Por Nubia Piqueras Grosso
Panamá, 15 jul (PL) A una semana hoy de los sucesos violentos protagonizados por un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, la incertidumbre sigue latente sobre el destino de ese emblemático centro educacional de Panamá, que continúa cerrado.
Investigaciones que arrojan algunos resultados, repudio en la población, reclamos de justicia, miedo entre estudiantes, profesores y padres, pero sobre todo cuestionamientos al papel de la familia y la sociedad en la formación de valores, mueven el debate público en torno al tema.
La sociedad panameña califica de “actos vandálicos” los registrados la semana pasada, donde recibieron severas quemaduras dos estudiantes y un profesor, lo que dista mucho de las manifestaciones que antaño realizaron los jóvenes del “Nido de Águilas”.
Si bien aquellas protestas fueron contra las injusticias del Gobierno de turno y por reclamos sociales como el alto costo de la vida, el derecho a una vivienda digna y la lucha por la soberanía nacional, ahora las demandas suelen ser contra la necesaria disciplina y el orden institucional.
Situación que la mayoría de los panameños califican de inaceptable, pues las buenas costumbres deben prevalecer sobre los visibles rasgos de pandillerismo que intentan apoderarse del ambiente educativo, bajo máscaras, amenazas y mensajes de terror, que también circulan por Internet.
¿Qué inspira a estos estudiantes-pandilleros a los actos vandálicos de la semana pasada?, preguntó el diario La Estrella de Panamá, a lo que el analista político Mario Rognoni respondió en su artículo de opinión:
“Podemos pensar que están siendo influenciados por corrientes extranjeras, o bien patrocinados por políticos locales que buscan subvertir el orden público. Pero, sea cual fuere el motivo, más razón para que una vez en una manifestación de esta naturaleza sean apresados por la fuerza pública y sancionados por la Ley.
“Los tiempos cambian, (…) y hoy son adultos los que protestan y luchan por sus derechos, pero los estudiantes, que han estado bastantes distantes de los problemas nacionales en los últimos años, ahora parecen decididos a iniciar sus protestas, pero lamentablemente mal encaminados”.
Al respecto, el director general del Ministerio de Educación (Meduca), Mario Rodríguez, aseguró que dentro del Instituto Nacional existe un descontrol total, y no descartó la presencia de manos externas en la incitación a tales protestas violentas.
Unos 20 jóvenes hicieron valer su supuesta rebeldía contra controles estrictos de disciplina escolar, enmascarados, con piedras y palos en las manos que lanzaron a autos estacionados en la calle, y más grave aún, con bombas caseras que hicieron estallar y ocasionaron daños humanos.
En verdad aquí hubo delito con violencia, y los hechos son contundentes para que el Ministerio Público actúe con severidad más allá de la denuncia interpuesta por Meduca, aclaró el sociólogo Danilo Toro, quien considera que muchos aún no logran interpretar la gravedad del asunto.
La violencia, dijo, es una epidemia que debemos atacar a tiempo para evitar nuevos brotes, por ello es necesario el cierre del Instituto hasta que se aclare el incidente.
Por lo pronto ya se identificaron a algunos de los autores, la manera y el lugar donde guardaron las máscaras y el combustible, según la ministra de Educación, Marcela Paredes, quien fue categórica en que tanto ellos como los padres deberán responder por sus actos.
Mientras la justicia investiga, el tiempo pasa y las clases siguen detenidas, tal y como ocurrió en 2013, año en que el Instituto Nacional sufrió un período académico irregular debido al vandalismo de encapuchados y jóvenes expulsados del plantel, que desafiaron a las autoridades.
