FLAVIO DARIO ESPINAL
En su edición del 8 de febrero de 2014 la prestigiosa revista británica The Economist publicó un editorial con el sugerente título “Barack Obama, el deportador en jefe” (Barack Obama, the deporter-in-chief), en el cual señalaba que Estados Unidos estaba deportando a una tasa nueve veces mayor que la de veinte años atrás.
Decía también que en la administración de Obama hasta esa fecha se habían deportado casi dos millones de personas, superando por mucho los deportados durante la administración republicana que le antecedió.
Un año y medio después, esta cifra se habrá incrementado exponencialmente, incluyendo la crisis humanitaria de los centenares de niños centroamericanos detenidos en centros de deportación de la frontera. Agregaba The Economist que la “maquinaria de deportación” -término usado por la propia revista- costaba más que todas las áreas de aplicación de la leyes criminales federadas combinadas y que la justificación que daba la administración Obama por esta política era que, de esa manera, aseguraba una reforma migratoria el año siguiente, la cual, obviamente, se desvaneció en medio de las luchas políticas entre demócratas y republicanos. Y las deportaciones continúan con igual intensidad mientras usted, querido lector o lectora, recorre generosamente estos párrafos.
OTROS PAISES
Otros países de la región también han intensificado las deportaciones de extranjeros indocumentados. Las Bahamas se sale con las suyas cada día a pesar de su política draconiana de deportaciones, al igual que lo hacen en masa otros países del Caricom, precisamente contra la población migrante haitiana.
México, a su vez, ha incrementado la deportación de migrantes centroamericanos, seguro presionado por Estados Unidos para frenar la inmigración hacia ese país. En cualquier caso, ninguno de estos países se ha planteado declarar una amnistía y absorber a toda la población migrante indocumentada que se encuentra en sus territorios.
Todos están lidiando con los enormes desafíos que implica la inmigración ilegal; ninguno puede decir que tiene una solución perfecta a esta problemática.
La República Dominicana ha llevado a cabo un proceso de regularización migratoria que ha dado como resultado que algo más de 288 mil inmigrantes indocumentados se hayan inscritos y estén en camino de regularizar su estatus migratorio en el país.
Este es un hecho de la mayor importancia que se ha ignorado deliberadamente en la mayoría, si no todos, los reportajes y artículos que se han publicado en el extranjero sobre esta cuestión en tiempos recientes. República Dominicana también dio respuesta efectiva a los afectados por la sentencia 168-13 al validar legislativamente la documentación que acreditaba como dominicanos a alrededor de 55 mil personas, lo que también habrá de beneficiar a sus descendientes, otro hecho que también es convenientemente ignorado para poder seguir argumentando que República Dominicana deportará de la noche a la mañana a un cuarto de millón de personas “desnacionalizadas”.
En cualquier caso, el hecho es que a la vuelta de un año y medio, tras la puesta en vigencia del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y la aplicación de la Ley 169, la República Dominicana ha efectuado cambios enormes que solo con el paso del tiempo podrá apreciarse lo que esto significará para decenas de miles de personas de origen extranjero, especialmente haitiano, que podrán llevar a cabo su vida en el país en su condición de dominicanos y/o extranjeros regularizados.
EDWIN PARAISON
En este contexto llama enormemente la atención la propuesta hecha por el ex cónsul de Haití en el país y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, en un artículo publicado en el diario electrónico Acento el lunes de esta semana.
En el mismo él señala lo siguiente: “Todos los cálculos y proyecciones apuntan al hecho que absorber la totalidad de los 458,233 inmigrantes, junto a la implementación de medidas de controles fronterizos, surtiría más efectos positivos para la economía dominicana que los daños que causarían las repatriaciones numéricamente elevadas”.
Es decir, partiendo de los números ofrecidos por la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), el ex cónsul propone que la República Dominicana proclame una amnistía y que absorba de manera automática la totalidad de la población inmigrante indocumentada en el país.
NUEVA ESTRATEGIA
Parecería que esta es la nueva estrategia que está emergiendo en determinados círculos de opinión, lo que, irónicamente, viene a validar de alguna manera las posiciones más extremas en nuestro país que han argumentado durante años que el fin de las presiones puestas sobre República Dominicana es que nuestro país cargue con la crisis haitiana y absorba a la totalidad de su población migrante, sin miramiento al impacto económico y social que una medida de este tipo pueda causar.
Ningún plan de regularización migratoria tiene alcance universal. No puede esperarse, entonces, que la regularización migratoria que ha emprendido la República Dominicana alcance la universalidad de la población migrante.
La propuesta del señor Paraison más bien atenta contra las políticas progresistas que se han llevado a cabo, pues le hace el juego a quienes, en el otro extremo, se oponen a las iniciativas que en materia de nacionalidad y regularización migratoria se han llevado a cabo.
El esfuerzo ahora debe estar enfocado en asegurar que a quienes se beneficiaron de la regularización migratoria o sus documentos que los acredita como dominicanos hayan sido validados, se les garantice de que no serán objeto de deportación y que sus documentos serán respetados por el propio Estado que se los otorgó.
Pero los que quedaron fuera del plan de regularización migratoria, ya sea porque no calificaban o porque simplemente no se acogieron a él, están expuestos a la repatriación a sus respectivos países como ocurre en cualquier parte del mundo.
Por supuesto, el reto es que esas repatriaciones se lleven a cabo cumpliendo las normas del debido proceso y respetando los derechos de las personas, es decir, que el Estado cumpla cabalmente su propia legalidad y haga valer, sin privilegios ni discriminaciones, todos los aspectos que definen su régimen migratorio.
