WASHINGTON.- El Gobierno de EE.UU. excarceló en tres días a casi 1.800 inmigrantes, de los que el 42,6 % ya cuentan con una orden de deportación para ser expulsados a sus países de origen, indicó a Efe un alto funcionario que pidió el anonimato.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), 1.789 inmigrantes que habían cumplido condena por delitos de venta y tráfico de drogas fueron excarcelados entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre, dentro de la liberación de 6.000 presos, la mayor registrada de una sola vez en EE.UU.
La liberación de presos responde a una medida de la Comisión de Sentencias del Gobierno estadounidense, que el año pasado decidió reducir las penas por delitos relacionados con la tenencia, consumo o venta de drogas.
La Comisión de Sentencias decidió que el cambio tuviera un carácter retroactivo, de forma que personas ya encarceladas pudieran beneficiarse de esta nueva medida destinada a aliviar la superpoblación de las cárceles del país, donde viven 2,2 millones de personas.
De los 1.789 inmigrantes liberados, el 42,6 % (es decir, 763) tienen ordenes de deportación porque el proceso judicial para devolverlos a sus países de origen se agilizó mientras permanecían en prisión, indicó el alto funcionario gubernamental, que pidió el anonimato.
Dependiendo de su nacionalidad, la expulsión de este país podrá hacerse con mayor o menor rapidez, pues por ejemplo México suele responder más rápido a estos procedimientos que los nacionales de países asiáticos o africanos, dijo la misma fuente.
El resto de los inmigrantes excarcelados (1.026) han sido entregados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y permanecerán bajo custodia en centros de detención mientras las autoridades judiciales evalúan su situación y deciden si deben o no ser deportados, dijo este alto funcionario.
Los inmigrantes serán internados en tres centros de detención, ubicados en los estados de Texas y Pensilvania, que el presidente de EE.UU., Barack Obama, clausuró en 2009, pero decidió reabrir en 2014 tras el gran número de familias que cruzaron de forma ilegal la frontera, la mayoría de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Por ley, las autoridades migratorias pueden revocar la residencia o el permiso de trabajo a los inmigrantes que residían legalmente en el país antes de cometer el crimen que les valió el encarcelamiento.
Dentro del grupo de 1.026 inmigrantes en centros de detención, cabe la posibilidad de que algunos pidan volver voluntariamente a su país, de forma que evitarían el proceso judicial para evaluar su estatus migratorio y volverían directamente a su lugar de origen.
Esta iniciativa para liberar a presos se engloba dentro de la reforma de la justicia penal que está impulsando Obama con el objetivo de acabar con el hacinamiento en las cárceles de EE.UU., que tiene una tasa de encarcelamiento mayor que la de China, según datos oficiales.
