Trajano Potentini
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SANTO DOMINGO.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) denunció que constituyen una "franca violación de la ley" los cobros compulsivos de multas y los apresamientos de personas y vehículos que realiza la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET).
Exigió al director de dicha institución que descontinúe esa "odiosa y abusiva práctica" y le advirtió que, de no hacerlo, radicará en su contra una demanda de responsabilidad civil y patrimonial.
Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia, explicó que la multa es una pena y que sólo los jueces están facultados para imponerlas, en un juicio, con todas las garantías legales y por sentencia.
Agregó que la AMET carece de facultad legal para apresar y retener vehículos, los cuales sólo devuelve a sus dueños después que pagan las multas que ellos establecen, sin mediar autoridad o proceso alguno.
A su juicio, esto se ha convertido "en una maquinaria salvaje y despiadada de recaudación de fondos" ajena a los propósitos y funciones del referido organismo.
"En ese orden, constituye una violación preocupante que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) este validando y autorizando la transferencia de fondos públicos a favor de la Procuraduría General de la República, al entregarle el producto ilegal e inconstitucional de las multas de tránsito, para ser utilizados en el modelo penitenciario", indicó.
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