Miles de trabajadores migrantes se enfrentan a la deportación en República Dominicana, el último paso de una serie de acciones por parte del gobierno y que ha turbado las relaciones con sus vecinos haitianos.
“Tampoco nos gusta que 2 mil efectivos militares apoyen a los funcionarios de migración”
Los trabajadores sin papeles en Dominicana tenían hasta el miércoles para registrar su presencia en el país dentro del Plan de Regularización de Extranjeros, con la esperanza de que se les permitiera quedar.
El plan y la ley especial de naturalización, que venció el 1 de febrero, surgieron tras una sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en septiembre de 2013, que establece los parámetros para adquirir la nacionalidad y que causó gran revuelo local e internacional.
ONG consultadas por Efe mostraron su preocupación por que miles de dominicanos de origen haitiano se vean arrastrados en las deportaciones que llevará a cabo el gobierno a partir del jueves.
La investigadora de Amnistía Internacional (AI) para El Caribe, Chiara Liguori, expresó su temor por dicho grupo y lamentó que el gobierno no haya dado ningún tipo de garantías para este colectivo.
Liguori permanecerá dos semanas en suelo dominicano junto a un equipo de AI para dar seguimiento a la situación.
Aunque estaba previsto que entre 55 mil y 60 mil dominicanos de origen haitiano se acogieran a la ley de naturalización, solo 8,775 lograron completar el proceso, por lo que tanto AI como otras organizaciones temen que el resto quede apátrida.
Liguori confía, tal y como ha asegurado el Gobierno, que no se producirá "una cacería" en contra de los indocumentados y espera que en las deportaciones se respeten los derechos humanos.
Al respecto, la directora de programas para el Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy, Angelita Baeyens, destacó que a dicho grupo "no se les ha puesto un mecanismo alternativo. Nadie les ha prestado atención. Son apátridas en toda regla".
Indicó que desde su organización se sigue con "suma preocupación" el fin del plazo "sin que haya habido posibilidad de una prórroga y sin que un grupo significativo se haya acogido".
A su vez, subrayó su preocupación por que se produzcan deportaciones masivas y que en las mismas se deporten a dominicanos o a haitianos que han solicitado la regularización pero están a la espera de que se resuelva su situación.
"Tampoco nos gusta que 2 mil efectivos militares apoyen a los funcionarios de migración. Nos asusta. No son las fuerzas más adecuadas para esto", opinó.
Las repatriaciones que se lleven a cabo al finalizar el plazo para acogerse al Plan se harán entre las 06:00 y las 17:00 hora local excepto domingos y feriados; se grabará cada operativo y representantes de organismos internacionales avalarán su legalidad.
A su vez, se contempla que los miembros de las Fuerzas Armadas que brindarán apoyo en el operativo de repatriaciones no usarán armas letales en el desarrollo de los operativos, por consiguiente queda limitado al uso de macanas y taser.
El ejecutivo dominicano ha dado ordenes de cara a las deportaciones que se actúe con "firmeza" pero que no se "cometan excesos".
Joseph Cherubin, de la Red de Encuentro Dominico Haitiano Jacques Viau, reconoció que las deportaciones "son irreversibles" pero dijo esperar que no se lleven a cabo de manera masiva, sino, de forma individual y respetando los "derechos fundamentales de los inmigrantes".
De acuerdo con Cherubin, entre 250 mil y 270 mil indocumentados se han inscritos en el plan a pesar de que en el país viven más de 500 mil extranjeros irregulares, una cifra que algunos sectores elevan hasta el millón.
Asimismo, cuestionó que miles de haitianos trabajadores de la caña, que el martes se manifestaron delante del Ministerio de Interior y Policía, se queden fuera del plan, a pesar de que cuentan con una pensión del Estado "por sus hasta tres décadas de servicios en el país".
"Muchas de estas personas son haitianas políticamente, pero socialmente son dominicanas porque tienen toda su vida viviendo aquí. No es justo que sean deportadas", apuntó Cherubin.
El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, denunció que los organismos de seguridad del Estado investigan a grupos dominicanos y haitianos que presuntamente estarían tratando de boicotear el Plan Nacional de Regularización.
A su vez, el vicepresidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, dijo que alrededor de la mitad de los haitianos que trabajan en labores agrícolas "ya están regularizados".
©EFE
