“Seguirán viviendo con la incertidumbre y el temor a una potencial separación familiar.”
Los casi 5 millones de indocumentados que aguardaban pedir el amparo de sus deportaciones con la acción ejecutiva durante el primer semestre de este año este año, tendrán que esperar hasta el 2016. Y nada indica, por ahora, que la batalla no se extenderá hasta después que asuma el sucesor del presidente Barack Obama si sobrevive en las cortes.
“Tenemos una espera larga y una batalla larga”, dijo el domingo el abogado Ezequiel Hernández al programa Al Punto de la cadena Univision. “Nadie dijo que iba a ser fácil”, agregó.
El martes de la semana pasada la Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans falló en contra de un recurso de emergencia entablado por el gobierno el 15 de marzo. El fallo confirmó una orden cautelar dictada por un juez de Texas el 16 de febrero que paró la puesta en marcha del beneficio.
Un día después el Departamento de Justicia dijo que no acudirá todavía a la Corte Suprema de Justicia y que esperará a que la Corte resuelva la demanda completa, entablada el 3 de diciembre por 26 estados encabezados por Texas.
“Con este escenario todo indica que esto va para largo y que será hasta el próximo año, 2016, cuando el máximo tribunal de justicia del país entre a analizar el caso.
Hernández opina que la estrategia legal del Departamento de Justicia es adecuada y que la espera por un fallo sobre la demanda completa (el camino largo) es lo indicado. Pero advierte que “esto puede dilatarse hasta después de diciembre”.
“Lo que viene es toda la demanda y argumentos de apelación completa sobre el fallo del juez Hanen para ver si el Presidente Obama tuvo o no la autoridad de actuar”, explicó.
El juez Andrew S. Hanen preside la Corte Federal del 5to Distrito en Brownsville, Texas.
Además de parar temporalmente las deportaciones, la acción ejecutiva incluye una autorización de empleo renovable cada tres años.
Audiencia el 10 de julio
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito en Nueva Orleans tiene fijada para el 10 de julio una audiencia, donde abogados de las partes (demandantes y gobierno) expondrán argumentos en el juicio por la demanda completa entablada por los 26 estados.
Hernández dijo que durante la espera “se va a necesitar mucha acción política de parte de los activistas y de las organizaciones”, y anticipó que el futuro de los millones de indocumentados será nuevamente clave en en la carrera por la Casa Blanca, tal y como sucedió en 2008 y 2012.
"Debemos seguir esperando que algún día podremos ver la reforma migratoria. Es la solución integral no solo para los 4 o 5 millones que califican para la acción ejecutiva, sino para los 12 millones que viven en Estados Unidos”, indicó.
Mientras se resuelve la demanda, las organizaciones ya comunicaron estrategias. “Le estamos diciendo a la gente que no pierdan la esperanza, que se informen de sus derechos ante la policía y miembros del departamento de inmigración”, dijo a UnivisionNoticias.com Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA). “Y que preparen sus documentos paulatinamente, especialmente aquellos que requieran de esperas largas tal como reportes escolares o pasaportes originales”.
El activista recomendó además que “para los familiares de inmigrantes indocumentados que pueden hacerse (residentes legales permanentes con más de cinco años con green card), apelamos a su responsabilidad hacia su familia para que se naturalicen, se empadronen para votar y que voten en las elecciones presidenciales de 2016. Nada es tan poderoso y efectivo como lo es el voto del inmigrante”.
En Maryland tampoco se quedan de brazos cruzados. “Continuamos con las clínicas informativas sobre la acción ejecutiva porque nuestros miembros y nuestra comunidad así lo solicitan”, dijo a UnivisionNoticias.com Gustavo Torres, de Casa Maryland. El activista agregó que la información sobre el beneficio disminuye el riesgo de fraude migratorio.
Cabrera comparte la opinión de Torres. Dijo que además de preparar a los inmigrantes con la acción ejecutiva ”hay más de 400 mil que todavía no han aplicado a la Acción Diferida de 2012”, y que en las clínicas semanales “se exploran otras vías vigentes”, entre ellas la Visa U y la Visa T, para víctimas de violencia doméstica y tráfico humano, respectivamente.
Otro programa vigente mencionado por CHIRLA es el perdón de la deportación y la licencia de manejar en varios estados.
Del fraude migratorio, una de las mayores preocupaciones, Cabrera dijo que “seguimos diciéndole claro a la comunidad que no existe amparo de la deportación para nadie en este momento que califique para los programas DAPA o DACA de la acción ejecutiva, porque ambos están detenidos por orden judicial”.
“Tampoco califican para una amnistía o asilo en Estados Unidos”, agregó. “Y nadie puede decirles que hay una lista de espera o que existe un Formulario porque no es verdad. La situación de millones es precaria y por eso es que la gente se desespera y le cree a cualquier malhechor con cara de gente buena”, dijo el activista.
Cabrera reiteró que en los talleres informativos asisten abogados que brindan consejo legal autorizado.
Mientras llega la fecha de la audiencia, CHIRLA tiene organizado para el 15 de junio celebrar el tercer aniversario de la Acción Diferida de los Dreamers.
El programa incluye los mismos beneficios que la acción ejecutiva y a la fecha protege a poco más de 600 mil jóvenes indocumentados que ingresaron siendo niños a Estados Unidos de un total de 1.2 millones.
Cabrera también dijo que le están pidiendo al gobierno que, durante esta espera, se cumpla el memorando que regula la política de deportaciones para evitar el rompimiento de familias.
A las preocupaciones de CHIRLA y Casa Maryland se suma America’s Voice. "El retraso en la implementación de las acciones ejecutivas supone que los aproximadamente 5 millones de indocumentados que se beneficiarían se mantienen en el mismo limbo migratorio”, dijo a UnivisionNoticias.com Frank Sharry, director ejecutivo de la organización. “Es en extremo frustrante pensar que estos inmigrantes y sus hijos, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses, seguirán viviendo con la incertidumbre y el temor a una potencial separación familiar por una deportación”.
Sharry agregó que ante la eventualidad de que el gobierno pierda la demanda completa y apele ante la Corte Suprema, “es urgente que, entre otras cosas, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) aplique al pie de la letra el memorando sobre las prioridades de deportación y se centre en verdaderos criminales y no en trabajadores y padres o madres de familia”.
La Casa Blanca aseguró el miércoles de la semana pasada que seguirá adelante con su política de deportaciones aunque enfatizó la vigencia del memorando citado por Sharry y que fue emitido por el DHS el 20 de noviembre, cuando el presidente Obama anunció la acción ejecutiva.
Fuentes cercanas consultadas por NoticiasUnivision.com dijeron que los individuos a ser deportados seguirán siendo aquellos que representen una amenaza a la seguridad nacional, fronteriza o pública.
El memorando identifica como individuos de alta prioridad de deportación a extranjeros involucrados o sospechosos de terrorismo o espionaje; extranjeros detenidos en la frontera o puertos de entrada al tratar de ingresar ilegalmente a Estados Unidos; extranjeros condenados por un delito relacionado con su activa participación en una pandilla criminal, o extranjeros no menores de 16 años que intencionalmente participaran en una pandilla organizada para promover la actividad ilegal de dicho grupo.
Otras prioridades son extranjeros condenados por tres o más delitos menores además de delitos menores de tráfico; extranjeros condenados por un delito menor significativo como violencia doméstica; abuso sexual o explotación; robo; posesión ilegal de armas de fuego; distribución o tráfico de drogas; o conducir mientras se está bajo el efecto del alcohol, explicó dijo Maribel Hastings, asesora ejecutiva de America’s Voice.
Entre los delitos más comunes (y que es considerado como causa de deportación) se encuentra el DIU (manejar bajo la influencia del alcohol o sustancias prohibidas). La Administración apuntó que seguirá utilizando la discreción procesal caso por caso y reiteró su confianza en que al final del día las cortes permitirán la puesta en vigor de la acción ejecutiva.
La acción ejecutiva ampara de la deportación a indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA) que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 y carecen de antecedentes criminales, entre otros requisitos.
También amplía la cobertura de la Acción Diferida de los dreamers del 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2012 y libera el límite de edad que era menos de 31 años al 15 de junio de 2012.
La Casa Blanca ha dicho que la medida es temporal y que la solución definitiva al problema de los indocumentados pasa por la aprobación de una reforma migratoria en el Congreso.
Los estados demandantes de la acción ejecutiva argumentan que el presidente Obama se extralimitó en su poder ejecutivo y que la medida viola la Constitución.
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