y Junta Monetaria, que además de violar la ley, también irrespetan la Constitución de la república.
Anunció que “si cumplido el nuevo plazo de 30 días dado por la Cámara de Cuentas a las entidades y funcionarios en falta para que cumplan con su responsabilidad, sin que esto se verificara y ante la evidente inercia y apatía del procurador, Justicia y Transparencia procedería a tramitar por vía directa el correspondiente sometimiento a la justicia, de todos aquellos que al momento no hayan honrado el voto de la ley, en cuya virtud además procederemos a intimar en los próximos días a las instituciones citadas, poniéndolas en mora a los fines de traducción a la acción de la justicia”.
Potentini recordó que “la nueva ley sustituye a la obsoleta y antigua disposición # 82-79 sobre declaración jurada de bienes, la cual carecía de un sistema de consecuencias, diferente a la ley actual (311-14) que contempla la destitución de los funcionarios infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción administrativa”.
Observó que “otra de las virtudes de la nueva Ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, lo constituye la instauración de un sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones juradas de bienes, atinente a todos los funcionarios públicos, bajo la responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector del referido sistema”.
Finalmente la entidad cívica pidió al Poder Ejecutivo “disponer de la necesaria voluntad política para hacer cumplir una ley de tanta trascendencia, sobre todo en el interés de mandar una señal clara del compromiso estatal de luchar contra la corrupción”.
