Por: JHONNY TRINIDAD
SANTO DOMINGO.- La Unión de Farmacias rechazó las pretensiones del Ministerio de Salud Pública de cambiar radicalmente la Política Farmacéutica Nacional en base a presupuestos que conllevarían la integración vertical y la reducción de la competencia dentro del sector.
“Este plan contiene distorsiones que conllevarán a la reducción de la participación de las farmacias privadas en el mercado y la consecuente desaparición de la mayoría de estas y generará un espacio sin competencia, que derivará en un encarecimiento de los productos farmacéuticos”, afirmó el gremio en un comunicado.
Dijo que un estudio que realizó la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) para un “Plan Piloto de Política Farmacéutica” aboga por el fortalecimiento del rol comercial de las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), estableciendo para este sector la libertad de formar su propia red de proveedores de medicamentos, lo cual violaría la Ley General de Salud 42-01, que prohíbe la integración vertical, y la Ley 87-01 del Sistema de Seguridad Social.
Explicó que médicos, clínicas, laboratorios clínicos, importadores, fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, así como las farmacias privadas serían seriamente afectados con secuelas graves para los ciudadanos expuestos a los perjuicios de un mercado de medicamentos sin competencia.
La Unión de Farmacias también objetó lo que considera “falsos cuestionamientos a todos los sectores vinculados a la fabricación, distribución y venta al público de los medicamentos, sin que ninguno de los criterios expuestos estuviesen basados en estudios fiables o fuentes acreditadas”.
Dijo que “el fin ulterior del proceso que se lleva a cabo es lograr la colombianización del mercado farmacéutico, para lo cual se pretende también lograr la aprobación de una nueva Ley General de Salud al estilo de la famosa Ley 100 de Colombia, que ha tenido resultados nefastos”.
Solicitó la intervención del presidente Danilo Medina para que se garantice que cualquier cambio en la Política Farmacéutica Nacional y/o en la Ley General de Salud sea el resultado de un real consenso entre todos los actores del Sector Salud, tanto público como privado.
Subrayó que asumirá “con firmeza y determinación el derecho de los dueños de farmacias a participar en una economía de libre mercado y competencia, dentro del marco institucional que proporciona la ley”.
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