SANTO DOMINGO.- La situación social, económica y política de Haití sigue deteriorándose, con la ocurrencia cotidiana de desórdenes callejeros, huelgas, tiroteos provocando un estado de tensión que es responsable del cierre de empresas y que ha puesto en peligro la propia presidencia de Jovenel Moise, el elegido en 2017 para un período de cinco años.
Una situación difícil que debe preocupar seriamente a la República Dominicana, toda vez que ello presiona, en muchos renglones, la seguridad, la economía y la convivencia social del país.
El estado de las finanzas públicas ha llegado a niveles tan catastróficos que no permite que el gobierno pueda pagar los salarios de funcionarios públicos, incluyendo los de la policía y los maestros. La crisis ha llegado a niveles que muestra incapacidad del país para crear las condiciones necesarias para movilizar la inversión privada nacional y extranjera y, por tanto, poder generar niveles aceptables de crecimiento económico y empleos.
En los últimos cinco años, por ejemplo, la tasa de crecimiento nunca alcanzó el 3%, afectando la base impositiva del estado, con una carga impositiva del 12.7% del PIB, la más baja de América Latina. El desempeño macroeconómico de Haití en 2018 estuvo por debajo de las expectativas cuando el crecimiento del PIB fue de solo el 1.4%, comparado con el 1.2% en 2017, lo que es claramente insuficiente para un país que sufrió los rigores de un gran terremoto en 2010 y varios desastres naturales.
El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.
Esto ha dado pie de que muchos sectores en Haití demanden cambios profundos en la gobernabilidad del país. Desde movimientos juveniles hasta líderes religiosos, cada vez más voces se alzan para denunciar las desigualdades y la mala gestión. El Foro Económico del Sector Privado, principal organización local que agrupa a los empleadores haitianos, ha expresado varias veces públicamente su preocupación por el significativo déficit presupuestario del 6.5% del PIB en 2018, que se suma a una fuerte depreciación de la moneda nacional (gourde).
Cambios profundos
El gobierno haitiano podría cubrir parte de sus gastos si ajustara, según lo dispuesto por la ley, los precios de los productos derivados del petróleo (ajuste al alza o a la baja, por cualquier variación del 5%). Prueba de esto es que entre el 1 de octubre de 2018 y el 31 de mayo de 2018, los impuestos no recaudados en Haití ascienden a 14.1 mil millones de gourdes (alrededor de 148.4 millones de dólares). Mientras tanto, en el mismo periodo, el subsidio directo cargado a las compañías privadas presentes en Haití ascendió 7.2 mil millones (75.8 millones de dólares). El total de esta suma es de 224.2 millones de dólares, una cantidad casi equivalente al apoyo ofrecido al país por el FMI (229 millones) a desembolsar en tres años.
Ante esta realidad, en un artículo publicado por el influyente diario Le Nouvelliste, el 20 de mayo de 2019, se cuestiona cómo se las arreglará el gobierno haitiano para aumentar sus ingresos, considerando que los gastos operativos de la administración para el año fiscal 2018-2019, equivalentes a unos 80 mil millones de gourdes, son mayores que los ingresos reales del año fiscal anterior.
La publicación también toca el tema de los combustibles: “Cuando un país no productor de petróleo subvenciona el diésel, la gasolina y el kerosene hasta el punto de que el Estado y los importadores pierden dinero, resulta obvio que el gobierno tendrá que elegir entre la falta de disponibilidad de combustible o la subida precios combustibles”, dice la publicación, agregando que “está claro que se necesita un gobierno disruptivo para convencer a la población de que Haití ya no puede seguir siendo el país de la región donde se vendan productos derivados del petróleo más baratos que los Estados Unidos, que es país productor”.
Los subsidios
La eliminación de muchos de los subsidios existentes en Haití es una de las primeras soluciones puestas sobre la mesa por diversos sectores para incrementar los ingresos del Estado. Por ejemplo, eliminar el subsidio a los combustibles significará una liberación de presión sobre el fisco y desacelerará la devaluación de la moneda, haciendo que el dinero de los haitianos deje de valer cada vez menos; y, además, frenará el inminente desabastecimiento de combustibles en el país, como ha sido advertido por las compañías petroleras del país dada la situación fiscal de las mismas.
La razón detrás de esto es que cuando los subsidios se mantienen por mucho tiempo, estos generan un desequilibrio fiscal que dificulta al Estado hacerse cargo de todas las obligaciones que tiene, lo que puede incrementar los niveles de deuda interna. Estos son aspectos que incluso han sido destacados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que como acreedores necesitan de una economía balanceada para disminuir el riesgo del apoyo financiero que hacen a esa nación.
Eliminar un subsidio, sin embargo, significa que ese producto o servicio incrementará su precio pero los expertos aseguran que los beneficios son mucho mayores. Siguiendo con el ejemplo de los combustibles, un aumento de precio permitirá al Estado encaminarse hacia un equilibrio fiscal, pagar los salarios de los empleados públicos a tiempo, acceder a financiamiento de organismos internacionales y lograr la sostenibilidad de este sector y de otros.
