algomasquenoticias@gmail.com
Por Jorge Cancino -
Una inmigrante indocumentada que el viernes buscó refugio en una iglesia de Lilburn, Georgia, dijo el miércoles a Univision Noticias que “le pido a Dios que me permitan quedarme con mi familia” porque si regresa a El Salvador “nos matan”. Claudia Jurado, de 27 años de edad, buscó la protección de la Iglesia Católica Nuestra Señora de las Américas el mismo día que tenía que abandonar el país por una orden de deportación final.
“Me quité el brazalete que tenía en el tobillo y vine aquí”, contó. Jurado está embarazada de tres meses. “Entré a Estados Unidos el 5 de diciembre del año pasado con mi hijo Josué Alexander, que tiene un año de edad. Me tuvieron detenida 24 horas y nos dejaron salir con una orden para presentarnos ante la corte (de inmigración) en Atlanta. Y después, ya sabe, perdimos el caso”.
El esposo de Jurado tampoco tiene papeles de estadía legal. “Él entró el 2 de enero con nuestra hija Katherine, que tiene cinco años. A él también lo soltaron y le dijeron que le iban a enviar los papeles con la citación por correo, pero todavía los estamos esperando”. Fuentes, el apellido del esposo de Claudia, no se refugió en la Iglesia por dos razones.
“No tiene orden de deportación y tiene que ir a ganarse el pan”, contó Jurado. “Mientras esperamos una solución, la Iglesia nos acogió el viernes. El padre nos dijo que podíamos quedarnos, que nos ayudarían”.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), dijo que la orden de deportación de Jurado fue emitida después de una audiencia completa sobre los méritos de su caso en abril. Recurso de amparo Jurado no está sola en la batalla por librarse de la deportación y quedarse en Estados Unidos. Además del respaldo de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de las Américas, el Georgia Latino Alliance for Human Rights (Alianza Latina por los Derechos Humanos de Georgia) interpondrá el miércoles un recurso de amparo. “Somos una organización de Derechos Humanos que trabajamos en defensa de los derechos de los inmigrantes”, dijo a Univision Noticias Adelina Nichols, directora ejecutiva de la alianza.
“Hemos decidido hacer presión política para que el DHS utilice su discreción y permita a la Señora Jurado y su hijo quedarse en el país”. Nichols dijo que la organización espera “que esto se mueva lo mas rápido posible” y que la inmigrante salvadoreña tenga el amparo legal necesario para “sentirse segura”. Hasta no conocer los detalles del recurso no se sabrá el siguiente paso que den las autoridades.
El Abogado Ezequiel Hernández dijo que el grillete que coloca ICE a los indocumentados que libera “es voluntario” y que al quitárselo “puede permitir que la agencia use su discreción procesal y detenga al inmigrante”. Pero recordó que el servicio de inmigración no ingresa a las iglesias. ICE señaló en un comunicado que Jurado incumplió con la orden de deportación al no presentarse a las oficinas de ICE y removerse el brazalete electrónico. Violencia insoportable Los fuentes tenían un pequeño negocio en el departamento de La Unión, en El Salvador.
“Salimos huyendo de mi país porque nos iban a matar. A mi esposo le pedían mucho dinero las maras (pandillas) para seguir trabajando. Les dábamos una vez y al otro día querían más.
No podíamos darles lo que exigían. No se conformaban con nada. Por eso nos amenazaron”. Jurado solloza al otro lado del teléfono. “La violencia en La Unión está tan generalizada”, dice. “Es demasiado. Uno por miedo no da parte (denuncia) a las autoridades. Uno no sabe si por pedir ayuda a uno también lo van a matar”.
Explicó que al llegar a la frontera con su pequeño hijo “les conté por que vinimos a este país en busca de ayuda. Como le cuento, a las 24 horas me dejaron en libertad y me vine para Atlanta en un bus que me pagó mi hermano. Aquí vive toda mi familia y mi mamá. Ella tampoco tiene papeles”.
Dos semanas después de llegar a Atlanta Jurado se presentó a la corte, tal y como le indicaron las autoridades de inmigración cuando la detuvieron en Texas. “A la tercera cita el juez me dijo que mi hijo y yo teníamos que irnos”. Cuanto preguntamos el nombre del abogado que la representaba, dijo que no recordaba su nombre. Pero que le había cobrado inicialmente $400 dólares y después $155 por cada una de las apelaciones, un trámite que se lleva a cabo por medio del Formulario I-290B (Moción de Apelación) que tiene un costo de $630 dólares, según las tarifas publicadas en la página digital del servicio de inmigración (USCIS, por su sigla en inglés).
“Desde cuando me quité el grillete ya no he vuelto a saber de él”. Oleada de migrantes Jurado y su hijo Josué son parte de los más de 68 mil migrantes indocumentados que fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza en 2014 cuando intentaban ingresar indocumentados a Estados Unidos. Poco más del 95% de los detenidos fueron liberados con una orden de presentarse ante una corte para que un juez de inmigración resuelva sus futuros en Estados Unidos.
El resto quedó bajo la custodia del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés) o remitido a centros de detención familiares de ICE mientras las autoridades cursan los pedidos de asilo. Estos centros, dos de ellos en el sur de San Antonio, Texas y uno en el condado Berks, Pensilvania, fueron demandados por grupos de derechos civiles que argumentan violaciones a la ley.
El 25 de julio una Corte Federal de Distrito de California dictó que el gobierno viola un acuerdo judicial de 1997 al detener a menores de edad en centros restrictivos. También amplió la protección a las madres de los niños migrantes enviados a estos centros.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) argumentó ante la corte que la detención de madres y niños es legal, y que envía un mensaje a Centroamérica que Estados Unidos no facilita el ingreso indocumentado por sus fronteras. Fuentes federales consultadas por Univision Noticias temen que la opuesta en libertad de los niños y madres detenidos envíe un mensaje equivocado y se registre una nueva oleada, como la de 2014.
Investigadores advierten, sin embargo, que las causas que generaron la crisis de 2014 no han desaparecido. “La gente sigue huyendo por las mismas razones: la inseguridad y la violencia, que incluye abuso domestico, la pobreza extrema y la reunificación familias”, dijo a Univision Elizabeth Kennedy, profesora de la Universidad de San Diego y de la Universidad de California en Santa Bárbara.
El caso Robles El mismo día que Jurado entró a la Iglesia en Lilburn la inmigrante indocumentada mexicana Rosa Robles cumplió un año refugiada en la Iglesia Southside Presbiteriana en Tucson, Arizona. Y en ambos casos las dos mujeres buscaron la protección de las iglesias el día en que se cumplía la orden de deportación. “Ya llevo un año esperando”, dijo Robles a Univision Noticias.
“El viernes lo cumplí. No ha sido fácil pero no pierdo la esperanza que mis ruegos serán escuchados por las autoridades”.
“Le digo a la señora Jurado que siga luchando por los sueños de sus hijos y que no pierda la esperanza. Algún día se hará justicia y nos darán la oportunidad que estamos esperando. Solo le dijo que no se rinda”, agregó. A Robles la acompañan sus dos hijos en el refugio, Gerardo, de 12, y José Emiliano, de 9. “Pero ya entran a clases y siento tristeza porque no los veré todos los días”. Robles entró a Estados Unidos en 1990.
Doce años más tarde, el 3 de septiembre de 2010, un policía la detuvo por una infracción de tránsito menor. “El agente me pidió los papeles y le mostré mi licencia mexicana. Como no tenía papeles de Estados Unidos, llamó a la Patrulla Fronteriza”. Permaneció detenida varias semanas hasta que le emitieron una orden de deportación.
La Arquidiócesis Católica de Atlanta dijo esperar que el refugio de Jurado no sea por tiempo indefinido. Y recalcó que la parroquia donde se encuentra le brindará asistencia hasta donde la ley y sus limitados recursos lo permitan. Jurado dijo que estaba “eternamente agradecida” del respaldo recibido y que no se cansa de pedirle a Dios que le resuelva el problema y “que lo haga por mis hijos”. ©Univision.com
