La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.
Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.
Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.
Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.
Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.
Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.
Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.
Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.
El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.
Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.
Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.
Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.
Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.
Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.
Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.
No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.
Los responsables del descrédito
Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.
La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.
Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.
