El Tribunal Supremo de la India ha anulado una ley sobre la expresión en Internet, el artículo 66-A de la Ley sobre Tecnologías de la Información que había permitido en varias ocasiones encarcelar a ciudadanos por expresarse legítimamente por el espacio virtual.
El Tribunal Supremo resolvió que la ley en cuestión era “inconstitucionalmente imprecisa” y excesivamente amplia y que, “invadía de forma arbitraria, excesiva y desproporcionada el derecho a la libertad de expresión”.
Subrayando la importancia de defender la libertad de expresión como derecho de todo ciudadano, el Tribunal resolvió que el artículo 66-A no constituía una “restricción razonable” basada en los motivos de orden público, difamación, incitación a cometer un delito y decoro o moralidad reconocidos en la Constitución de India.
Este órgano garante también anuló una cláusula de la Ley de la Policía de Kerala por ser inválida constitucionalmente por las mismas razones.
Lo que sí confirmó fue el artículo 79 de la Ley sobre Tecnologías de la Información que habla sobre la responsabilidad de los intermediarios en Internet, introduciendo una segunda salvaguardia para que los proveedores de los servicios de Internet retiren contenidos únicamente por orden judicial o tras una advertencia del gobierno por actos ilegales inminentes. A la par, se confirmaron el artículo 69-A de la misma así como las leyes afines sobre el bloqueo de sitios web.
Por todo esto, el director de Programas de Amnistía Internacional en la India señaló que “la histórica decisión del Tribunal Supremo es una victoria crucial para la libertad de expresión”. Ha enviado un recordatorio para el gobierno sobre la importancia de respetar este derecho.
No obstante, agregó que hay otras leyes como las relativas a la conspiración y al delito de difamación que siguen en los códigos; con lo que la sentencia del Tribunal Supremo debería impulsar al gobierno a derogarlas y a garantizar que cualquier restricción a la libertad de expresión es compatible con las normas internacionales.
Eso sí, recalcó que cualquier restricción a la expresión en Internet debe formularse con precisión y ser necesaria y proporcional a unas metas específicas.
A saber: fue un estudiante de derecho y varios grupos de derechos civiles como blogueros, escritores y activistas los que impugnaron la sección 66-A de la Ley de Información y Tecnología al ver que se producían inusitadas detenciones en todo el país por publicar declaraciones en redes sociales.
Gina Joya
Redacción
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