EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domimgo.
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Nos equivocamos los que creíamos que la Junta Central Electoral prorrogaría el plazo que fijó intempestivamente para dejar sin vigencia el viejo carné de la cédula de identidad y electoral, cuando todavía dos millones y medio de personas no habían procurado el nuevo.
El plazo hasta el 10 de enero fue otorgado en medio de las fiestas navideñas, con solo unos 20 días laborables por delante, cuando faltaban dos millones y medio por renovar el documento, desatando una locura en decenas de miles de personas que creían que después de esa fecha quedarían sin la cédula, víctimas de la desinformación.
Se montó un negociazo en el que cientos de vividores se dedicaron a tomar turnos en las madrugadas para luego venderlos hasta por 500 pesos, en escasos centros de cedulación, que la JCE informa, después de vencido el plazo, que procederá a aumentar. Eran tan insuficientes que a pesar de los madrugonazos y congestión no llegaron a 500 mil (apenas quinta parte de los faltantes) los que pudieron obtener el nuevo plástico.
No había la menor justificación para ese atropello navideño a la ciudadanía, desde luego en su gran mayoría pobres y desinformados. No había ninguna urgencia, el nuevo carné no difiere tecnológicamente del anterior. Y se pudo haber prorrogado hasta dos y tres veces el plazo, acompañándolo de una campaña de incentivos como hace la Dirección General de Impuestos Internos para cobrar el gravamen a las matrículas de vehículos.
El cambio de la cédula comenzó el 20 de abril del año pasado y nada justifica que ocho meses después se decidiera un plazo tan conminatorio, que bien pudo adelantarse tres meses. La JCE ha recordado que será en diciembre cuando cerrará provisionalmente el padrón electoral, no así la expedición de copias de cédulas, lo que solo se suspende en los dos días anteriores a cada votación. Una razón adicional para que hubiese flexibilidad.
Hay otra razón: la JCE nunca ha dicho a los millones de ciudadanos y ciudadanas que en los cuatro años anteriores atendieron el llamado a registrar sus datos biométricos para el nuevo carné, por qué razón han tenido que acudir nuevamente. Y no lo ha hecho porque tendría que explicar el desastre de una tecnología que no funcionó, comprada por decenas de millones de dólares, aunque fue denunciada ampliamente en su oportunidad. Se perdió el dinero de los contribuyentes y el esfuerzo ciudadano.
Y como si todo lo anterior no fuera suficiente hay un agravante: la decisión de dejar sin valor el viejo carné de identidad y electoral viola ley 26-01 que establece la vigencia de la cédula en diez años, venciendo en la fecha de nacimiento de cada persona, como forma de evitar la aglomeración.
Fue una decisión prepotente y abusiva del presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien anunció el plazo antes de conseguir que otros dos titulares del organismo la aprobaran. Se mantuvo la decisión pese a que el miembro Eddy Olivares advirtió la violación a la ley, en un voto negativo razonado que entregó por escrito.
La violación a la ley fue tan obvia que la Asociación de Bancos y luego la Superintendencia de Bancos acordaron seguir reconociendo el viejo carné a todo el que tuviera negocios abiertos con las entidades financieras. De esa manera evadían una demanda de cualquier afectado que tuviera una cédula con menos de diez años.
Seguramente gran parte de los que aún no han cambiado la cédula no la necesiten de inmediato, pero quedan estas interrogantes: ¿Por qué ese desprecio por la ley? ¿Por qué tanta prepotencia, arbitrariedad e irracionalidad? ¿Dónde queda el Estado de derecho? Y ¿ninguna autoridad puede reclamar el imperio de la ley?
