Antes de la propuesta de Obama ya NYC había comenzado un plan piloto para probar los dispositivos
Nueva York - El anuncio del lunes del presidente Barack Obama sobre la firma de una orden ejecutiva para mejorar los entrenamientos de las agencias locales de Policía, así como la entrega de nuevos equipos, fue visto por algunos como una victoria para la transparencia, mientras otros cuestionan todavía qué impacto real tendrá el uso de50,000 cámaras corporales en una fuerza policial de 630,000 oficiales a nivel nacional.
Según explicó la Casa Blanca la propuesta es a 3 años con una inversión de $263 millones, de los cuales $75 millones cubrirán el costo de las 50,000 cámaras corporales, una tecnología que ha sido citada como necesaria para registrar la conducta policial especialmente luego de la muerte de Michael Brown, un adolescente afroamericano desarmado que fue baleado mortalmente en agosto en Ferguson, Missouri, por el oficialDarren Wilson.
NYC a la vanguardia
El Comisionado de Policía de Nueva York Bill Bratton anunció este martes que la próxima semana comenzará oficialmente el entrenamiento de oficiales en el uso de las cámaras. En septiembre ya se había presentado el programa piloto con 50 cámaras corporales con un costo total de $60,000 patrocinado por la Police Foundation y no por NYPD o por la Ciudad.
Debido a que el NYPD inició su propio programa antes del proyecto anunciado el lunes por Obama, la Uniformada neoyorquina evitará cualquier monitoreo federal o la intervención de los grupos de libertades civiles sobre cómo usar los dispositivos.
Las cámaras han sido probadas durante los últimos tres meses en cuarteles de cada condado, luego que el juez Scheindlin ordenara que fueran usadas en las comisarias con el más alto número de casos de “Stop and Frisk” o “Detención y Cacheo”. Un promedio de seis cámaras fueron distribuidas en cada uno de los siguientes cuarteles: el 23 en East Harlem en Manhattan, el 40 en el Sur de El Bronx, el 75 en East New York en Brooklyn; el103 en Jamaica en Queens; el 120 en Staten Island y en el Servicio de Policía 2, que patrulla los proyectos de Brooklyn. La participación de los oficiales fue voluntaria.
Durante una conferencia de prensa en septiembre, Bratton mencionó que estaban estudiando cuanto material se podía almacenar y cuándo las grabaciones podrían serlegalmente borradas. Asimismo hizo énfasis en que el costo del almacenamiento sería muy elevado.
Una solicitud de El Diario de información actualizada sobre cómo va el programa piloto de cámaras corporales no fue contestada por NYPD.
Los que están a favor
Los defensores de las reformas a la Policía han dicho que documentar la interacción entre los oficiales y los civiles ayudará a eliminar la discriminación y las alegadas malas conductas. De hecho uno de los programas pilotos más conocidos es el de Rialto, en California, activo entre el 2012 y el 2013, que documentó que en ese primer año de uso de cámaras por parte de policías las quejas contra los uniformados disminuyeron en un88%, y las quejas por fuerza excesiva cayeron en casi un 60%.
"Es claro que las cámaras proveerán un documento objetivo sobre los encuentros entre los oficiales y los civíles. Esta es la forma más efectiva de reforzar la responsabilidad y transparencia de las acciones policiacas", dijo la defensora pública de Nueva York Letitia James.
Y pese a la resistencia de algunos uniformados y de sus representantes sindicales que han calificado las cámaras como “una distracción innecesaria”, los Departamentos de Policía de Chicago, Nueva York, Minneapolis y Washington D.C. ya han empezado a usar los dispositivos o por lo menos han anunciado sus planes de hacerlo.
Los que están en contra
Sin embargo, algunas organizaciones pro reforma de las prácticas policiacas consideran que el asunto no es sólo de los entrenamientos y del equipo de los uniformados. "En principio son muy pocas cámaras para tantos oficiales que creemos que no habrá un impacto real, como está ocurriendo en Nueva York donde se implementaron unas 50 cámaras para miles de oficiales", dijo Robert Gangi, director de PROP, agregando que, "mientras la Policía no cambie su forma agresiva y discriminatoria de aproximarse a la ciudadanía los choques continuarán sucediendo con equipos o sin ellos".
Otros líderes comunitarios también han cuestionado cómo se implementará el programa, qué tanto material será grabado, qué tanto será borrado y cuánto será dado a conocer públicamente. “No importa si la Policía graba porque a la comunidad sólo le van a enseñar lo que a ellos les convenga”, dijo Luis Flórez, activista comunitario de Brooklynquien aseguró que en varias ocasiones ha pedido las grabaciones de las cámaras de seguridad a NYPD para diferentes casos y nunca se las han dejado ver.
El programa de $75 millones de Obama, que todavía requiere ser aprobado por el Congreso, proveerá el 50% de los fondos para los estados y localidades que decidan participar. Según reportó el Departamento de Estado, el costo de las cámaras individuales es de entre $300 y $400, además del costo de mantenimiento y almacenamiento de la información.
El lunes también la Casa Blanca dio a conocer el programa revisado sobre las provisiones de equipo militar a los departamentos de Policía que fue criticado en agosto luego del llamado “comportamiento militar de la Policía en Ferguson”. Un reciente reporte indicó que solo el estado de Nueva York ha recibido $5.7 millones en equipo militar del Gobierno federal.
La administración Obama ha insistido en que se enfocará en mejorar los entrenamientos y la responsabilidad y que firmará una orden ejecutiva adicional para crear un Grupo de Trabajo para la Policía del Siglo 21. El grupo examinará “cómo promover la reducción del crimen efectivamente mientras se construye la confianza pública”, y entregará un reporte con sus hallazgos al presidente Obama en un término de 90 días.
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Un memo del Secretario Jeh Johnson emitido junto con el resto de la acción ejecutiva el pasado 20 de noviembre anuncia que Comunidades Seguras (S-COM), un programa criticado no solo por activistas, sino por líderes policiales, alcaldes y gobernadores, será eliminado y reemplazado por el nuevo “Programa de Prioridades de Deportación”.
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