Washington, 18 may.- El presidente, Donald Trump, afirmó que la “investigación exhaustiva” que supervisará el exdirector del FBI Robert Mueller como recién nombrado “fiscal especial” probará la falta de nexos entre su campaña y el Kremlin.
Washington, (EFEUSA).- El presidente, Donald Trump, criticó hoy el nombramiento de Robert Mueller como fiscal especial de la investigación sobre la injerencia rusa en los comicios presidenciales de 2016, mientras que en el Congreso, tanto republicanos como demócratas, cerraron filas a su favor.
Mueller, director del FBI entre 2001 y 2013, hasta la llegada de James Comey, fue nombrado este miércoles como fiscal especial del caso por el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, quien estaba a cargo del tema en el Departamento de Justicia después de que el fiscal general, Jeff Sessions, se apartara del caso por haberse reunido con funcionarios rusos durante la campaña.
“Creo que daña a nuestro país terriblemente, porque muestra que estamos divididos, no unidos como país. Y creo que tenemos que hacer cosas muy importantes ahora, como tratados comerciales, o asuntos militares”, apuntó Trump.
En declaraciones a un grupo de presentadores de las principales cadenas de televisión, el gobernante dijo también que se trata de “una pura excusa para los demócratas” por haber perdido las elecciones, por lo que deseó que la investigación “avance rápido” para mostrar “unidad” al resto del mundo.
NUEVA YORK.- La asambleísta Carmen de la Rosa reconocerá a varios periodistas dominicanos por “mantener informada con objetividad a la comunidad sobre los acontecimientos que suceden en su país”.
Saúl Pimentel, director de ALGO MAS QUE NOTICIAS; Francis Méndez, del Vacilón de la Mañana; William Jiménez, de CostaVerdeRD; Manuel Ruíz y Juan J. Paulino Hiciano de Telemicro; Rafael Díaz; Rafael A. Brito de Súper Canal, y Ramón Mercedes, quien labora para varios medios de comunicación escritos, televisivos y radiales, recibirán la proclama de manos de la propia legisladora.
El acto se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde de este sábado, en el salón principal de la oficina de la asambleísta, ubicada en el 210 de la avenida Sherman, en el sector de Inwood, alto Manhattan.
El presidente Donald Trump inicia el viernes su primera gira internacional por el Medio Oriente y Europa, sin duda esperando dejar atrás una serie de tormentas políticas relacionadas con el despido del director del FBI, la divulgación de información clasificada con funcionarios rusos y los reportes de que presionó a James Comey para que cerrara la investigación de su ex asesor de seguridad nacional.
Pero en el centro del bagaje doméstico que acompañará al presidente en su viaje está además la preocupación sobre la credibilidad de Trump, ahora bajo ataque de los demócratas y de algunos republicanos también.
El presidente claramente pensaba en el alboroto político el miércoles cuando ofreció consejos a los cadetes de la Guardia Costera en el discurso de su graduación en Connecticut.
“Nunca, nunca, nunca se den por vencidos. Las cosas van a salir bien”, les dijo Trump. “Miren la forma en que he sido tratado recientemente, especialmente por los medios. Ningún político en la historia, y se los digo con gran seguridad, ha sido peor tratado o de forma más injusta. No pueden dejar que les hagan venirse abajo. No pueden dejar que los críticos y los incrédulos impidan sus sueños”.
Interés en Comey
La Comisión de Inteligencia del Senado ha pedido a Comey que comparezca en sesiones tanto públicas como privadas, y un importante republicano en el Congreso, el representante Jason Chaffetz, presidente de la Comisión de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, está requiriendo todos los documentos y posibles grabaciones que detallen cualquier interacción entre el presidente y Comey antes del que presidente lo despidiera la semana pasada.
Con la Casa Blanca en desorden y dadas las explicaciones contradictorias sobre el despido de Comey, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hizo esta semana la pregunta de si el presidente es creíble.
“Hay una crisis de credibilidad en este gobierno, lo cual nos va afectar en formas casi demasiado numerosas para elaborar”, dijo Schumer al tomar la palabra en el Senado. “En lo alto de esa lista están la erosión en la confianza en esta presidencia y la confianza en Estados Unidos por parte de nuestros amigos y aliados”.
Brecha republicana
Por el momento, los republicanos parecen divididos sobre cómo avanzar agresivamente en un momento en que les preocupa que se les venga abajo la agenda legislativa debido a la crisis en la Casa Blanca.
El presidente de la cámara baja, Paul Ryan, dijo a los reporteros el miércoles que busca evitar “sacar conclusiones apresuradas”. Ryan dijo que “nuestro trabajo es ser responsable, sobrios y concentrarnos solo en reunir la información”. Ryan también apuntó que “hay gente que quiere hacer daño al presidente”.
Pero otros republicanos han expresado preocupación sobre las controversias que han envuelto la Casa Blanca. “Creo que sería útil que hubiera menos drama emanando de la Casa Blanca”, dijo el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell.
Bagaje en el extranjero
Las controversias que persiguen a la Casa Blanca seguramente le acompañarán en su viaje, dice el analista político Anthony Cordesman, del Consejo de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington.
“Una interrogante que todos se hacen en el extranjero y que seguramente no abordarán con el presidente es cuál es realmente su fortaleza, relativa a las divisiones que hay en el Congreso, los problemas dentro de su propio partido y si puede avanzar en su agenda propia.
El senador por Carolina del Sur, Lindsay Graham, un frecuente crítico del presidente, sugirió que el viaje de Trump al extranjero puede llegar en un momento oportuno cuando dijo a la Associated Press que “muchos de nosotros estamos felices de que se vaya por unos días”.
Graham dijo que las controversias probablamente perseguirán a Trump en su viaje, pero urgió al presidente a “ser disciplinado, mantenerse concentrado y responder en el escenario mundial”.
Un Trump combativo
Los combativos comentarios de Trump en la Academia de la Guardia Costera el miércoles pueden ser bien vistos por sus seguidores en todo el país, muchos de los cuales creen que el “establishment” y los medios noticiosos trabajan activamente contra él.
Pero muchos analistas, incluyendo algunos republicanos, ven en la naturaleza combativa del presidente un problema, especialmente durante una crisis.
“Ha prometido sacudir el estatus quo, lo cual ciertamente ha cumplido”, dijo el estratega republicano John Feehery al describir el atractivo de Trump. “Ha encontrado un dispuesto y capaz oponente en la prensa nacional. Con sus seguidores, le puede ayudar. Pero para construir credibilidad, definitivamente le perjudica”
Seguramente el presidente enfrentará más pruebas de credibilidad en el futuro cercano, especialmente dada la probabilidad de que el exdirector del FBI eventualmente testifique públicamente ante el Congreso.
Como dijo el senador Schumer a sus colegas esta semana, “el país está siendo puesto a prueba en formas sin precedente. Yo les digo a todos mis colegas en el Senado, la historia nos observa”.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los actores institucionales del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, convocados por el decreto presidencial 389-14, retomaron las reuniones preplenarias.
Monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social, destacó la importancia de esta etapa del proceso donde se buscan acuerdos que posibiliten la concreción de una propuesta consensuada por todos los actores.
Los participantes recibieron una copia del documento base de discusión, resultado de reuniones bilaterales que se han llevado a cabo en los últimos meses. También se entregó una copia de la metodología revisada y actualizada.
Iraima Capriles, directora ejecutiva del CES, recordó que la metodología establece que las decisiones serán tomadas por los actores institucionales convocados por el decreto, conforme fuera ratificado por el Comité de Coordinación Gubernamental y la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social.
Las discusiones para el Pacto Eléctrico iniciaron en enero del 2015 y estaba pautada su firma para julio de ese mismo año.
WASHINGTON. El Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves sanciones económicas contra ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, a los que acusa de decisiones judiciales que “usurparon” la autoridad del Legislativo.
La medida ordena la congelación de bienes en Estados Unidos de los ocho jueces, que “son responsables de un número de decisiones judiciales en el último año que han usurpado la autoridad” de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición al presidente Nicolás Maduro, anunció el Tesoro en una nota.
Las sanciones van dirigidas al presidente del TSJ, Maikel Moreno y a los siete miembros principales de la Sala Constitucional, su presidente Juan José Mendoza, Arcadio de Jesús Delgado Rosales (Vicepresidente), Gladys Gutiérrez, Carmen Auxiliadora Zuleta, Luis Fernando Damiani, Lourdes Benicia Suárez y Calixto Ortega.
Desde 2015 una mayoría opositora controla la Asamblea Nacional (por primera vez desde que el chavismo está en el poder), pero desde entonces el TSJ, reputado de ser afín al gobierno, la declaró en “desacato” con lo cual ha anulado todas sus decisiones, en un prolongado choque de poderes.
Pero la tensión explotó cuando a finales de marzo, la Sala Constitucional decidió asumir las competencias del Parlamento y acabar con la inmunidad de los legisladores, en dos fallos que encontraron el repudio internacional.
Aunque luego revirtió parcialmente esas decisiones, las acciones de los magistrados desencadenaron una ola de protestas que, mes y medio después, dejan 43 muertos y un estado de tensión creciente en el país suramericano.
“Estos ocho jueces fueron responsables de esas decisiones”, indicó el Tesoro estadounidense.
“La Sala Constitucional escribió la mayoría de las decisiones y Maikel Moreno, en su rol de presidente del TSJ, públicamente las defendió”, añadió.
Santo Domingo, (EFE).- La expectativa en República Dominicana por conocer los nombres de los beneficiarios de los 92 millones de dólares en sobornos que la empresa Odebrecht pagó para hacerse con la concesión de obras públicas, va en aumento una vez que ya se ha recibido la información desde Brasil.
Cinco meses después de que estallara el escándalo, la Procuraduría ha interrogado a varios legisladores, exlegisladores y exfuncionarios en la investigación abierta sobre los sobornos, pero hasta ahora no hay ningún procesado.
El pasado mes de abril, un juez dominicano validó un acuerdo entre la Procuraduría y Odebrecht, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos para hacerse con contratos de obras públicas, y revelar los nombres de los beneficiados, a cambio de que sus empleados no serán enjuiciados en ese país caribeño.
La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana entre 2001 y 2014, período que abarca los Gobiernos de Hipólito Mejía (2000-2004), del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como los de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) y del actual mandatario, Danilo Medina, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La Procuraduría General de la República ya recibió el miércoles los datos de las autoridades brasileñas sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país e inició la traducción legal de cientos de archivos, que serán de conocimiento público cuando se depositen ante los tribunales.
Las autoridades dominicanas habían anunciado que a más tardar el 19 de mayo tendrían los datos suministrados por las autoridades brasileñas junto a los que serán entregados por la empresa Odebrecht, por lo que diversos movimientos y colectivos sociales esperaban que en esa fecha se divulgarán los nombres de los sobornados.
Pero el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, pidió hoy paciencia porque el proceso de análisis y cotejo de la información tardará unos días e insistió en que “habrá consecuencias, nombres y apellidos pero, sobre todo, habrá sometimientos en los próximos días.”
Rodríguez añadió que “la prisa no puede llevarnos a cometer errores. Recordemos que no hay mejor amigo de la impunidad que un caso mal instruido”.
La actuación de la Procuraduría en este caso ha levantado las críticas de grupos de oposición y de movimientos sociales como “Marcha Verde”, que han realizado en los últimos meses multitudinarias manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir que los involucrados en los sobornos sean llevados ante los tribunales y sancionados.
En un comunicado, el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) señaló hoy que los ciudadanos ya han tenido “mucha paciencia” y que cualquier acción que trate de “postergar el conocimiento de los sobornados después del día 19 de mayo como había sido anunciado, solo provocará que la indignación ciudadana se convierta en grandes protestas en todo el país”.
En declaraciones a Efe, María Teresa Cabrera, miembro de “Marcha Verde”, dijo que ven “muchas reservas en el manejo de los nombres de los involucrados y en las largas que quiere darle el procurador”.
Por ello, manifestó que solo la movilización ciudadana cada vez más grande y contundente es la “única garantía de que se pueda hacer justicia en el país”.
En los últimos días, la expectación relativa al caso ha derivado en algunos incidentes frente a la sede de la Procuraduría General de la República, donde permanece desplegado un amplio dispositivo de seguridad.
La tensión en el país aumentó el martes cuando varios diputados fueron agredidos en la sede de la Procuraduría, donde grupos populares intentaron acampar para exigir que se divulguen los nombres de los sobornados por la constructora Odebrecht.
El grupo de legisladores, todos de oposición, intentó alcanzar la sede de la Procuraduría para acompañar a los miembros de los grupos populares que intentaron acampar pero fueron repelidos a empujones y con gases lacrimógenos por policías apostados en el lugar.
Diferentes colectivos sociales y partidos de oposición criticaron la actuación de la Policía, que detuvo también a varios de los jóvenes que intentaron instalar el campamento y que posteriormente fueron liberados.
Mientras aumenta la expectación por conocer a los involucrados en el caso Odebrecht, el colectivo “Marcha Verde”, ya ha anunciado que continuará con sus movilizaciones contra la corrupción y la impunidad y ha convocado una marcha para este domingo en Azua, en el sur del país. EFE
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Cuentas informó este jueves que las obras construidas por la empresa brasileña Odebrecht que auditará corresponden al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana y Obras Públicas.
Indicó que dichas obras fueron ejecutadas desde marzo del 2001 hasta abril del 2014 y no incluirá la planta de carbón Punta Catalina porque todavía no está concluida.
El organismo emite estos criterios en un documento cuyo texto es el siguiente: “La Cámara de Cuentas de la República Dominicana informa que el martes 25 de abril del año 2017 recibió el oficio n.° 01433 de fecha 21 de abril de 2017, del doctor Jean Alain Rodríguez Sánchez, procurador general de la República, en el cual solicita la realización de auditorías forenses técnico-financieras a todas las obras públicas construidas y en proceso de construcción en el país por la empresa Norberto Odebrecht durante el período comprendido entre el 7 de marzo del año 2001 y el 14 de abril del año 2014, las cuales se detallan a continuación:
1. INAPA:
a) Acueducto Noroeste, de la Línea Noroeste
b) Ampliación del Acueducto del Noroeste
c) Acueducto Samaná/Hermanas Mirabal
2. CDEEE:
a) Hidroeléctrica Pinalito
b) Termoeléctrica Punta Catalina
3. EGEHID:
a) Hidroeléctrica de Palomino
4. MOPC:
a) Carretera de Casabito
b) Corredor Duarte
c) Autopista del Coral
d) Circunvalación La Romana
e) Carretera del Río Jarabacoa
f) Carretera Cibao Sur
g) Carretera Bávaro, Miches, Sabana de la Mar
h) Corredor Duarte II
i) Ecovías de Santiago
j) Bulevar Turístico del Este
k) Circunvalación San Pedro de Macorís, La Romana
Por consiguiente, es importante señalar que la Ley n.°10-04, del 20 de enero 2004, de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, no establece la denominación auditorías forenses técnico financieras.
Sin embargo, conviene precisar que la mencionada solicitud se enmarca dentro de las disposiciones del párrafo III del artículo 30 de la referida Ley n.° 10-04, el cual establece lo siguiente:
“Párrafo III.- Los estudios e investigaciones especiales se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por el Código Penal o por leyes especiales, tales como crímenes o delitos contra el patrimonio público. De igual manera, tienen lugar estos estudios en cualquier otro tipo de control posterior que realice la Cámara de Cuentas”.
En consecuencia, un personal multidisciplinario (ingenieros, arquitectos, topógrafos, contadores, abogados, etc.) de esta Institución procederá con el estudio o investigación especial a las obras construidas por la empresa Norberto Odebrecht, y rendirá el informe correspondiente.
Asimismo, es oportuno indicar que las auditorías de la Institución ordinariamente se realizan cuando el uso de los fondos públicos ha sido ejecutado. No obstante, la solicitud incluye obras en proceso de ejecución, por lo que las mismas podrán ser auditadas cuando concluya el proceso de construcción, como es el caso de la Termoeléctrica Punta Catalina.
Por tanto, los cinco Miembros de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes, y en virtud de la solicitud que nos formulara el más alto representante del Ministerio Público, hemos dispuesto la realización de un estudio o investigación especial a las obras ejecutadas en la República Dominicana por la empresa Norberto Odebrecht, desde el 7 de marzo del año 2001 hasta el 14 de abril del año 2014.
Es preciso señalar que la realización de estas investigaciones especiales conlleva la reprogramación del plan anual de auditoría de esta institución, del personal, recursos técnicos y económicos a emplear, por la magnitud de cada una de las obras a auditar.
En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de mayo del año dos mil diecisiete (2017).-
Licdo. Hugo Francisco Álvarez Pérez Licdo. Pedro Ortiz Hernández
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Más de cinco mil millones de pesos invierte el Gobierno anualmente en atenciones a embarazadas haitianas, muchas traídas por mafias para que alumbren en hospitales del país.
Al ofrecer la información el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Nelson Rodríguez Monegro, dijo que estas mujeres en gestación son ingresadas por la frontera por cárteles integrados por haitianos y dominicanos.
“Aunque la salud es un derecho universal, que quien demanda servicio debe ser asistido, sin embargo nos preocupa cómo esas embarazadas vienen desde Haití directamente a parir a los centros de salud dominicanos”, manifestó.
Dijo que en meses pasados a un hospital de la provincia de Santiago se presentaron el mismo día y a la misma hora, diez embarazadas haitianas que dijeron procedían desde su país.
Rodríguez Monegro dijo que el hospital no
tenía capacidad para dar respuesta, por lo que debieron ser remitidas a otros centros de salud.
“El hecho de que llegara esa cantidad de mujeres haitianas en embarazo a término, no es algo fortuito y evidentemente tiene que haber una estructura que le está dando soporte a esa situación que está afectando a República Dominicana”, precisó.
El director del SNS aseguró que entre el 80 y 90 por ciento de los partos en los hospitales de la región fronteriza, corresponden a haitianas.
Ocho mil 500 partos al año se realizan a haitianas en los hospitales de la región Norte y la frontera de la República Dominicana, que en su mayoría, tras dar a luz, se quedan viviendo en el país.
“Pedimos a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración, quienes están encargados de vigilar nuestra frontera y la entrada de extranjeros al país, a extremar los controles y regulaciones, pues cuando un extranjero llega a nuestros hospitales no tenemos otra alternativa que dar los servicios por razones humanas”, subrayó el funcionario.
Una boda real se aproxima, pero no es una cualquiera.
La princesa japonesa Mako, de 25 años, primera nieta del emperador Akihito e hija del príncipe Akishimo, anunció que se va a comprometer para casarse.
Hasta aquí nada extraño.
Sin embargo, la polémica surge porque Mako contraerá matrimonio con un plebeyo y por consiguiente perderá su estatus real.
La pareja
La princesa se comprometió con Kei Komuro, un joven de su misma edad que trabaja en un bufete de abogados, según informó la Agencia del Hogar Imperial.
La pareja se conoció hace unos cinco años a través de un amigo en Universidad Cristiana Internacional, a la que ambos asistieron. Tanto el Príncipe Akishino como su esposa Kiko aceptaron la unión, según informó la casa real.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionCon el matrimonio de Mako, el número de miembros de la familia imperial caerá a 18.
Será el primer compromiso de uno los cuatro nietos del emperador Akihito y de la emperatriz Michiko.
Abdicación
La noticia del compromiso llega en un momento en que el gobierno del primer ministro Shinzo Abe está preparando un proyecto de ley para permitir que el emperador de 83 años abdique y deje el trono en manos del príncipe heredero Naruhito.
Esta sería la primera abdicación de Japón en unos 200 años.
Si esto sucede el príncipe Akishino, el hermano menor del príncipe heredero, será el siguiente en línea de sucesión.
Bajo la Ley de la Casa Imperial, las mujeres miembros de la familia pierden el estatus real cuando se casan con plebeyos.
Además, en la actualidad la ley no permite que las mujeres accedan al trono.
Así que cuando la princesa Mako contraiga matrimonio, el número de miembros de la familia imperial caerá a 18. Y de ese total, 13 son mujeres.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage caption¿Peligra el linaje imperial en Japón?
La familia ahora tiene solamente a un niño, príncipe Hisahito, hermano de la princesa Mako de 10 años.
Si la futura esposa del príncipe Hisahito no da a luz a un niño, significaría el fin del linaje de sangre Imperial.
Debate
"¿Puede el sistema imperial sobrevivir en Japón sin una drástica reforma en su sistema de sucesión?", se preguntaba esta semana el diario Japan Times.
La mayoría de los expertos dicen que no y que eventualmente se necesitarán reformas ,como permitir que las mujeres puedan convertirse en emperatrices.
Una encuesta divulgada este mes señala que el 86% de los japoneses están a favor de que las mujeres puedan acceder al trono.
En tanto, el principal partido opositor, el Partido Demócrata, pidió una discusión más profunda para permitir a las princesas que tengan su propia rama dinástica dentro de la familia imperial después de casarse con plebeyos como una manera de hacer frente a la reducción de tamaño de la familia real.
Los críticos de Trump están señalando de forma creciente esa opción de abrirle un juicio político en el Congreso para destituirlo, ante sospechas de que el presidente intentó obstruir la justicia.
Los impulsa una noticia publicada el martes por medios estadounidenses, según la cual Trump pidió en febrero al entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), James Comey, acabar con una indagatoria sobre los nexos entre su exconsejero de seguridad nacional y Rusia.
La Casa Blanca negó la información, que se basa en un memorando que Comey escribió sobre una charla que tuvo con el presidente, quien la semana pasada despidió abruptamente al director del FBI.
Y la oposición no tardó demasiado en agitar públicamente el fantasma del juicio político a Trump, quien el mismo lunes había desatado otra tormenta al saberse que había compartido información confidencial sobre Estado Islámico con funcionarios rusos.
"Me levanto hoy", dijo el congresista demócrata Al Green este miércoles en plena Cámara de Representantes, "para pedir el impeachment del presidente de los Estados Unidos de América por obstrucción de justicia".
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionEl congresista demócrata Al Green fue uno de los que pidió el juicio político a Trump por "obstrucción a la justicia".
En la acera de enfrente, el representante Justin Amash se convirtió este mismo miércoles en el primer miembro del Partido Republicano de Trump en indicar que habría motivos para un impeachment si fuera cierto lo del memorándum de Comey.
Sin embargo, la probabilidad de que Trump pierda su cargo por un juicio político en el Congreso es vista como remota por expertos.
"Para ponerlo simplemente, es muy, muy difícil someter a impeachment al presidente", sostiene John Patty, un profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, consultado por BBC Mundo.
Lo primero aquí es que, hasta ahora, Trump no fue acusado formalmente de cometer crimen alguno, un requisito clave para sacarlo del cargo.
Los apuntes de Comey o su despido pueden ser vistos como evidencias de esfuerzos del presidente para influir las investigaciones que el FBI abrió sobre posibles vínculos ocultos de sus colaboradores con Rusia, país que según el espionaje de EE.UU. buscó interferir en las elecciones que Trump ganó en 2016.
Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionLas salida polémica de James Comey del FBI despertó las acusaciones de un impeachment.
Sin embargo, para que prospere una acusación de obstrucción de justicia tendría que demostrarse que Trump actuó con intenciones corruptas, lo cual puede ser complejo.
Hay dos recorridos posibles para eso: la justicia penal, con un carácter estrictamente jurídico, o el impeachment, donde además suelen pesar consideraciones políticas de los congresistas.
Para que se abra el proceso de impeachment se requiere el voto de una mayoría de la Cámara de Representantes, mientras que para destituir al presidente son necesarios al menos dos tercios de los votos de los senadores condenándolo.
Y estas mayorías también parece improbable que se alcancen en contra Trump, ya que su Partido Republicano controla ambas cámaras del Congreso.
"No creo que haya suficientes republicanos que votarían para remover a Trump, aun cuando haya suficientes republicanos en la Cámara dispuestos a iniciar el proceso de impeachment", señala Patty.
La cautela del Congreso
El Congreso estadounidense siempre ha manejado con cautela su potestad deimpeachment. De hecho, hasta ahora nunca ha llegado al extremo de destituir a un presidente.
Los dos antecedentes más recientes de procesos de impeachment abiertos contra mandatarios de EE.UU. incluyeron cargos de obstrucción de la justicia: a Richard Nixon en 1974 y a Bill Clinton en 1998.
Sin embargo, ninguno de los dos procesos acabó con un voto de condena: Nixon renunció antes de que eso ocurriera, en medio del escándalo Watergate, y Clinton fue absuelto por el Senado de los cargos que enfrentó tras revelarse su relación extramatrimonial con Monica Lewinsky.
Derechos de autor de la imagenARCHIVO NACIONAL /GETTY IMAGESImage captionEl primer antecedente de impeachment en Estados Unidos fue contra el expresidente Andrew Johnson, en 1868.
El otro antecedente es el juicio político a Andrew Johnson en 1868,por intentar sustituir a un miembro de su gabinete sin el aval del Senado, y también acabó con la absolución del presidente por apenas un voto de diferencia.
En el caso de Trump, quien este miércoles se quejó de que "ningún político en la historia" fue "tratado más injustamente" que él, hay claras señales de que aumenta la inquietud en el Congreso por las polémicas que lo rodean.
Dos comités del Senado pidieron este miércoles al FBI los registros de comunicaciones sobre Rusia que mantuvo con el gobierno su exdirector Comey, invitado a testificar en uno de esos paneles.
Pero los líderes republicanos argumentan que hasta ahora no ha surgido evidencia irrefutable de que Trump haya quebrado la ley. Si esto cambia, tal vez cambie su postura.
No obstante, antes que por un impeachment, la presión que enfrentan de los demócratas es para que acepten nombrar un consejo especial que supervise de forma independiente la investigación de Rusia.
Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionTrump no fue acusado formalmente de cometer crimen alguno.
Ross Douthat, un columnista conservador en el diario The New York Times, indicó que dada la improbabilidad de que los republicanos actúen contra Trump, una alternativa al impeachment podría ser removerlo usando la 25ª enmienda de la Constitución.
Se trata de un mecanismo que permite a una mayoría del gabinete advertir al Congreso que el presidente es "incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo".
Pero en caso de que el presidente impugnara esa acusación, se requerirían dos tercios de votos de ambas cámaras del Congreso para deponerlo.
Lo cual, por cierto, sería aún más difícil de lograr que el impeachment.