El juez federal del Quinto Distrito, Andrew S. Hanen, podría el lunes clarificar el futuro de la acción ejecutiva que ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados y que se encuentra detenida temporalmente desde el pasado 16 de febrero.
“En el caso que Hanen no se pronuncie el lunes, la Administración Obama seguirá teniendo vía libre.”
El miércoles el Departamento de Justicia le pidió al tribunal en Brownsville, Texas, que emita una decisión en esa fecha.
El 23 de febrero el gobierno, a través del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), presentó un recurso de emergencia para que Hanen dejara sin efecto un dictamen cautelar que emitió el día 16 y que frenó la puesta en vigor la medida que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre del año pasado.
El 3 de diciembre del año pasado el entonces gobernador de Texas, Greg Abbott, con el respaldo de otros 25 estados, demandó ante la corte de Hanen la acción ejecutiva argumentando que el presidente se había extralimitado en su poder ejecutivo, y que la medida viola la Constitución de Estados Unidos.
La acción ejecutiva detiene las deportaciones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y carecen de antecedentes criminales.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA, por sus siglas en inglés) de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010, y libera el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2007.
Tras la presentación del recurso de emergencia, el juez Hanen pidió una semana de plazo para que los 26 estados demandantes respondieran al recurso.
La semana pasada demandantes entregaron un documento en el que rechazaron el recurso de emergencia y le pidieron al juez Hanen que no acepte el pedido de suspensión del beneficio migratorio.
Entre otros argumentos, plantearon que la acción ejecutiva no le da a los empleados de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la oportunidad de tener “discreción” en hacer las determinaciones sobre prioridades de deportación, sino que les da la orden de que no deporten a ciertas personas. En resumen, señalaron que la medida estaría forzándolos a desobedecer la Constitución.

También dijeron que el gobierno no presentó ninguna prueba de la emergencia que se requiere para echar a andar la “burocracia” para proteger a la nación.
Los estados demandantes argumentaron, además, que no tiene lógica pedir un alivio de emergencia para un plan de intenciones futuras como la expansión de DACA y DAPA, puesto que no se trata de una ley, y que las directivas de ambas medidas si bien están suspendidas, si la administración quiere puede, caso por caso, usar su discreción para no deportar a personas de baja prioridad.
Anne O'Connell, un profesor de la Escuela de Leyes de la Universidad de California en Berkeley, citado por la agencia Reuters, dijo que era dudoso que Hanen “otorgará incluso la estancia parcial” a la acción ejecutiva, y apuntó que el recurso presentado por el gobierno parece diseñado para “forzar” a Hanen a defender su argumento.
Los demandantes insisten en que la puesta en vigor de la acción ejecutiva dañará a los estados en particular a Texas. Algunos analistas han señalado que de ser así, la corte debería entonces permitir que la medida entre en vigencia en el resto de los estados, o en los 24 que no participan en la demanda.
En el caso que Hanen no se pronuncie el lunes, la Administración Obama seguirá teniendo vía libre para apelar el dictamen del 16 de febrero ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans.
No está claro, dijo Reuters, si el gobierno apelará si el juez Hanen dicta un freno parcial de la medida.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) iba a activar el 18 de febrero la primera parte de la acción ejecutiva, el capítulo que beneficia a los dreamers.
La protección de deportación de padres de ciudadanos y residentes legales permanentes arrancaría a finales de mayo.
El presidente Barack Obama ha expresado confianza en que la acción ejecutiva ganará la batalla en las cortes, aunque reconoce que tomará un poco de tiempo.
Las organizaciones que defienden los derechos de los indocumentados han pedido a los inmigrantes que “no tengan miedo” y que continúen preparando los documentos para cuando ambos beneficios se activen.